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Hay que esperar a que dictamine el tribunal, dice

El proceso, aún inconcluso, reconoce Standard & Poor's

"Esperamos que la transición de diciembre sea ordenada"

ISRAEL RODRIGUEZ J.

La firma financiera internacional Standard & Poor's prevé que la solución de la impugnación -interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática- tomará algún tiempo, aunque confió en que estos desafíos -y las decisiones de las autoridades- se resuelvan mediante canales institucionales legítimos.

Subrayó que las instituciones políticas de México se están poniendo a prueba bajo nuevas circunstancias. Sin embargo, "esperamos que la transición de diciembre de 2006 hacia un nuevo gobierno ocurrirá de manera ordenada".

En un artículo difundido este lunes, titulado "Preguntas frecuentes: México después de las elecciones", la calificadora de valores reconoció que es incierto cómo procederá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual podría revisar demandas de irregularidades específicas en las votaciones, o bien hacer un análisis más exhaustivo del proceso.

En el artículo, que revisa los resultados de los comicios y examina sus posibles implicaciones para las calificaciones de riesgo soberano del país, Standard & Poor's admite que el resentimiento derivado del proceso electoral dificultará el alcance de acuerdos sobre políticas económicas.

Sin embargo, "a pesar de la percepción de transparencia, una agencia calificadora no puede juzgar los resultados de la elección. En vista de las reglas que rigen las elecciones en México, deberemos esperar la resolución del TEPJF".

Añadió que el proceso y los cerrados resultados de la elección muestran que México es ahora más plural y está más dividido que antes. Advierte que el desafío para el siguiente gobierno, así como para el liderazgo político del país en los partidos y en los niveles central y estatal, es desarrollar un consenso político suficientemente fuerte para concretar su agenda.

El reporte difundido ayer indicó que es demasiado pronto para predecir con certeza si los siguientes seis años generarán más reformas y la aprobación de más leyes que las logradas en el último sexenio.

Señaló que el nuevo Congreso enfrentará mayor presión pública para trabajar con el presidente y aprobar leyes que se ocupen de estos desafíos. Además, los resultados (que muestran que ningún partido obtuvo siquiera 40 por ciento de la votación) dejan claro que los líderes de los partidos deberán comprometerse para que México avance.

Sin embargo, en el lado negativo, es claro que no hay consenso sobre políticas macroeconómicas que afectan las perspectivas de crecimiento de largo plazo. Los dos principales partidos -PAN y PRD- están en desacuerdo sobre los detalles de la política energética, la estrategia de la reforma fiscal, las enmiendas a la legislación laboral "para eliminar su rigidez" y la reforma de pensiones del sector público.

Al señalar los factores que podrían afectar las calificaciones del riesgo soberano de México, alertó sobre la falta de avance en una reforma macroeconómica en los años siguientes, que podría traducirse en un crecimiento más lento del producto interno bruto y, por consiguiente, en más presiones sobre las finanzas gubernamentales, sobre todo cuando los muy elevados precios actuales del petróleo empiecen a bajar.

Eso, aunado a las necesidades de un creciente gasto para las pensiones del sector público y para el otorgamiento de más servicios sociales, podría revertir la mejora del perfil financiero del gobierno lograda en los últimos años y debilitar su calidad crediticia. "Un posible debilitamiento de sus instituciones independientes podría retrasar la evolución democrática de México, dañando también su calidad crediticia".

 
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