Compra del voto y llamados de religiosos y empresarios a sufragar por AN, entre ellas

Sí hubo irregularidades en diversos estados, señalan organizaciones civiles

Observadores de Naciones Unidas, en alerta "para evitar situación de ingobernabilidad"

VICTOR BALLINAS Y ALMA E. MUÑOZ

Con una serie de irregularidades detectadas por organizaciones civiles cerró ayer la jornada electoral.

Fueron mínimas en comparación con otros procesos; sin embargo, como se había anticipado, prevalecieron la compra y coacción del voto mediante los programas sociales, la injerencia de ministros de culto y empresarios en favor del Partido Acción Nacional (PAN) y su candidato a la Presidencia, Felipe Calderón, y el activismo partidista de dos gobernadores y un sinnúmero de ediles.

Con base en datos directos de unos 7 mil observadores nacionales y extranjeros desplegados en prácticamente todo el país, Alianza Cívica, la Coparmex, las fundaciones Nuevo Milenio y Movimiento por la Certidumbre, Incide Social y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos dieron a conocer las presuntas ilegalidades, que buscarán documentar para presentar las denuncias correspondientes. Sobre todo, señalaron, el proselitismo de sacerdotes, que a lo largo del día los observadores estuvieron documentando.

Alianza Cívica informó que en Monterrey, Nuevo León, el sacerdote José Isabel Hernández Torres, de la parroquia de San Marcos, ubicada en una unidad habitacional, durante su homilía pidió apoyo para el PAN y su candidato a la Presidencia de la República. Además permitió que se repartieran volantes con las propuestas de gobierno de dicho abanderado.

Pese a no presentar pruebas, el Movimiento por la Certidumbre (Moce) denunció un abierto proselitismo de religiosos en varios estados, principalmente católicos. Aseguró que en la iglesia de San Felipe, en Michoacán, un obispo -de quien no dio su nombre- también se pronunció por Calderón Hinojosa al inducir a los feligreses a optar "por la relección y quienes promueven la moral y el bien común".

Situaciones similares, sostuvo, se registraron en Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco, donde se llamó a la comunidad a votar "por candidatos afines a los principios católicos. El Moce considera que eso es una intervención arbitraria en los procesos electorales, lo cual está prohibido por la ley". Afirma que presentarán denuncias ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra de las diócesis y arquidiócesis responsables de los templos en los que ocurrieron los presuntos ilícitos.

La dirigencia de Alianza Cívica, representada por Silvia Alonso y Rafael Reygadas, destacó que sus pronósticos de lo que iba a suceder en la jornada electoral no fallaron. Detectaron el uso de recursos públicos para la compra y coacción del voto, mediante programas sociales y a cambio de alimentos, fundamentalmente en Aguascalientes, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca. Resaltaron que se instalaron "casas amigas" de todos los partidos políticos en 4.52 por ciento de las casillas que fueron observadas.

En su primer informe presentaron un panorama sobre cómo se desarrolló el proceso. Enfatizaron que en ocho estados -Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Yucatán- se continuó con la entrega de obras públicas y de recursos a beneficiaros de distintos planes oficiales, como el Programa de Piso Firme -de la Secretaría de Desarrollo Social-, y otro tipo de ayudas, entre éstas fertilizantes, refrescos y tanques de almacenamiento de agua.

A los gobernadores priístas de Hidalgo, Miguel Angel Osorio Chong, y de Colima, Silverio Cavazos, los acusaron de realizar dichas prácticas hasta el sábado en la tarde. A los ediles de Saltillo, Coahuila; Hopelchen y Maxcanu, Campeche; Muna, Yucatán, y Morelia, Michoacán, también los señalaron como autores de ese tipo de irregularidades.

Por otro lado, denunciaron que en Nuevo León los empresarios ejercieron presión sobre sus trabajadores para, al igual que en la firma Coppel, inducirlos a votar por el PAN y para que no aceptaran ser funcionarios de casillas, situación que, expresaron los de Alianza Cívica, se repitió en Guanajuato.

Señalaron al PRI como impulsor, en el municipio de Calakmul, Campeche, de una actividad denominada "mareas" (ciudadanos portando camisetas rojas) para recolectar credenciales de elector y presionar para que se sufragara por los abanderados priístas.

Expusieron, asimismo, que entre la serie de irregularidades en el proceso se registró un alto porcentaje de sustitución de funcionarios de casillas a última hora en Yucatán, Campeche y Nayarit, "lo cual resulta sospechoso si tomamos en cuenta que esos funcionarios fueron designados desde hace tiempo".

Mientras tanto, la delegación de la Unión Europea (UE), integrada por 100 observadores, destacó que el proceso electoral se efectuó con transparencia absoluta y dijo que el IFE es confiable, tiene competencia técnica suficiente y goza de una credibilidad superior a la de sus similares de otros países, como Perú y Colombia.

Tras reconocer que dichas irregularidades no afectan el proceso, por la noche un grupo de personalidades convocadas por organizaciones sociales financiadas por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la observación electoral instaló un "cuarto de paz" para "evitar que se desencadene una situación de ingobernabilidad en el país", ante lo cerrado de la votación entre los candidatos del PRD y del PAN, o ante la eventualidad de que alguno impugne el resultado.

Entre los integrantes destacan el premio nobel Mario Molina, Gilberto Rincón Gallardo, Julieta Fierro, Diego Valadés y Pablo Cuarón, entre otros.