Editorial
IFE: debilidad y sospechas
A menos de tres semanas de los comicios, el Instituto Federal Electoral (IFE) pasa por una manifiesta debilidad y ello introduce un grave factor de incertidumbre en el funcionamiento institucional del país.
En cualquier nación donde impere la democracia, la organización que funge como árbitro de las elecciones basa su fuerza principal en la credibilidad y en la imparcialidad; en la nuestra, esa autoridad llega disminuida y desacreditada a la culminación de las campañas políticas.
Diversos factores inciden en esta situación preocupante. El primero fue la componenda bipartidista en la que se decidió la composición del Consejo General de ese organismo: el Revolucionario Institucional y Acción Nacional marginaron de la decisión al Partido de la Revolución Democrática y lograron, de esa forma, un cuerpo electoral marcado por la sospecha. Posteriormente, ha sido el propio instituto el que se encargó de socavar su autoridad al reaccionar con tibieza y complacencia al descarado activismo proselitista de la Presidencia de la República a favor de su candidato, Felipe Calderón Hinojosa.
Por si no bastara, desde abril pasado se dieron a conocer las relaciones contractuales que vinculan al organismo electoral con la empresa Hildebrando SA de CV, propiedad de Diego Zavala Gómez del Campo, cuñado del aspirante presidencial blanquiazul. El señalamiento apunta a una vinculación no necesariamente ilegal como parecen serlo otros aspectos de la relación entre el que se ha denominado cuñado incómodo y el sector público, pero manifiestamente desaseada e ilegítima.
El descrédito del IFE y la sistemática intromisión de Los Pinos en el proceso electoral han constituido un terreno fértil para la aparición de rumores de fraude o distorsión de la voluntad popular y escenarios poselectorales catastróficos que envenenan la vida republicana tanto como el ínfimo nivel intelectual de las campañas y la guerra de lodo entre candidatos y partidos.
Más aún, la debilidad de la institución encargada de organizar y calificar los comicios ha obligado a la negociación de acuerdos, de pactos, de treguas y de convenios de buen comportamiento entre autoridades y entre partidos, documentos que no serían necesarios si se tuviera la certeza de que existe una autoridad electoral decidida a cumplir su encargo a cabalidad, con plena independencia e imparcialidad.
La escasa credibilidad del IFE se ha extendido al padrón electoral, al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y a otros instrumentos del mismo proceso. Por ello hoy, a unos días de los comicios, surge la demanda de auditar los listados de ciudadanos.
Ayer el IFE anunció que sometería a auditorías su propio informe en el que niega un vínculo directo entre las empresas informáticas de Zavala Gómez del Campo y los sistemas del PREP, y de conteo rápido. El anuncio es un buen paso en la dirección correcta, pero no desvanece por completo las dudas sobre la eficacia y la imparcialidad del organismo. Para lograrlo, y si es que aspira a llegar al 2 de julio en una mejor posición, el Instituto Federal Electoral tendrá que exhibir un desempeño impecable de aquí a esa fecha y ejercer su autoridad ante las instancias del poder público que se aferran a realizar promoción indirecta del voto a favor de candidatos que le son cercanos, ante los empresarios que buscan inducir en forma descarada el sentido del sufragio de sus trabajadores, y ante los propios partidos que recurren a las prácticas sucias de la compra de votos. Sería una tragedia que en la culminación de una contienda electoral reñida y crítica para el país, el árbitro no estuviera a la altura.