Conciliación pero no arbitraje
Los laboralistas estamos hechos para la conciliación. Si llegamos al arbitraje, lo que puede significar un laudo costoso para el patrón o sin mayor valor para el trabajador, no faltará quien tenga la sensación de que faltó habilidad para manejar las cosas. El viejo dicho de que más vale un mal arreglo que un buen pleito tiene una vigencia absoluta.
En general los empresarios no son muy afectos a los arreglos iniciales, pero suelen aceptarlos cuando las cosas no se ven muy bien, lo que ocurre con cierta frecuencia dadas las contingencias de esos juicios en que el punto final puede depender de muchas cosas: un despido bien o mal hecho; pruebas insuficientes muchas veces confiadas a la declaración de testigos; documentales inadecuadas porque no es frecuente que los patrones sean cuidadosos con el cumplimiento de las formalidades necesarias (hacer por escrito los contratos y sus modificaciones); cumplir con las reglas de la Ley del Seguro Social o del Infonavit; estar al día en las obligaciones fiscales y un etcétera que puede ser peligrosillo.
Tampoco los trabajadores injustamente despedidos se muestran muy propicios para arreglos tempraneros, con sacrificio de lo que han sido sus perspectivas personales, y convencerlos de que los acepten no es tarea sencilla.
Por supuesto que la función conciliatoria de las autoridades jurisdiccionales, a pesar de que las obliga la ley a dedicar espacios a esa tarea, no se cumple a cabalidad. Se le da una forma de machote recogiendo la supuesta declaración de que las partes no aceptan un arreglo conciliatorio y se pasa a la etapa de demanda y excepciones, que es la salsa del conflicto.
En este momento vive México un problema parecido. Ha habido un acto político de particular relieve, que unos consideran injustificado y otros adecuado a la sagrada voluntad de una mayoría menos que mínima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encierra en cavilaciones profundas, pero necesariamente de plazo muy corto. Las calles de la ciudad de México son campo de batalla de problemas insoportables de tránsito y se advierte una enorme crispación que se alimenta por las declaraciones triunfales de unos y las discrepantes de otros. Huele a conflictos de hecho, alimentados por fechas inmediatas: el día en que el tribunal pronuncie su veredicto; el día del Informe; el 15 y 16 de septiembre y los que vengan, sean o no tan significativos.
No me puedo abstraer de mi práctica profesional. Y no puedo entender cómo un asunto de esta gravedad no puede ser encauzado a soluciones convencionales en las que ambas partes perderán y ganarán al mismo tiempo.
Gobernar de manera unilateral a partir de un triunfo tan exiguo, suponiendo que sea cierto -y depende de las autoridades definirlo- me parece que es una tontería política, por no decirlo de manera más adecuada a nuestra habla popular. Intentar superar los escollos que interpone el marco jurídico mediante actos de protesta civil que están causando muy serios perjuicios a la población no parece la mejor de las estrategias. Podrán generarse presiones, pero al mismo tiempo una cierta resistencia de quienes votaron por la llamada izquierda y que hoy enfrentan problemas de todo tipo: circulación imposible, pérdida del empleo o de los negocios, tensión indisimulable y una cierta corriente de miedo.
Yo me pregunto si no habrá una posibilidad de entender que la conciliación puede ser una alternativa. En problemas de enorme gravedad laboral, la solución única aceptable es, finalmente, la conciliación, a la que en estos tiempos se oponen con todas sus fuerzas las autoridades laborales -el caso del sindicato minero-, pero la capacidad de entendimiento entre las partes puede y debe superar esos escollos.
A la conciliación no se puede llegar sin el diálogo, y éste difícilmente podrá llevarse a cabo sin intermediarios competentes. Por supuesto que no me refiero a ningún organismo público. Pero hay en nuestra sociedad personas de gran prestigio que pueden iniciar las aproximaciones y poner en juego las alternativas. Estas, por supuesto, implicarían la distribución del poder político, como ocurre en algunos países de Europa, en los que se alternan representantes de los grupos en pugna pero que, racionalmente, han hecho la jerarquización de los problemas fundamentales. De hecho, la división tripartita del nuevo Poder Legislativo sólo admitiría una política de verdadera concertación política y social.
No soy, en absoluto, hombre de centro. Toda mi vida he militado en la izquierda, particularmente en la época en que el exilio español representaba todo un concepto de la vida y de la política. De hecho me considero a la izquierda del PRD, aunque por supuesto merece toda mi simpatía. Pero en esta situación me parece que la solución deberá estar en una política social en el contexto de un desarrollo económico que aliente la inversión y el beneficio legítimo de quienes arriesguen sus capitales.
Me parece que por ahí se encuentra la solución. Lo que no podemos esperar es un laudo o sentencia condenatorio o absolutorio.