¿Irán sobre su propia jurisprudencia?
Esta podría ser la última oportunidad de dar una salida institucional a esa situación. Así termina el artículo pasado, y así empieza este. Dentro de todos los casos de irregularidades y las respectivas inconformidades, hay por lo menos uno que tiene toda su historia e, incluso, jurisprudencia. La jurisprudencia se establece cuando el máximo organismo judicial del ramo de que se trate, en este caso el electoral, da cinco fallos consecutivos y en el mismo sentido. Los demás organismos judiciales del ramo también deben acatar el sentido de la jurisprudencia.
Se trata de las casillas en las que hubo más votos que votantes. Esto implica que alguien agregó votos ilegalmente. En una conferencia del PRD, el pasado lunes 14, se dieron informes valiosos. No ha habido un solo caso, por lo menos en el régimen actual -que lleva, en este sentido, 10 años-, en el que haya habido votos de más y que no se hayan anulado las casillas respectivas automáticamente.
Esto es muy importante, porque en las actuales elecciones y en las actuales condiciones, la aplicación de esta anulación de casillas a las que, dentro de las casi 12 mil que se abrieron recientemente, tuvieron votos de más, le da el triunfo a López Obrador. Se trata de casi 4 mil casillas.
Si el tribunal electoral -por mayoría o por unanimidad- aplica el criterio ya establecido, o sea, actúa conforme a su propia jurisprudencia, esto dará una salida institucional a la actual situación. Podrá haber gente muy molesta, especialmente quienes se han considerado todopoderosos durante el régimen por terminar. Pero mucha más gente estará feliz y, sobre todo, se habrá resuelto la elección, después de tantas irregularidades, conforme a la ley.
Esta salida legal abriría la puerta a que se pueda consensuar un proyecto nacional, a que se puedan resolver mediante el diálogo las cuestiones sociales, económicas, políticas y otras. El proyecto alternativo tiene las bases para salir del estancamiento económico y de la creciente polarización económica de la población.
En cambio, si el tribunal -por mayoría o por unanimidad- pasa por encima de su propia jurisprudencia, y hace lo que no se había hecho en todos estos años, "legaliza" el que se introduzcan votos en las casillas ilegalmente, y deja vigentes esas casillas, estaría agregando otra ilegalidad, en cierto sentido más grave, a las anteriores. Daría una imagen en el sentido de que las leyes las aplica cuando le conviene, pero pasa por encima de ellas cuando el resultado molesta a los más poderosos. El ambiente nacional se polarizaría y se agravaría aún más. Y, lo peor, como declararían presidente electo a quien no lo fue legalmente, y ese es el paso final del proceso electoral según el procedimiento legal, cerraría las posibilidades de una solución institucional a los problemas vigentes y a los que surjan.
Millones de mexicanos se sentirían defraudados. Si en las semanas transcurridas desde el día de las votaciones han salido miles de millones de pesos, sólo en bonos gubernamentales, esta situación llevada al largo plazo puede tener efectos bastante mayores. Es posible que los problemas locales o gremiales y la lucha por resolverlos se vayan inscribiendo en una lucha cada vez más general. Sin una salida institucional a la vista, es difícil saber qué cauce puedan seguir las cosas.
Para si se da esta posibilidad, de legalización del fraude electoral, López Obrador convocó a una convención nacional a partir del 16 de septiembre. En ella se haría un replanteamiento global de la situación y de las alternativas a impulsar ante ella. De modo que es enorme la responsabilidad del tribunal electoral al decidir si aplica su propia jurisprudencia y anula las casillas "rellenadas" con votos, evidentemente votos a favor de la derecha, o si avala de una u otra manera esta y las otras formas del fraude electoral.