Usted está aquí: jueves 29 de junio de 2006 Política Exigen castigo a los responsables de la matanza en Aguas Blancas, Guerrero

Se cumplieron 11 años de la emboscada a campesinos por la policía estatal

Exigen castigo a los responsables de la matanza en Aguas Blancas, Guerrero

Organizaciones civiles y campesinas marcharon en demanda de justicia

MISAEL HABANA Y SERGIO OCAMPO CORRESPONSALES

Acapulco, Gro., 28 de junio. Aproximadamente mil personas marcharon desde la población de Aguas Blancas hasta el vado donde el 28 de junio de 1995 la Policía Motorizada emboscó y asesinó a 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), cuando se dirigían a un mitin en Chilpancingo.

Los campesinos salieron en dos grupos que exigieron castigo para los autores intelectuales y materiales del crimen.

El primer contingente, de más de 200 personas, marchó desde Coyuca de Benítez hacia el vado, unos 10 kilómetros, encabezados por Benigno Guzmán, fundador de la OCSS; el otro, más numeroso, estaba conformada por miembros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, al que pertenece la OCSS que lideran Hilario, Norma y Rocío Mesino.

En el contingente que representa Benigno Guzmán estuvo presente la ex presa política Erika Zamora, y el líder de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos, Arturo Campos.

En el grupo donde participaron los Mesino marcharon representantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota. Después del mitin los contingentes se retiraron.

En Chilpancingo, Félix García Navarrete, abogado de familiares de campesinos muertos y sobrevivientes de la matanza, comentó que a 11 años de aquel hecho, ni el gobierno estatal ni el federal han hecho justicia a los deudos de los campesinos acribillados.

El abogado, integrante Frente de Organizaciones Democráticas del estado de Guerrero, una de las organizaciones sociales más influyentes en la entidad, lamentó que no obstante el tiempo que ha pasado, sus representados purguen condenas de manera irregular, mientras los autores materiales e intelectuales están en libertad.

Exigió al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo que cumpla con su compromiso de campaña, en el sentido de que atendería a los familiares de los campesinos masacrados; "a algunos sobrevivientes se les imputaron delitos a raíz de su participación en expresiones de carácter político; lejos de recibir la atención del estado por los agravios cometidos son mantenidos en prisión de manera injusta".

En cambio, agregó, los autores intelectuales de la matanza "se encuentran libres, toman parte del rejuego político e influyen en la vida económica del estado, como es el caso del senador y ahora candidato del PRI a la diputación, Héctor Vicario Castrejón, de quien se dice sobrevoló en helicóptero la zona de la masacre ese 28 de junio; en el mismo caso está el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, a quien nunca se llamó a comparecer", pese a que desde su perspectiva había elementos de peso para proceder en su contra.

García Navarrete denunció, además, que la mayoría de los funcionarios que en 1995 estuvieron al frente de los mandos policiacos jamás fueron requeridos por la justicia: "el ex director de la policía del estado, Gustavo Olea Godoy, y el ex comandante de la corporación, Rosendo Armijo de los Santos, quien estuvo cerca del operativo de la Policía Motorizada, siguen como si nada hubiera pasado; inclusive hace menos de un año recuperó su libertad el ex director de Gobernación estatal, Esteban Mendoza Ramos, quien también estuvo en el vado en la refriega; otro que salió de prisión hace algunos años fue el subprocurador de justicia Rodolfo Sotomayor Espino, quien a los pocos días perdió la vida en un accidente carretero".

 
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