Usted está aquí: miércoles 28 de junio de 2006 Capital Acuden vecinos ante la ONU por boom inmobiliario

Piden audiencia a Amerigo Incalcaterra

Acuden vecinos ante la ONU por boom inmobiliario

En la Miguel Hidalgo consideran que desde 2001 han sido violados sus derechos humanos

Demandan frenar construcción de rascacielos

BERTHA TERESA RAMIREZ

Ampliar la imagen Representantes vecinales de la delegación Miguel Hidalgo denunciaron ayer las irregularidades en el uso del suelo en esa demarcación, durante una reunión en Calderón de la Barca 233, en la colonia Polanco Foto: María Luisa Severiano

Vecinos de al menos 22 colonias de la delegación Miguel Hidalgo solicitaron al representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, una cita para informarle sobre la violación sistemática a sus derechos humanos, tras el boom inmobiliario impulsado en esa demarcación desde 2001.

Los vecinos denunciaron que la construcción de cientos de nuevas viviendas en la zona los ha discriminado de los artículos cuarto y 26 constitucionales, así como de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Los artículos establecen que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, así como la participación de los diversos sectores sociales para incorporar las aspiraciones y demandas de la sociedad a los programas de desarrollo, señaló Gloria Arnica Longoria.

No obstante, los vecinos no han sido considerados como lo marcan las leyes a nivel nacional y local en la planeación del desarrollo urbano de la demarcación y se han violentado sus derechos a una vivienda digna, agua y drenaje, medio ambiente, desarrollo sustentable, energía eléctrica, vialidades y estacionamientos, además de que se está atentado en contra de bienes patrimoniales, indicó.

Los empresas inmobiliarias levantan edificaciones de "interés social" que obligarán a la gente de más bajos recursos a vivir en ínfimas condiciones, ya que construyen viviendas con extensiones de hasta 40 o 45 metros cuadrados que no reúnen las condiciones para una vivienda digna, agregó.

El "salvajismo" con el que se construyen estas nuevas casas en la demarcación ha incluido edificaciones que no cumplen las normas de protección civil por localizarse en calles angostas, añadió.

Ante todos estos abusos hemos decidido solicitar a la ONU su intervención, ya que desde hace más de un año y medio hemos pedido a las autoridades correspondientes que se ocupen de las problemáticas sin que hasta ahora lo hayan hecho, indicó.

María Ignacia Morán Martínez, de la colonia Polanco, dijo por otra parte que demandan a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) revisar el programa de desarrollo autorizado en la demarcación, ya que el que está por someterse a votación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal omite varias de las propuestas que hicieron durante las consultas convocadas por dependencia y la delegación para resolver las problemáticas que enfrentan.

Marcela Moreno, de la Nueva Anzures, demandó en lo particular a la Seduvi y a la delegación suprimir del programa el apartado que autoriza la construcción del proyecto Puerta Reforma, que consiste en un rascacielos de 35 pisos en donde anteriormente se encontraba el Consejo Nacional de Turismo, en la calzada Mariano Escobedo número siete, debido a que las autoridades ocultaron que se planeaba la construcción de ese inmueble durante las consultas que realizaron este año para actualizar el Programa de Desarrollo Urbano, agregó.

El predio fue puesto a licitación por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (Cabin) y fue ganado por el empresario Moisés Farca, mencionó Alejandro Alvarez Calderón, presidente de la asociación internacional Campana de la Paz Mundial.

Los representantes vecinales de la colonia Popotla pidieron que se respeten las áreas patrimoniales y que ya no se autoricen más construcciones, lo mismo demandaron los vecinos de las colonias Nueva Granada y Granada, en tanto que los de San Lorenzo Tlaltenango exigieron que se clausuren las instalaciones de una gasera localizada en esa localidad.

 
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