Lamenta comité de la ONU que sigan los feminicidios
Insuficientes, los esfuerzos por frenar discriminación
Las agresiones físicas, sexuales y sicológicas contra las mujeres detenidas tras los hechos en San Salvador Atenco, estado de México, fueron tema de preocupación en una reunión de expertas del comité de seguimiento a la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la Organización de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés), que se realiza en Nueva York, quienes cuestionaron la actuación del Estado mexicano durante el operativo policiaco.
Magalys Arocha, integrante de la CEDAW y del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas, preguntó a los representantes del gobierno mexicano, quienes presentaron su informe el 17 de agosto anterior, cuáles eran las medidas que el gobierno foxista había puesto en marcha para evitar que se repitieran casos como el de Atenco. También, "porque sabemos que se presentó violencia contra mujeres en Castaños, Coahuila (donde recientemente militares violaron a 13 mujeres)".
En respuesta, José Lucio Félix, director de Tráfico y Contrabando de la Policía Federal Preventiva -quien, trascendió durante la convención, fue comisionado por la Secretaría de Seguridad Pública federal para dar respuesta únicamente a las voces críticas que se presentaran contra el Estado mexicano por los hechos en Atenco-, argumentó que la represión contra las detenidas en ese municipio "fue consecuencia de la radicalidad" del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Sin embargo, María Tavares, académica portuguesa, aseguró que "los problemas de seguridad nacional de ninguna manera pueden justificar" las violaciones contra las detenidas de Atenco ni en otros casos.
En una relatoría de especialistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que se encuentran en Nueva York, a la que tuvo acceso este diario, se afirma que la exposición de la delegación mexicana sobre la actuación del Estado mexicano para evitar la violencia y la discriminación contra las mujeres en el país, encabezada por la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa, no dejó satisfechas a las expertas de la CEDAW.
En el documento se expresa que las especialistas consideraron que, a pesar de los avances técnicos y económicos, no existen "resultados visibles" en torno al tema, pues estimaron que el fenómeno se está presentando de manera "más global, más allá de Ciudad Juárez y Chihuahua".
Agregaron que los abusos también son cometidos por agentes policiacos y servidores públicos, como en los casos de Atenco, la detención de la periodista Lydia Cacho y los ataques perpetrados por militares contra mujeres indígenas en varios estados.
En torno de la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres (Fevim), dependiente de la Procuraduría General de la República, las expertas preguntaron si la instancia tenía facultades más amplias que las anteriormente provistas para el mismo fin. Además, pidieron que les explicaran sus funciones.
Asimismo, agregaron que no se ha aclarado si la Fevim tiene facultades para atender casos a escala estatal, "o serán sólo aquellos que tengan que ver con el crimen organizado, y el resto quedará en manos de las autoridades locales". También pidieron informes sobre los resultados de fiscalías anteriores.
Solicitaron que les explicaran qué acciones emprenderá el gobierno de Vicente Fox para terminar con la impunidad en los asesinatos contra mujeres en Ciudad Juárez y los abusos en Atenco, entre otros temas, pues "lo que se está haciendo no es efectivo y el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir sus compromisos" internacionales.
Arocha y Tavares aceptaron que en México se han realizado esfuerzos en materia de actividades, planes, programas, servicios e instituciones creadas para evitar la violencia, pero aún resultan insuficientes, pues "las mujeres continúan siendo asesinadas en cantidades impresionantes", por lo que exhortaron a la delegación mexicana a revelar qué otros mecanismos se aplicarán para enfrentar las agresiones de agentes policiacos, además de que debe asegurarse "un acceso más rápido y efectivo" para hacer justicia a las mujeres.