Niega el gremio que se haya encontrado parte del fideicomiso en paraísos fiscales

La PGJDF catea, sin éxito, la sede del sindicato minero; iban tras el tesorero

Asegura Damián Canales que la orden de aprehensión no era contra Gómez Urrutia

Afirma que la acción judicial se realizó con total limpieza y sin violencia

CAROLINA GOMEZ MENA

En cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez en contra de uno de los dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), 120 elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) catearon ayer las oficinas centrales del citado gremio.

El operativo, que duró aproximadamente dos horas, se realizó con "total limpieza y normalidad; no hubo violencia", aseguró Damián Canales Mena, jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal, quien precisó que esta acción se llevó a cabo "sin que se lograra cumplimentar la orden de aprehensión", y rechazó que se buscara a Napoleón Gómez Urrutia, líder nacional del gremio.

A las 19 horas, los uniformados llegaron a las oficinas del sindicato, situadas en la colonia Narvarte, y sin necesidad de forzar la puerta de entrada ingresaron al inmueble en donde permanecieron una hora, para luego trasladarse al hotel, propiedad del gremio, el cual se encuentra a espaldas de la sede sindical, en la calle Monte Albán 71. Allí, los agentes permanecieron también casi una hora.

Al concluir el cateo, Canales Mena sólo se limitó a decir que éste se realizaba por orden de un juez, pero se negó a proporcionar el nombre del juzgador, así como del integrante de la dirigencia del sindicato minero a quien se buscaba, y que no se encontró en ninguno de los dos inmuebles.

No obstante, trascendió que fue en virtud de una de las órdenes de aprehensión que libró el jueves pasado el juez 32 de lo penal del fuero común del Distrito Federal, Jesús Ubando López, que se realizó la acción, y que la persona buscada era Héctor Félix Estrella, tesorero del sindicato.

El mando policiaco indicó que, pese a que se hizo una revisión exhaustiva de los dos inmuebles, de cinco plantas cada uno, "no se pudo cumplimentar la orden de aprehensión", y detalló que tampoco se aseguraron documentos ni armas, porque la orden del juzgador era muy precisa: sólo se buscaba a uno de los integrantes del comité ejecutivo.

"Teníamos que cumplimentar un mandamiento judicial; el juez fue preciso en que no se podía ni siquiera asegurar armas u objetos distintos de los que se buscaba; pero la orden de aprehensión no era contra Gómez Urrutia."

Destacó que en el operativo "no hubo necesidad de uso de la fuerza ni de ruptura de cerraduras", porque la guardia de mineros que permanece en las instalaciones no opuso resistencia al ingreso de los elementos. "A los encargados del inmueble se les explicó el objetivo de nuestra presencia, y que de todos modos la cumpliríamos; el operativo se llevó a cabo con limpieza y normalidad, a diferencia de otros, que se desbordan; fue totalmente limpio, pero sin el resultado que esperábamos, aunque no un fue un fracaso".

Entre porras de los mineros presentes, en las que se apoyaba a Gómez Urrutia, Canales refirió que en el lugar estuvieron presentes los representantes legales del gremio y que la instrucción que recibieron de sus mandos superiores fue "actuar con eficacia y firmeza, pero con responsabilidad y sin cometer abusos o excesos".

En cuanto a la afirmación del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Francisco Salazar Sáenz, respecto de que 35 millones de dólares que formaban parte del fideicomiso minero se encuentran en los llamados paraísos fiscales de las islas Caimán y Jeffrey, en entrevista aparte y previa al cateo, Carlos Pavón Campos, secretario de asuntos políticos del gremio, calificó ese comentario como ''una gran mentira".

Abundó que la STPS sabe que más de "25 millones de dólares están congelados en cuentas del sindicato por orden de las autoridades federales", y desafió a Salazar Sáenz a corroborar con documentos sus dichos.