Ilegal, buscar acabar con una opinión política, como la de AMLO, dice Enrique Dussel
El Poder Ejecutivo y la Corte carecen de legitimidad ante la ciudadanía: académico
Desde el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Poder Ejecutivo federal se lanzaron contra un ciudadano como Andrés Manuel López Obrador, en contra de sus derechos y en busca de su desafuero como alto funcionario del gobierno local, carecen de legitimidad ante los ojos del resto de la ciudadanía, afirmó Enrique Dussel, académico de filosofía y ética de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Al buscar acabar con una opinión política en particular, ya no hay legalidad, dijo, y citó al filósofo alemán Carl Schmidt al afirmar que esa legalidad es voluntad de la autoridad, que a su vez es puesta en cuestión por la voluntad misma del pueblo, al que debe obedecer ese estado de derecho.
Dussel, quien recientemente publicó en la editorial Siglo XXI el volumen Veinte tesis de política, sostuvo que actualmente existe una intención de maniobrar con las palabras para decir exactamente lo contrario de lo que realmente es. Puso como ejemplo el tema de la legalidad para sostener que, actualmente, hay una lucha por apoderarse del discurso, del significado de las palabras: los temas del estado de derecho y de la legalidad son una muestra de ello, añadió, ya que se les otorga una interpretación "bastante torcida", y se olvida que la ley se interpreta.
Por lo tanto, continuó, la ley no tiene un significado unívoco, es decir, no todos estamos de acuerdo en lo que dice. Entonces, la legalidad no sólo significa la ley, sino también un principio de justicia que permita ir al espíritu de la ley, y desde allí interpretar la realidad. De otra forma, se cae en "una especie de legalismo", y fue entonces cuando hizo referencia a Mariano Azuela, presidente de la SCJN, quien quiso, afirmó, encaminar el tema del desafuero. "Entonces, si uno ve que esa persona no puede tener un sentido de justicia cuando, desde la máxima magistratura, se lanza contra un ciudadano por una opinión política particular; "eso ya no es legalidad".
Es más, insistió, legalidad sería atenerse al estado de derecho, pero el pueblo mismo puede poner en cuestión ese estado, porque ese pueblo es la fuente del estado de derecho, y no al revés.