Usted está aquí: miércoles 12 de julio de 2006 Capital Exige el Consejo de Participación Indígena la libertad de una mazahua

La detención de Magdalena García, "arbitraria y violatoria de sus derechos humanos"

Exige el Consejo de Participación Indígena la libertad de una mazahua

Fue aprehendida por autoridades federales durante los hechos de San Salvador Atenco

Ampliar la imagen Mujeres mazahuas y otomíes protestaron ayer frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la libertad de Magdalena García Durán, detenida durante el operativo policiaco en Atenco Foto: María Meléndrez Parada

El Consejo de Consulta y Participación Indígena en el Distrito Federal (CCPIDF) exigió a los gobiernos federal, del estado de México y del municipio de Texcoco, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la libertad inmediata de Magdalena García Durán, indígena mazahua radicada en la ciudad de México, detenida la madrugada del pasado 4 de mayo cuando se dirigía al pueblo de San Salvador Atenco.

El CCPIDF, órgano integrado por representantes de pueblos originarios, comunidades y organizaciones provenientes de diversas regiones del país, así como por académicos y miembros de organizaciones civiles, señaló en un comunicado difundido por el gobierno capitalino que la detención de García Durán fue arbitraria y en franca violación a sus derechos humanos, pues no había motivo alguno para que se le privara de la libertad.

Ante ello, dicho consejo exige la inmediata libertad de Magdalena García. En el comunicado se informa que en su más reciente sesión, el CCPIDF acordó demandar a las autoridades mencionadas el cumplimiento de los puntos siguientes: "que se respete el estado de derecho, comenzando por el irrestricto apego a las garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos".

Demandan privilegiar el diálogo

Exigen también que se privilegie el diálogo, como la única forma de resolución de los problemas surgidos entre el gobierno y la sociedad, y que la fuerza pública, el ejercicio de la acción penal y la prisión preventiva no sean utilizados como un medio de represión para silenciar las voces de quienes se manifiestan de manera pacífica o simpatizan con alguna causa que consideran justa, aun en contra de los intereses del gobierno.

Como último punto, demandan que, "como garantes de los derechos fundamentales de los gobernados, agoten los causes necesarios para poner en inmediata libertad a Magdalena García Durán", a quien le fueron violadas sus garantías fundamentales "al momento de su ilegal detención por la policía".

Además, el consejo exigió al gobierno del estado de México que "cumpla con sus obligaciones con los pueblos indígenas, y reconozca sus derechos colectivos, así como que los distintos poderes y niveles de gobierno actúen a la altura de los desafíos que plantea la construcción de una democracia que garantice la diversidad cultural y la paz social".

En su comunicado, el Gobierno del Distrito Federal informó que el Consejo de Consulta y Participación Indígena del DF es presidido por la Secretaría de Desarrollo Social, y su secretario técnico es el director de Equidad y Desarrollo Social, Pablo Yáñez Rizo.

Bertha Teresa Ramírez

 
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