Bolivia: el deseado empate técnico
Las recientes elecciones para la Asamblea Constituyente representan el fin de la transición política en Bolivia. El cuadro que surge, pese al sólido triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales, se parece mucho más a un empate que a la contundente victoria electoral de diciembre de 2005. Al no obtener el MAS los dos tercios de la Asamblea, la derrotada derecha cuenta con la posibilidad de vetar la refundación del país, objetivo por el que lucharon miles y murieron cientos de bolivianos en las calles durante cinco años, limitando el proyecto de cambios apenas a una reforma de la Constitución.
Es cierto, como señaló Evo, que desde varios puntos de vista las elecciones del domingo 2 de julio representan un importante triunfo para su gobierno. Consolidan la mayoría social que había obtenido en las elecciones presidenciales de diciembre pasado, pasando de 54 por ciento a cerca de 60 por ciento de los votos. Gana la mayoría absoluta en la Asamblea Constituyente con 134 de los 255 asambleístas. Y consigue que no se apruebe el proyecto autonómico que enarbolaba la derecha separatista con base en la región oriental (en particular en Santa Curz y Tarija), donde residen los recursos hidrocarburíferos bolivianos. En estos departamentos estratégicos, el MAS avanzó y está en condiciones de disputarle la mayoría a la derecha.
Por contradictorio que parezca, las elecciones a la Constituyente se convirtieron en una muestra de las dificultades para impulsar cambios de fondo. Los límites vienen de la mano de la ley que convocó la Asamblea, y afectan tanto la posibilidad de modificar el andamiaje institucional como los cambios en la cultura política hegemónica, anclada en la representación a través de los partidos políticos. El artículo 25 de la ley establece que para poder aprobar nuevos artículos en la Constitución se requieren dos tercios de los constituyentes. El MAS está muy lejos de los 170 votos necesarios y con sólo 134 electos deberá realizar importantes concesiones a la derecha. El resultado más probable son algunos cambios menores mientras lo decisivo permanecerá igual.
En segundo lugar, la forma como fue convocada la Constituyente consolidó el sistema de partidos. La Ley de Convocatoria de la Constituyente sólo admitió la presentación de candidatos por partidos o agrupaciones formales, y puso dificultades para la participación directa de los movimientos y los pueblos originarios, que sólo pudieron hacerlo a través del MAS, lo cual pone en cuestión su autonomía.
A juzgar por otras experiencias recientes en América Latina, en particular el proceso constituyente ecuatoriano de los 90, los resultados serán mediocres y estarán muy lejos de la pregonada "refundación" de Bolivia. Por penoso que resulte, debe reconocerse que una demanda nacida de los movimientos, defendida al calor de levantamientos masivos desde la "guerra del agua" del año 2000 en Cochabamba, quedará atrapada en los vericuetos de una burocracia estatal que tiende a consolidarse. El que la maquinaria estatal colonial quede cubierta de ponchos y polleras no modifica de modo sustancial los hábitos y modos de su funcionamiento.
Pero la nueva coyuntura -una coyuntura dominada por los límites que encuentran los cambios- no ha caído del cielo. Fue una construcción política e ideológica impulsada por una lectura de la realidad que hablaba de un "empate catastrófico", luego de un ciclo de luchas de cinco años (2000-2005) que desarticuló el proyecto neoliberal en Bolivia y a las fuerzas políticas que lo encabezaron.
Intelectuales y políticos, entre ellos el vicepresidente Alvaro García Linera, se afiliaron a la tesis gramsciana y la utilizaron como coartada para señalar que la única salida era la electoral.
¿Qué lectura de la realidad es ésa que hace hincapié en un "empate catastrófico"? ¿Desde qué lugar se mira la realidad para llegar a esa conclusión? El propio concepto alude a una situación trabada, inmóvil, e implica una mirada desde arriba. Sin embargo, no es esa la realidad que ofrece Bolivia desde comienzos de 2000, cuando las masivas movilizaciones que fueron bautizadas como "guerra del agua" (abril de 2000) y "guerra del gas" (setiembre-octubre de 2003 y mayo-junio de 2005) enseñaron de qué manera puede modificarse una relación de fuerzas. Fue durante esas jornadas que se nacionalizaron los hidrocarburos, porque el decreto firmado el 1º de mayo por Evo Morales no hizo más que sancionar legalmente algo que se había ganado en la calle.
Los cinco impresionantes años que pusieron al movimiento popular boliviano en el centro del escenario político nacieron en un momento de triunfo del modelo neoliberal y de profunda defensiva y dispersión de los movimientos. A mediados de 2005, éstos habían conseguido desarticular todas las estrategias de las elites e iban por más. A partir de ese momento, la tentación del poder estatal -que ya había causado estragos durante el gobierno de Carlos Mesa, dividiendo a los movimientos- impuso una nueva agenda. Para la justificación de ese viraje, la tesis del "empate catastrófico" venía como anillo al dedo. El momento insurreccional dio paso al momento institucional. Y con ello, a la desmovilización se sumaron pactos con la derecha que se resumen en la ley de convocatoria a la Constituyente que, en los hechos, le otorga poder de veto a la derecha. Ironías de la vida: el poder de veto que habían usado aymaras y quechuas para bloquear los proyectos del poder, pasa ahora a manos de sus enemigos.
El vicepresidente Alvaro García Linera suena demasiado optimista al señalar que "la Asamblea Constituyente va a resolver fracturas, tensiones y divisiones heredadas", y que la nueva Constitución resolverá las divisiones coloniales heredadas de hace 500 años. Al parecer, sólo un nuevo ciclo de luchas como el recientemente concluido, puede destrabar este empate construido como atajo para alcanzar el poder estatal.