Editorial
Ley Televisa: descomposición de la Presidencia
Si no resultara trágica para la nación, la descomposición del gobierno foxista podría tomarse en tono de comedia. El ejemplo más reciente de dislocación institucional lo dio ayer el vocero presidencial, Rubén Aguilar, al afirmar que el titular del Ejecutivo federal "nunca conoció" las 55 objeciones planteadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que encabeza Pedro Cerisola, a las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, aprobadas el pasado 31 de marzo por el Senado e impugnadas de inmediato por un grupo de 47 senadores por inconstitucionales. A decir del portavoz, el documento de Cerisola fue turnado a la consejería jurídica de Los Pinos, encabezada por Juan de Dios Castro; estimó que "en el dictamen técnico y legal no había contradicciones jurídicas importantes que justificaran la posibilidad de un veto presidencial", y consideró que no era necesario hacer del conocimiento de su jefe, el presidente Vicente Fox, los cuestionamientos formulados por la SCT a la llamada ley Televisa (por el nombre de la empresa televisora que resulta beneficiaria principal, junto con Tv Azteca, de esas modificaciones legales infames y entreguistas).
Si el desmentidor oficial del Presidente dijera la verdad, sería inevitable extraer de ello conclusiones alarmantes: Fox delega en Castro funciones irrenunciables de la jefatura de Estado, como es el enterarse, al menos, de las opiniones de sus más cercanos colaboradores en este caso, el secretario de Comunicaciones y Transportes sobre asuntos cruciales y estratégicos, como lo es una reforma legal que se traduce en el obsequio al duopolio televisivo de un margen invaluable de soberanía nacional el espectro radioeléctrico; en un inadmisible quebranto a las finanzas nacionales, una distorsión aberrante del mercado de las telecomunicaciones, un atentado a la democracia y a la diversidad cultural del país y un atropello a la libertad de expresión de sectores que no cuentan con un poder económico comparable al de las dos principales empresas de televisión. Para mayor alarma, Aguilar dijo que lo sucedido con el dictamen de Cerisola "es una práctica común" del foxismo: en suma, el titular del Ejecutivo federal no conoce las leyes que promulga ni se toma la molestia de leer la opinión de sus subordinados. Para tales efectos, Juan de Dios Castro, un empleado carente de rango institucional, resulta, si ha de darse crédito a lo dicho por el portavoz, el presidente real del país, en lo que constituye una usurpación, más escandalosa por tolerada, y precedida por una no menos exasperante e irresponsable abdicación de facultades constitucionales.
Pero si Aguilar miente y Fox sí conoció las objeciones del titular de la SCT a la ley Televisa, como lo sostiene el senador Manuel Bartlett Díaz, el panorama no es menos desalentador, porque retrata un ejercicio inescrupuloso, cínico y mendaz de un poder presidencial que privilegia los intereses económicos de los conglomerados empresariales y desdeña los elementos de criterio jurídico, económico y comercial que le aporta su gabinete para la toma de decisiones cruciales y estratégicas para el país.
Una cosa es segura: el gobierno federal no podía desconocer lo que estaba en juego con la aprobación o el veto de las modificaciones legales referidas y, ya fuera por efecto de una indolencia imperdonable o por una motivación consciente del daño que se causaba a la nación, hizo caso omiso de un dictamen de la SCT que recogía, así fuera parcialmente, el clamor generalizado contra la ley Televisa y que aportaba elementos de juicio más que suficientes para devolver al Legislativo, con observaciones, el engendro jurídico. Por una o por otra razón, el presidente Fox, como lo señaló el senador Javier Corral Jurado, se arrodilló ante Televisa y desfiguró su investidura una vez más con una actitud entreguista y gravemente lesiva para los intereses nacionales que se comprometió a defender cuando llegó al cargo. Más temprano que tarde, la nación va a demandárselo.