Usted está aquí: sábado 19 de agosto de 2006 Opinión La reforma laboral en la próxima legislatura

Arturo Alcalde Justiniani

La reforma laboral en la próxima legislatura

Se viene anunciando que la reforma laboral será tema prioritario en la agenda legislativa a desahogarse a partir del próximo primero de septiembre, por tanto será una oportunidad para analizar y resolver la compleja problemática del mundo del trabajo, que durante muchos años se ha encubierto por temor a afectar intereses creados. Se trata de una reforma de gran importancia, en la medida en que está ligada a la calidad de vida de la mayor parte de la población.

Las posibilidades reales de transformar el viejo y complejo mundo de las relaciones laborales depende de la atención a tres retos fundamentales: el primero, lograr que el modelo laboral fortalezca el desarrollo y la competitividad de las empresas, mejorando la condición salarial y la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, para lo cual se requiere de una contratación colectiva amplia y responsable, producto de mecanismos de diálogo y acuerdo entre trabajadores y patrones. A su vez, esta posibilidad de concertación depende de la existencia de organizaciones gremiales autónomas, que actúen con transparencia y rindan cuentas respetando la decisión de sus miembros. De no existir vida democrática, la contratación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga seguirán siendo un privilegio de membretes y un constante motivo de desprestigio del movimiento sindical, situación que viene provocando una constante tendencia a la baja en las tasas de afiliación y un incremento en la delincuencia laboral. Un aspecto complementario se refiere a la existencia de autoridades laborales imparciales y profesionales, que desahoguen con eficacia los procedimientos legales y resuelvan en justicia los conflictos de trabajo.

Los legisladores deberán encontrar en sus carpetas al inicio de su función al menos cuatro iniciativas de reforma laboral. La primera, generada por la totalidad de los senadores del PAN, fechada el 12 de julio de 1995, que en varios aspectos plantea soluciones novedosas y equilibradas para conciliar libertad de asociación con responsabilidad productiva; la segunda, presentada el 31 de octubre de 2002 por 64 diputados de diferentes partidos, incluyendo PAN, PRI y PRD, aunque mayoritariamente pertenecientes a este último, identificada popularmente como la propuesta de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), producto de una amplia consulta entre trabajadores, académicos y empresarios, fundamentalmente de la pequeña y mediana industria; la tercera, conocida como la reforma Abascal o, como pretenden venderla quienes la apoyan, "de los sectores productivos", avalada por 17 diputados y presentada el 12 de diciembre de 2002 por el entonces diputado Roberto Ruiz Angeles, y una cuarta propuesta, elaborada por quien fue senador panista, hoy diputado electo, Francisco Fraile, quien intentó conciliar las partes más positivas de las distintas iniciativas, incluyendo la creación de un registro público de sindicatos y contratos colectivos de trabajo, esencial para garantizar, en la práctica, la autonomía y la transparencia en el mundo sindical.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha venido promoviendo la reforma Abascal, intentando convencer a los legisladores de que la discusión se limite a esta iniciativa. Obviamente, se omite señalar que desde su presentación generó un gran rechazo en el foro laboral y en la academia, principalmente por tres razones: porque con la excusa de evitar que los sindicatos promuevan emplazamientos a huelga falsos, condiciona su ejercicio, así como los derechos sobre libertad sindical y contratación colectiva a requisitos imposibles de cumplir en la práctica, tales como la aprobación previa de las juntas de Conciliación y Arbitraje mediante la certificación de padrones, sin aclarar que esta aprobación dependerá de la voluntad de los empresarios y de los sindicatos controlados por éstos. Una mínima lectura a los artículos 387, 920, 923, 893-A y 893-C confirma estas limitaciones.

Una segunda objeción estriba en que lesiona gravemente a los trabajadores al permitir que los empresarios fijen unilateralmente sus condiciones de trabajo, entre otras la distribución de jornadas y la duración de la contratación individual, evitando el pago de tiempo extra y ampliando su inestabilidad. Se ha reclamado, por último, con una amplia argumentación, que la reforma Abascal introduce cambios en materia procesal que reducen el carácter protector de la ley. De aprobarse, se incrementarían los vicios que hoy se critican al modelo de control y corrupción que nos agobia.

Los diputados priístas han anunciado que buscarán una reforma laboral con énfasis central en la defensa de la autonomía sindical; saben que han perdido presencia en este sector y pretenden recuperarla. De cualquier manera no podría negársele valor al señalamiento de sus nuevos legisladores: "la reforma laboral debe establecer acuerdos bilaterales de jornada laboral, tareas, labores, y contratos individuales de capacitación; crear un registro autónomo de sindicatos y contratos colectivos y garantizar la vida democrática de organizaciones sindicales" (Reforma, 16 de agosto, p. 3). Al perredismo le corresponde dar, hoy más que nunca, importancia vital al tema laboral, respondiendo a la confianza que miles de trabajadores le han dado con su voto en la reciente jornada electoral. Una convocatoria pública para analizar las distintas propuestas actuales y las que puedan presentarse sería un buen inicio por parte de la nueva legislatura. En el pasado existió mucha resistencia a escuchar todas las voces, incluyendo las del sector académico, de los trabajadores en las distintas ramas de actividad, de medianos y pequeños empresarios y los especialistas.

Esperemos que los legisladores aprovechen la oportunidad para reconocer el valor del trabajo como patrimonio común de la inmensa mayoría de nuestra población. Los trabajadores no pueden seguir esperando.

 
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