Católicas por el Derecho a Decidir
La libertad de conciencia en la coyuntura electoral

La separación entre el Estado y las iglesias es un logro indudable en el difícil camino democrático de nuestro país, así como herencia de una generación de mexicanos que se fue haciendo en medio de cuartelazos, guerras civiles e intervenciones extranjeras. Indudablemente quienes impulsaron la Reforma, como Benito Juárez, dejaron una huella honda en el corazón de nuestro país.

Juárez, como muchas personas de su época, era un creyente católico que no aceptaba los privilegios y las riquezas del alto clero, contrarios al Evangelio y obstáculos para la igualdad de las y los ciudadanos y el bienestar del país.

Desde nuestra convicción republicana, nos asumimos como herederas y herederos de la generación de la Reforma y de Benito Juárez. Éstos nos legaron su responsabilidad y su servicio; su confianza en el pueblo; su lucha por separar lo religioso y lo político para evitar injusticias; su empeño para constituirnos en un país independiente, y sus esfuerzos por mejorar nuestras relaciones fundados en el respeto, la ley, la igualdad y la paz.

Estamos de acuerdo con la separación entre las Iglesias y el Estado; algunos documentos de nuestra Iglesia, entre ellos el Concilio Vaticano II, el Código de Derecho Canónico y la primera encíclica del papa Benedicto XVI, así como muchísimas católicas y católicos, aprobamos la separación entre las Iglesias y el Estado. Reconocemos que esta división es sana porque ayuda a distinguir lo religioso de lo político.

Unas tareas son la misión y la competencia de la Iglesia y otras las del gobierno y las de los partidos políticos (Gaudium et spes 76). La Iglesia no sustituye al Estado ni pertenece a ningún partido político (Encíclica Deus caritas est, 28 a y 31 b). (Cfr. Código de Derecho Canónico, Canon 287 No. 2).
En materia religiosa se debe respetar la libertad de conciencia (Dignitatis humanae 2). Debe evitarse que la igualdad jurídica de la ciudadanía sea lesionada por motivos religiosos; el poder público no puede imponer ni impedir opciones religiosas (Dignitatis humanae 6). La sociedad debe protegerse contra los abusos cuyo pretexto sea la libertad religiosa (Dignitatis humanae 7).

Los y las católicas pensamos que la separación entre las iglesias y el Estado ayuda a nuestra Iglesia Católica a: Colaborar con la paz social. Reconocer que hay otras Iglesias y que ninguna está por encima de las demás, todas son iguales y valiosas ante la ley y ante Dios. Dejar de intervenir en asuntos de Estado y en políticas públicas dirigidas a toda la población. Reconocer que sus miembros, como creyentes y ciudadanos, tomamos diferentes decisiones morales, sexuales, reproductivas, políticas y partidarias, y que ellas no nos alejan de nuestros derechos ni de Dios.

Estar vigilantes para que nuestra jerarquía no se desvíe de su misión eclesial, no traicione el Evangelio alejándose de la vida concreta de la comunidad de fe ni establezca compromisos políticos con ningún gobierno, candidato o partido político. Vivir la democracia que pedimos a otros mediante el respeto de los derechos de la feligresía, el incremento de su participación real en la toma de decisiones –como la elección de nuestros obispos –, la rendición de cuentas de la autoridad, el reconocimiento de la libertad de conciencia y de expresión, por ejemplo.

En estas elecciones hicimos un llamado a nuestra Iglesia a respetar las leyes en materias electoral y religiosa, y en especial a la mayoría de nuestros obispos para que vivan sus palabras.

Este Artículo fue elaborado con información del número 8 de la Hoja Dominical Informativa libertad de Conciencia del Observatorio Eclesial y Católicas por el Derecho a Decidir.