Usted está aquí: domingo 18 de junio de 2006 Opinión El olvido de la tragedia de Pasta de Conchos

Editorial

El olvido de la tragedia de Pasta de Conchos

A cuatro meses de la explosión en la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, las autoridades, tanto estatales como federales, y la empresa propietaria de esa explotación carbonífera, Grupo México, han olvidado ya la tragedia, dejando de lado sus promesas de ayudar a las familias de los 65 mineros fallecidos ahí, quienes desde entonces sobreviven como pueden.

Las organizaciones humanitarias que han apoyado a los familiares de los mineros aseguraron que es evidente la falta de voluntad de las autoridades y de la empresa, pues hasta el momento han dado largas a las investigaciones, para tratar de deslindarse de su responsabilidad en el accidente. Además, para las ONG, la empresa ha actuado con dolo, pues se ha negado a indemnizar a los deudos, a quienes les ha ofrecido dinero pero no un compromiso legal, porque de hacerlo, puntualizaron, "asumiría que sí tiene responsabilidad".

Si bien el lunes 18 la comisión especial de la Cámara de Diputados presentará su informe sobre los hechos, las ONG no esperan nada bueno de esas investigaciones. Y es que no había que buscar mucho para definir a los culpables de esa tragedia. Es un hecho que la empresa incurrió en reiteradas irregularidades en materia de seguridad e higiene en los dos últimos años, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) permitió a dicha compañía operar la mina en tales condiciones.

Por si fuera poco, no hay que olvidarlo, el torpe manejo de la crisis de dicha dependencia provocó dolor extra a los familiares de los mineros accidentados. Ese día, 19 de febrero, el titular de la STPS, Francisco Javier Salazar, tergiversó la información sobre los acontecimientos, alentando entre los familiares de los fallecidos falsas expectativas sobre la posible supervivencia de algunos de ellos, cuando el funcionario conoció desde el principio la magnitud del accidente: la explosión en la mina generó temperaturas de más de 600 grados centígrados y avanzó a una velocidad de 50 kilómetros por segundo, lo que excluía cualquier posibilidad de escapar con vida.

En el contexto de la tragedia, el gobierno de Vicente Fox lanzó una campaña de gran envergadura para desprestigiar y sacar de la jugada al líder de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia, y reconoció a una segunda dirigencia encabezada por Elías Morales. Ante esta intromisión, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana desencadenó una ola de huelgas y protestas laborales en diversas regiones minero-metalúrgicas del país. En respuesta, el gobierno usó la fuerza bruta y, en un fallido intento de desalojo de Sicartsa, en Michoacán, tomada por los trabajadores, provocó la muerte a tiros de dos huelguistas. En el más reciente episodio de este conflicto, que parece no tener fin, el sindicato minero ha amenazado con convocar a una huelga nacional dentro de 10 días si las autoridades no dejan de involucrarse en la vida interna del gremio.

La actuación del gobierno federal en este conflicto ha sido duramente criticada por diversos sectores. La mayor empresa acerera y siderúrgica del país, Altos Hornos de México (AHMSA), acusó al gobierno de Vicente Fox de generar una ofensiva desestabilizadora. Y como muestra, mencionó los nuevos enfrentamientos entre mineros en Coahuila y Guerrero ocurridos el miércoles pasado. Para el corporativo, la STPS "tiene las manos metidas hasta el codo en una estrategia contra el sector minero, de objetivos y alcances muy turbios". AHMSA va más allá y planteó la posibilidad de que se estén malversando fondos públicos para respaldar a los agitadores, quienes tienen como misión extender y profundizar el conflicto en otras empresas y sectores del país.

Las acusaciones de AHMSA son graves y generan preguntas inquietantes, entre ellas, ¿para quién gobierna esta administración? Ante los acontecimientos que han afectado al sector minero en los últimos meses está claro que no para los trabajadores. La incertidumbre de los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, abandonados a su suerte, es una prueba más de ello.

 
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