Falta legislación específica sobre el tema: diputada
Incumple el gobierno reglas para eliminar trata de personas
La diputada del PRI, Elena Martínez Rivera, denunció que el gobierno mexicano ha sido incapaz de cumplir con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, fenómeno que involucra a más de 800 mil mujeres y menores de edad que internacionalmente son trasladados para su explotación sexual.
La legisladora consideró necesario reformar el Código Penal Federal (CPF) para precisar el concepto de trata de personas y adecuarlo a la definición que utiliza la Convención Interamericana sobre Trato Internacional de Menores (CITIM), así como aumentar las penas en el país por este delito.
La CITIM define como tráfico de menores el traslado, sustracción, retención o intento de hacerlo con un menor de 18 años, por medios ilícitos.
Explicó que en el país se debe sancionar no sólo a quien traslade hacia el interior o fuera del país a un menor, como se establece a la fecha, sino también cuando se le sustraiga, retenga o se intente hacerlo.
Propone además aumentar la pena corporal de 10 a 15 años de prisión y de mil a dos mil días de multa. Actualmente, las penas van de tres a 10 años de prisión y de 400 a mil días de multa.
En cuanto a la edad para considerar a un individuo como menor, la priísta plantea aumentarla de 16 a 18 años, tal como lo establece la CITIM, pues en nuestro país "el Código Penal considera para este delito sólo la modalidad de traslado y únicamente a menores de 16 años".
Para realizar tales enmiendas, Martínez Rivera sugiere reformar el artículo 366 del Código Penal. La legisladora señaló que de acuerdo con el Informe Anual sobre Trata de Personas que emitió el Departamento de Estado de Estados Unidos, entre 600 y 800 mil personas cruzan las fronteras internacionales cada año como víctimas de la trata de individuos; de ese total, 80 por ciento son mujeres y niñas.
Según el mismo informe, el gobierno de México no cumple con los estándares para eliminar la trata de personas; tampoco cuenta con cifras estadísticas claras sobre tráfico de menores, debido a la falta de una definición uniforme del delito, indicadores y recursos para el seguimiento de casos.
Según el documento, el gobierno mexicano no generó estadísticas sobre investigaciones, aprehensiones, enjuiciamientos o condenas relacionadas con ese delito, en parte porque no cuenta con una legislación específica para el tema y muchos casos se persiguen bajo otras leyes.
Por el panorama antes descrito, Martínez Rivera dijo que no es posible saber si México avanzó en la lucha contra la trata de individuos. Los únicos datos que se pudieron obtener, dijo, es que de enero a agosto de 2005 las autoridades reportaron mil 336 juicios relacionados con ese delito y sólo se impusieron sentencias en 531 casos.