La resolución de la Corte de anular condena, sumamente lamentable: Encinas
"Precedente de impunidad", fallo a favor de Espinosa, afirma Bátiz
Echa abajo la determinación de por lo menos 13 juzgadores expertos en derecho penal, señala
No descarta tintes políticos
Revela que existe otra averiguación previa contra el ex regente
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Diagrama de los pasos y tiempos del proceso que se siguió contra el ex regente capitalino, Oscar Espinosa Villarreal, en las diferentes instancias de procuración de justicia. A la derecha, el ex funcionario exculpado por la Corte del delito de peculado
Foto: Roberto García Ortiz
De "precedente de impunidad" y "determinación sumamente lamentable" calificaron las autoridades capitalinas la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que anuló la condena por peculado en contra del ex jefe del Departamento del Distrito Federal, Oscar Espinosa Villarreal.
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Bernardo Bátiz Vázquez, consideró que la resolución de la Corte abre las puertas a que personas a las que se les acreditó su culpabilidad y fueron sentenciadas queden en libertad por un "formulismo muy discutible".
En tanto, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, lamentó la decisión, la cual "no resolvió el fondo del asunto".
En conferencia de prensa, el procurador capitalino dijo que el fallo va en contra de la determinación de por "lo menos 13 juzgadores expertos en derecho penal", los cuales nunca cuestionaron la validez de que tribunales del fuero común juzgaran a un servidor público designado por el Ejecutivo federal.
Además reveló que existe otra averiguación previa en contra del ex secretario de Turismo que está apenas en "etapa de investigación", sobre la cual evitó dar mayor información.
Argumento en contra
Bernardo Bátiz resaltó que la SCJN no se manifestó en torno a la culpabilidad o inocencia de Oscar Espinosa, sino que cuatro de los cinco magistrados de la primera sala penal establecieron que el procesado fue indebidamente juzgado en el fuero común. Situación que, a decir del abogado, había quedado solventada con anterioridad.
"Uno de los magistrados (José Ramón Cossío Díaz) votó en contra del proyecto y dijo algo importante durante la sesión: 'es como si nosotros (los magistrados de la SCJN), que somos propuestos por el Presidente, fuéramos considerados integrantes del Poder Ejecutivo porque el mandatario interviene en nuestro nombramiento, y no lo es, somos integrantes de un poder diferente. Es el mismo caso del ex jefe del Departamento del Distrito Federal', eso fue lo que estableció el magistrado", explicó Bátiz.
De acuerdo con el titular de la PGJDF, la resolución de la SCJN, además de sentar un precedente para la impunidad, priva al patrimonio de la ciudad de México "de 367 millones de pesos que fueron sustraídos indebidamente por el acusado del erario.
Bernardo Bátiz, quien no dudó en afirmar que "parece que la SCJN la trae contra de la ciudad", recordó que desde antes de que se diera la reforma de 1996, "el Distrito Federal ya era considerado una entidad distinta a la Federación, con personalidad jurídica propia". Además de que para ese año ya había jurisprudencias "que consideraban que los delitos que cometían los servidores públicos del DF" eran delitos del fuero común.
"Cuatro ministros de la SCJN echaron abajo, de un plumazo, lo que habían opinado un juez del fuero común, tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, tres sentencias de amparo en primera instancia, cuatro revisiones, tres de ellas de tribunales colegiados y una de la propia Corte.
"Pero nada valió, se decretó un amparo que todo lo nulifica: nueve años de un litigio, un proceso de desafuero, un juicio de extradición en Nicaragua. Todo fue anulado por estos juzgadores, cuyas decisiones son inatacables", sentenció.
Para finalizar, Bátiz no descartó que dicha resolución pudiera "tener algún tinte político".
Decisión provoca controversia
Horas antes, Alejandro Encinas afirmó que el sentido de la resolución provocó "que entremos a una controversia respecto de si el entonces regente de la ciudad no era considerado un gobernante local por ser designado por el Presidente de la República.
Por lo que se preguntó: "¿entonces todos los funcionarios de anteriores administraciones que fueron sancionados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con esta resolución, quedan a salvo de los delitos que se les imputaron?"
Señaló que ese proceso penal se llevó más de ocho años y medio en los que se ganaron todas y cada una de las etapas del proceso judicial y "de forma sorpresiva" se dieron cuenta que el jefe del Departamento del Distrito Federal no era una autoridad local.
Lo que dio pie a que el mandatario capitalino reavivara un señalamiento que en su momento planteó el ex jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, sobre la necesidad de una profunda reforma del Poder Judicial de la Federación.
"Hay que hacer un esfuerzo por reivindicar verdaderamente las instituciones, pero también estoy convencido de que si algún proceder se ha mantenido intocado y no se han hecho las adecuaciones con la misma velocidad o profundidad que se ha realizado en el Ejecutivo federal, en el Congreso de la Unión, en los gobiernos locales y en los ayuntamientos, es en el Poder Judicial. Creo que urge una reforma a las instituciones de nuestro país y una muy importante al Poder Judicial de la Federación", apuntó.