Usted está aquí: miércoles 14 de junio de 2006 Política Mujeres de Atenco ultrajadas identifican a policías agresores

Aún existen rastros de los abusos, revelan exámenes

Mujeres de Atenco ultrajadas identifican a policías agresores

ALMA E. MUÑOZ

Ampliar la imagen Con un performance frente a la Secretaría de Gobernación, integrantes de Mujeres sin Miedo, encabezados por Ofelia Medina, exigieron justicia en el caso Atenco Foto: Yazmín Ortega Cortés

Al ratificar su denuncia por abuso sexual, tres mujeres de San Salvador Atenco identificaron ayer a varios de sus agresores de entre un grupo de policías del estado de México en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia mexiquense. Además, les practicaron un examen médico donde se constataron los daños físicos que les ocasionaron los ataques que sufrieron el pasado 4 de mayo, durante su detención.

Su representante legal, Luisa Pérez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró en entrevista que estas pruebas son un avance para demostrar que los hechos sí ocurrieron y que se requiere de castigos penales, más que sanciones administrativas, para los elementos involucrados.

Ayer, por primera vez, tres mujeres fueron citadas por la procuraduría del estado de México para reiterar sus acusaciones, luego de un mes de haberse iniciado de oficio la averiguación previa correspondiente, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aportara a la instancia evidencia de lesiones y agresiones contra detenidas en el operativo del 4 de mayo pasado, tras fuertes enfrentamientos entre pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco con elementos policiacos.

Pese a que sus denuncias las ratificaron por escrito, las quejosas hicieron al Ministerio Público algunas aclaraciones al respecto, identificaron a algunos de los policías que las agredieron y también se les extendieron certificados médicos donde se anotó que aún existen vestigios de los abusos sufridos, pero todavía falta demostrar el daño emocional que esto les ocasionó.

Luisa Pérez resaltó que no obstante el avance de ayer, "desconfiamos de la imparcialidad con que pueda actuar esta procuraduría y por eso también estamos denunciando los hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres (de la Procuraduría General de la República)", donde hoy a las 10 de la mañana se presentarán otras dos mujeres, de 14 denunciantes -cinco de ellas aún detenidas-, a ratificar su querella.

Nuestra intención, insistió la abogada, es conseguir que estos delitos se sancionen por la vía penal, porque "no basta una sanción administrativa (como la recientemente aplicada a nueve policías de la entidad). La procuraduría tiene muchos datos que les hicieron llegar tanto la CNDH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la misma Agencia de Seguridad Estatal y elementos policiacos como para poder implicar a quienes participaron en los ataques cometidos en el traslado de detenidos, y que están siendo identificados", advirtió.

Por ello consideró "una simulación" del gobierno de Enrique Peña Nieto destituir a cuatro elementos y suspender a cinco más por 90 días. "Es un intento de dar respuesta a la presión nacional e internacional que se ha desatado, pero para nosotros no es suficiente", subrayó. "Sabemos que más de tres mil policías participaron en el operativo, y sancionar a nueve, de manera administrativa, no se acerca a la naturaleza de los delitos".

Hay elementos suficientes, reiteró Pérez, "pruebas con pleno valor, como las actuaciones de la misma CNDH, en donde hay evidencia de lesiones y agresiones de que las mujeres fueron víctimas, y también los certificados médicos (como los elaborados ayer) dan cuenta de las lesiones".

Indicó que las mujeres que ayer ratificaron su denuncia -de las cuales se guardó el nombre para no exponerlas a cualquier tipo de represalias- no tienen nueva fecha para presentarse ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y "desconocemos si hay más citadas para presentarse a declarar".

Recordó que las tres continúan sujetas a proceso penal por las acusaciones de obstrucción a las vías de comunicación, por lo cual tuvieron que pagar, cada una, una fianza de más de 14 mil pesos para ser liberadas.

 
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