Usted está aquí: jueves 22 de junio de 2006 Política La SIEDO tendrá la última palabra sobre acción penal contra Napoleón Gómez

Recibe Santiago Vasconcelos proyecto para archivar denuncias, trasciende

La SIEDO tendrá la última palabra sobre acción penal contra Napoleón Gómez

Juez de Sonora se declara incompetente para emitir orden de aprehensión contra el dirigente

GUSTAVO CASTILLO Y ALFREDO MENDEZ

Luego que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda concluyera que no existen suficientes elementos de prueba para solicitar órdenes de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Napoleón Gómez Urrutia, la decisión sobre este caso contra el líder minero está en manos del titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos.

En tanto, un juez penal con sede en Sonora se declaró incompetente para resolver las acusaciones por fraude que enfrenta el dirigente y turnó el caso al Poder Judicial del Distrito Federal para que sea un juez de la ciudad de México el que dirima el litigio, revelaron ayer fuentes judiciales.

Esta decisión no cancela una de las dos órdenes de aprehensión que enfrenta Gómez Urrutia, pero sí puede influir para que la otra causa penal abierta en Monterrey, Nuevo León, por fraude, también sea turnada al Distrito Federal.

Aunque el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Daniel Cabeza de Vaca, afirmó que la dependencia no ha cerrado las indagatorias contra Gómez Urrutia, fuentes gubernamentales revelaron que desde ayer se turnó a Santiago Vasconcelos una propuesta de consulta sobre el no ejercicio de la acción penal, que en caso de ser ratificada dará el asunto por concluido.

Como se informó de manera oportuna, los órganos de la SIEDO que estaban a cargo de las investigaciones por lavado de dinero contra el dirigente minero entregaron los informes finales de sus indagatorias, y concluyeron que no se podía ejercitar acción penal contra Gómez Urrutia por lo que respecta a delitos considerados graves.

Así, mientras que las pesquisas realizadas por lavado de dinero, delincuencia organizada y relativas a delitos financieros, en manos de la SIEDO, están por declararse formalmente concluidas y los expedientes enviados al archivo, en la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría en Delitos Federales, se mantiene una averiguación previa abierta contra Gómez Urrutia.

Los funcionarios entrevistados mencionaron que las pruebas obtenidas por la Subprocuraduría de Delitos Federales podrían derivar en una consignación por el delito de fraude y el caso pasaría a manos de un juez del fuero común y no a las de un impartidor de justicia del ámbito federal, como era la pretensión de la PGR.

El abogado Jorge Cepeda, uno de los integrantes del grupo de asesores legales del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) aseguró que únicamente son dos y no seis las órdenes de aprehensión que enfrenta Gómez Urrutia.

Cepeda aclaró que los cargos por fraude en el fuero común implican delito grave, por lo que ninguna suspensión en forma de amparo directo impediría la captura del ex líder minero.

Sin embargo, indicó que ambos requerimientos ya están siendo combatidos jurídicamente por la vía del amparo donde la defensa utiliza como prueba en favor de Gómez Urrutia las resoluciones de los jueces noveno y 15 de distrito, Reynaldo Reyes y Ranulfo Castillo, respectivamente, quienes, al negar dos órdenes de aprehensión a la PGR, al señalar que el dinero de las arcas del sindicato minero puede manejarse de manera discrecional, según convenga a los intereses del gremio.

 
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