Editorial
Irak: costos políticos y beneficios económicos
En la guerra en Irak, Estados Unidos ha perdido todo rastro de vergüenza: su poderío militar se encuentra cada vez más en entredicho debido a su incapacidad de conseguir la paz en ese país, a sus controversiales medidas carcelarias y a los constantes crímenes de guerra perpetrados por sus soldados. Sin embargo, estas violaciones a los derechos humanos, a la Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra y la amenaza de un conflicto civil de grandes dimensiones entre iraquíes chiítas y sunitas no han impedido que esta intervención militar se haya convertido en un jugoso negocio para los grandes empresas y corporaciones estadunidenses.
De acuerdo con los principales responsables militares de este conflicto, general John Abizaid, comandante de las tropas en Medio Oriente; general Pete Pace, jefe del estado mayor, y general George Casey, comandante de las fuerzas destacadas en Irak, la violencia sectaria entre chiítas y sunitas es cada vez peor y amenaza con derivar en una guerra civil. No obstante estas advertencias y las cotidianas matanzas, ataques y secuestros en territorio iraquí, el presidente Bush ha descartado en reiteradas ocasiones que haya o vaya a haber un enfrentamiento fratricida a gran escala en esta nación.
Asimismo, como parte de su guerra contra el terrorismo, Washington ha establecido siete centros de detención en Guantánamo pronto serán ocho, con unos 450 prisioneros. Además, mantiene encarceladas a unas 13 mil personas en Irak, 500 en Afganistán y un número desconocido en las cárceles clandestinas de la CIA esparcidas por varias partes del mundo. Lo terrible de esta situación es que unos 100 detenidos han muerto en cautiverio, por lo que la tercera parte de estos decesos están bajo investigación por el delito de homicidio, y unos 600 estadunidenses, entre militares y civiles, están implicados en algún tipo de abuso. Pero a pesar de estos crímenes, el gobierno de Bush se rehúsa a aceptar que sus tropas y funcionarios de inteligencia han incurrido en sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los detenidos, basadas en tratos crueles, torturas y vejaciones e incluso asesinatos. La infame cárcel de Abu Ghraib es un claro ejemplo de ello.
Adicionalmente, los crímenes de guerra contra la población civil iraquí están aumentando en frecuencia e intensidad, con casos que abarcan desde ejecuciones al más puro estilo de la llamada "ley fuga", golpizas, homicidios y hasta la violación repetida de una adolescente iraquí y los asesinatos de ella y su familia por parte de cinco soldados. Ante las contundentes evidencias de estos actos de brutalidad, la respuesta del gobierno estadunidense es la de lavarse las manos al solicitar al Congreso definir lo que constituye un "crimen de guerra", dejando de lado las leyes nacionales e internacionales sobre la materia.
Aunque la guerra en Irak es cada más impopular en Estados Unidos y comienza a tener costos políticos para los legisladores que la han apoyado como el senador demócrata Joseph Lieberman, que acaba de perder su relección por tal motivo, la verdad es que el conflicto está lejos de terminar, ya que se ha convertido en un negocio multimillonario. Desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el Congreso ha destinado a la guerra contra el terrorismo más de 300 mil millones de dólares, y actualmente los recursos para proseguir esa estrategia ascienden a mil 500 millones de dólares adicionales, de los cuales la mayor parte ha servido para pagar contratos millonarios con grandes empresas, como en el caso de Halliburton, compañía vinculada al vicepresidente Dick Cheney, la cual sospechosamente acaparó negocios en Irak y Afganistán por un monto de al menos 17 mil millones de dólares, hasta que el Pentágono le puso un alto por sus altos precios, sospechas de fraude y su bajo rendimiento.
Este panorama pone de manifiesto que para el gobierno de Bush el dinero pesa más que toda la sangre derramada en Irak, incluida la de civiles inocentes.