Encierro inconmutable hasta por 36 horas por tirar basura en las calles o grafitear
Divide a la ALDF proyecto para endurecer Ley de Justicia Cívica
Legisladores de oposición amagan con no asistir al último periodo extraordinario
Las fracciones de oposición en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal amagaron con no acudir al último periodo extraordinario de sesiones de este órgano, ante las diferencias que existen en el tema de la ley para menores infractores, la controversia constitucional que promoverán en contra del gobierno federal por promulgar la Ley de Seguridad Privada, además de la inclusión de temas aún no discutidos.
En una reunión informal realizada la tarde de ayer entre los coordinadores del PRD, Lorena Villavicencio; Mauricio López, del PRI, y Carlos Alberto Flores, del PAN, quedó de manifiesto la inconformidad de estos últimos ante la falta de dictámenes sobre los temas fundamentales que se discutirán en el extraordinario de mañana.
De acuerdo con versiones de asistentes, hasta ahora no se cuenta con el dictamen de la ley para menores infractores, y responsabilizaron al presidente de la comisión dictaminadora, la de Administración y Procuración de Justicia, encabezada por Alfredo Hernández Raigosa, de estar cerrado a la discusión a fondo de ese marco legal.
Por lo que se refiere a la aprobación en el pleno para presentar la mencionada controversia constitucional, los priístas y panistas alegaron que se desconoce cuál es el sustento legal del documento que se presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, se informó que la oposición está inconforme porque en el extraordinario se están incluyendo leyes que hasta ahora no se han discutido, como la de Profesiones y reformas a la de Justicia Cívica y a la de Educación, por lo que las fracciones de PAN y PRI manifestaron que analizan si acuden o no a la sesión de mañana.
Rigor contra faltas
Una de las iniciativas que están causando inconformidad entre los legisladores es la que presentó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Julio César Moreno Rivera, del PRD, quien propuso reformar la Ley de Justicia Cívica para "sancionar con más rigor" los graffitis, el consumo de alcohol y drogas en la vía pública y arrojar basura en las calles.
La propuesta -que será dictaminada en la misma comisión de Hernández Raigosa- propone que los infractores sean sometidos únicamente a un encierro, de hasta 36 horas, y no puedan ya conmutar este castigo por la imposición de una multa, bajo la lógica de que es necesario "sancionar con mayor rigor" ese tipo de infracciones y así "disuadir a la población de la ciudad de México para que no las cometa".
Hasta ahora la Ley de Justicia Cívica establece que en el caso del consumo, en vía pública, de bebidas alcohólicas o algún tipo de drogas se sancionará con una multa de 21 a 30 días o bien con el arresto de 25 a 36 horas, y por la pinta de grafittis, sin la autorización de autoridades o particulares, se impondrá multa de 11 a 20 salarios mínimos o arresto de 13 a 24 horas.
En su iniciativa, Moreno plantea que las multas sean eliminadas en definitiva y que la comisión de cualquiera de las tres faltas mencionadas se sancione únicamente con detención de 20 a 36 horas, es decir, ya no cabrá el pago de una suma económica para dejar libre al responsable.
Como parte de sus argumentos, Moreno Rivera expresa que de acuerdo con estudios realizados por organizaciones no gubernamentales y profesionales en materia de salud, el uso de sustancias adictivas comienza con el alcohol y el tabaco, en edad promedio de los 10 a los 14 años.
Añade, además, que según esos mismos estudios, el consumo de alguna droga entre los jóvenes va en incremento y la edad promedio en el inicio de las mismas va de los 15 a los 19 años, aunque cada vez más menores de esa edad están teniendo contacto con sustancias adictivas, y si eso lo hacen en la vía pública "puede servir de ejemplo a quienes lo ven, sobre todo a menores de edad".
Respecto a la actitud de mucha gente de tirar basura en las calles, el diputado perredista destacó que deteriora el paisaje, desvaloriza las propiedades de las comunidades vecinas y trae consigo un impacto negativo en lo económico y lo social, como puede ser la persistencia de enfermedades.