Usted está aquí: lunes 14 de agosto de 2006 Política La mesa puesta

José Antonio Almazán

La mesa puesta

Los que se sienten ya dueños de México han resuelto consumar el fraude electoral para imponer a un presidente que profundice las criminales políticas neoliberales en contra del pueblo de México. Desde la perspectiva de los multimillonarios empresarios que impulsaron la guerra sucia y la campaña de miedo, así como de la ultraderecha de El Yunque, que controla al PAN y al gobierno de Fox, no se trata sólo de impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, sino de golpear al movimiento democrático integrado por millones de mexicanos que reclaman, con razón y justicia, el recuento total de los votos de la pasada elección presidencial.

La oligarquía mexicana sabe bien que atrás del anhelo de una democracia plena, expresado hoy en la demanda de voto por voto, casilla por casilla, está la sed de justicia social, de salarios justos, de empleo y vida digna para todos, de educación laica y gratuita en todos los niveles de enseñanza, y la esperanza de una patria libre, justa y soberana, todo ello negado por el nefasto modelo neoliberal que únicamente ha beneficiado a un puñado de multimillonarios.

Los poderosos sueñan desde ahora con los grandes negocios que emprenderán contando con un gerente a su gusto en la silla presidencial y un Congreso controlado por el PRI y el PAN. Frotándose las manos incuban proyectos para concluir la privatización de la electricidad y el petróleo, para poner en manos privadas la seguridad social, para echar más tierra al megafraude del Fobaproa, para profundizar los tratados de libre comercio y completar la entrega de los recursos naturales (agua, bosques, biodiversidad) y el patrimonio nacional. Sin ocultar la mirada de codicia, se aprestan a concluir la destrucción del campo mexicano, convirtiéndonos en un país importador de granos y exportador de millones de trabajadores migrantes; a anular la educación laica y gratuita mediante una contrarreforma educativa que destruya nuestra identidad como mexicanos y que sólo produzca mano de obra dócil a la explotación patronal; a imponer una contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo, que garantice mayor sobrexplotación de millones de trabajadores mexicanos con salarios de hambre y sin condiciones mínimas de seguridad e higiene, y las llamadas reformas estructurales.

La oligarquía y la ultraderecha en el poder están dispuestos a todo. Ya enviaron mensajes: la impunidad criminal con la que asesinaron a los mineros de Pasta de Conchos y Sicartsa, la represión brutal del pueblo de San Salvador Atenco y la violación planeada de mujeres con acciones programadas para aplastar la rebelión del pueblo de Oaxaca, encabezada por sus dignos maestros. A través del duopolio televisivo y de la mayoría de los medios de radio y prensa escrita han desatado una guerra mediática para preparar la imposición de Felipe Calderón sin medir consecuencias ni costos políticos y sociales. Los vendepatrias suspiran por un presidente al que no le tiemble la mano para reprimir.

La tarea sucia se la dejan a Vicente Fox, quien ha declarado públicamente que está dispuesto a pagar el costo político para impulsar las llamadas reformas estructurales (laboral, fiscal, energética, entre otras) en los escasos tres meses que le restan de gobierno y dejarle la "mesa puesta" a Calderón para que no cargue los costos de la represión. En sus cálculos está la posibilidad de una alianza entre la fracción parlamentaria del PAN y del PRI en el Congreso de la Unión, que han venido trabajando en las últimas semanas, para obtener el control de una mayoría simple que apruebe las reformas fiscal y laboral en la Cámara de Diputados, así como los dos tercios necesarios para validar contrarreformas a los artículos 27 y 28 constitucionales en el Senado.

Sin embargo, el cálculo de la ultraderecha y de la oligarquía falla en una parte, siempre despreciada por los poderosos: la respuesta popular. En meses recientes hemos sido testigos del crecimiento y fortalecimiento de un movimiento popular nacional, que no se circunscribe únicamente a la capital del país y a Oaxaca, que ha resistido la guerra mediática de descalificación y aislamiento, y ha ido elevando su nivel de conciencia y organización a partir de decenas y cientos de asambleas en las que se discuten los grandes problemas nacionales y cómo resolverlos y que, pase lo que pase en el terreno del fraude electoral, darán respuesta puntual a los planes de la oligarquía y la ultraderecha.

El reto del movimiento democrático encabezado por López Obrador será enlazar y organizar la justa demanda del conteo total de los votos con la agenda social, como él ha expresado en las asambleas informativas en el Zócalo de la ciudad de México. Por el lado de las organizaciones agrupadas, tanto en el Frente Sindical Campesino Indígena Social y Popular, como en las Asambleas del Diálogo Nacional por un Proyecto de Nación Alternativo al Neoliberalismo, el reto estriba en asumir iniciativas de unidad y movilización en una coyuntura en la que se han adelantado los tiempos políticos y frente a la cual la preparación de acciones de paro cívico y huelga nacional cobran relevancia y actualidad.

 
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