Implicados, el ex contador mayor de Hacienda, Leopoldo Islas, y 32 altos funcionarios
Sancionarán por corruptelas a ex colaboradores de Canales Clariond
Cobraron indebidamente $9 millones de pesos de un bono por ''productividad y eficiencia''
Los panistas votaron en contra del dictamen y argumentaron que éste tiene fines electorales
Monterrey, NL, 21 de junio. El Congreso de Nuevo León aprobó por 26 votos a favor, 11 en contra del Partido Acción Nacional (PAN) y dos abstenciones del Partido del Trabajo (PT) que se finquen responsabilidades -incluso penales- al ex contador mayor de Hacienda, Leopoldo Isla Santos, y que se inicien procesos administrativos contra 32 altos funcionarios de la administración del ex gobernador panista Fernando Canales Clariond, a quienes se exigirá que reintegren más de 9 millones de pesos que cobraron indebidamente en 2002 una ''gratificación por productividad y eficiencia''.
Servidores públicos de primer, segundo y tercer niveles del gobierno de Canales recibieron autorización del Congreso para cobrar bonos por 18.4 millones de pesos, pero recibieron 27.5 millones. Entre los funcionarios que deberán resarcir el excedente están el actual presidente municipal de San Pedro Garza García, Alejandro Páez Aragón, quien fue secretario de Desarrollo Humano y del Trabajo. Páez recibió un bono anual de 917 mil pesos, cuando el tope era de 579 mil; la ex procuradora Alida Bonifaz Sánchez (hoy notaria), que podía recibir hasta 757 mil pesos, se llevó un millón 259 mil.
En la misma situación se hallan Juan Paura García, ex director administrativo de la Contraloría, y Ramón Naredo Hernández, ex subsecretario de Obras Públicas, que actualmente trabajan en el gobierno de José Natividad González Parás, el primero en la Tesorería como responsable de ingresos y el segundo en la dependencia que lo cobijó durante la administración de Canales Clariond.
El ex secretario de Salud Jesús Zacarías Villarreal recibió un millón 259 mil pesos en bonos, cuando lo máximo que podía obtener eran 755 mil. El titular de Obras Públicas, Oscar Bulnes Valero, obtuvo un millón190 mil pesos cuando el máximo autorizado eran 714 mil.
José Mario Garza Benavides, actual funcionario de Petróleos Mexicanos, le fue dado un millón 102 mil pesos, en lugar de un máximo de 608 mil pesos, cuando era secretario general de Gobierno. El ex secretario de Educación, José Martínez González, ahora notario público, percibió un millón 259 mil pesos, cuando el tope era de 755 mil. En la misma circunstancia está el ex secretario de Finanzas, Rafael Serna Sánchez.
Los demás funcionarios de la administración de Canales Clariond que deberán devolver dinero son Adolfo Quijano Gutiérrez, quien fue subsecretario administrativo; el ex presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Alejandro Torre Martínez; el ex secretario de Desarrollo Económico, Carlos Zambrano Plant; el ex director de la Policía Rural, Claudio Páez Hinojosa; el ex subsecretario de Industria y Comercio, Daniel Chávez Baigt; el ex subsecretario de Desarrollo Municipal, Edelmiro Cantú Sada; el ex titular de la oficina del gobernador, Eduardo Botello Reed; el ex subsecretario de Empleo y Capacitación, Eugenio Hinojosa Lezama; y el ex subsecretario de Ingresos, Fernando Marty Ordónez.
También aparecen María Gabriela Dibb Mercado, ex subsecretaria de Desarrollo Social; Gregorio Canales Ramírez, ex subsecretario de Comercio Internacional, Guillermo Castillo Caballero, ex titular de la oficina de Comunicación; Helios Albalate Olaria, ex subsecretario de Desarrollo Humano; Hernán Villareal Pérez, ex subsecretario de Transporte; Jorge Maldonado Montemayor, ex secretario particular del gobernador, y José Luis Robles y Gayol, ex subprocurador de Justicia.
También se pidió fincar responsabilidades administrativas contra el ex subsecretario de Ecología, Julián de la Garza Castro; la ex subsecretaria de Gobierno, María Emilda Ortiz; el ex subsecretario de Turismo, Omar Mohamed Tamez; el ex secretario de Desarrollo Humano y del Trabajo, Oscar Torre Gómez; Rubén Flores Orozco, ex secretario de la Contraloría; Rubén Salinas Torres, ex subsecretario de Atención Ciudadana, y Sergio Treviño Lozano, ex subsecretario de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación.
Los panistas que votaron contra el dictamen argumentaron que la discusión de las cuentas públicas de 2002 en vísperas de las elecciones del 2 de julio tiene ''claros fines políticos''.