Usted está aquí: miércoles 28 de junio de 2006 Política Que el IFE no sea blandengue en el caso Hildebrando, piden PT y Convergencia

Indagar a fondo la manipulación del padrón, demanda el priísta Mariano Palacios

Que el IFE no sea blandengue en el caso Hildebrando, piden PT y Convergencia

GEORGINA SALDIERNA, JUAN BALBOA Y GABRIEL LEON

Los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia demandaron ayer una investigación a fondo sobre el presunto uso indebido que hace el Partido Acción Nacional (PAN) del padrón, y que el Instituto Federal Electoral (IFE) actúe con mayor firmeza y no de manera ''blandengue'' ante la denuncia que se ha hecho al respecto.

Por su parte, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mariano Palacios, dijo que es indispensable que se aclare con toda precisión la manipulación que el PAN o particulares vinculados con Felipe Calderón han hecho del listado de electores, pues ello configura un delito.

A su vez, el diputado del PT Amadeo Espinoza consideró que hay evidencias suficientes de que el blanquiazul y su candidato presidencial están haciendo uso indebido de dicho instrumento. En apoyo a esta postura, Convergencia dijo que si se comprueba que Acción Nacional ha utilizado el padrón de manera ilegal el IFE debe aplicar todo el rigor de la ley.

El martes pasado, la periodista Carmen Aristegui denunció que el PAN realizó -con base en el padrón- su propio mapa de georreferencia para identificar a ciudadanos por nombre, apellido, dirección y hasta preferencia electoral, con el fin de utilizarlo en su campaña. Tal operación se pudo descubrir al ingresar a la página de Internet de las Redes por México, de Calderón, con el usuario hildebrando 117 y la contraseña ''captura''. De acuerdo con la legislación electoral, los partidos sólo pueden utilizar el padrón para revisarlo. Cualquier otro uso constituye un delito.

Mientras, en el PAN se guardó silencio sobre este tema y además se pretende hacer creer que el caso del cuñado incómodo del candidato presidencial, Diego Zavala, es expediente cerrado y aclarado.

''No caeremos en las provocaciones del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Con mentiras no ganarán la Presidencia de la República'', aseguró la dirigencia nacional que preside Manuel Espino, cuando se le solicitó una entrevista sobre el eventual uso ilegal del padrón. Inclusive anunció que el tema no formará parte de la agenda político-electoral y de paso advirtió a los periodistas que "no esperen ningún comentario sobre las empresas de Diego Zavala''.

En la casa de campaña de Calderón ninguno de los coordinadores quiso opinar sobre el mapa de georreferencia, para identificar a los ciudadanos con miras a las elecciones del próximo domingo.

Mientras, en San Lázaro, Víctor Suárez, directivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable, de la Cámara de Diputados, dijo que las denuncias públicas por la evasión de impuestos de la empresa de Zavala son parte de los ''ejemplos más patéticos'' del tráfico de influencias y de la vinculación de los poderes públicos en los negocios, basados en el uso ilegal de recursos y no en la innovación y la capacidad empresarial para enfrentar sus obligaciones fiscales y obrero-patronales.

El legislador lamentó que con la llegada del llamado gobierno del cambio se haya mantenido la continuidad de siete décadas de protección, exculpación y exoneración instantánea de las autoridades federales a las grandes empresas.

En el campo y otros sectores productivos -denunció el también integrante de las comisiones legislativas de Agricultura, Presupuesto y Cuenta Pública y de Economía- frecuentemente los pequeños y medianos empresarios son asediados por las cargas fiscales de Hacienda y los embargos que emprende el Seguro Social cuando se llegan a retrasar un par de meses en sus obligaciones.

Sin embargo, tratándose de grandes empresas con influencias dentro del poder federal (como Hildebrando), no se aplica el mismo rigor legal a sus evasiones y no son sujetas a auditorías, aun cuando por años dejan de pagar impuestos. Por el contrario, se hacen acreedoras a medidas de protección, exculpación y exoneración, y públicamente presumen de tener plantas laborales de miles de trabajadores.

 
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