Editorial
PAN y PRI, corruptores
Con el resultado aún en el aire, las elecciones estatales realizadas ayer en Chiapas permiten corroborar, por lo pronto, la determinación del grupo gobernante por impedir cualquier triunfo electoral de las izquierdas agrupadas en la coalición Por el Bien de Todos. Hace unos días el presidente de Acción Nacional, Manuel Espino, llegó al colmo de catalogar un eventual triunfo de esa coalición como un riesgo de "seguridad nacional", y la dirigencia del blanquiazul, secundada por sus franquicias menores, no tuvo empacho en hacer a un lado a su candidato a gobernador para aumentar las posibilidades de triunfo del candidato priísta, José Antonio Aguilar Bodegas, y evitar el del abanderado de la coalición, Juan Sabines.
Al llevar el encono contra la izquierda hasta el punto de buscar la transferencia de sus sufragios al PRI chiapaneco, los panistas actuaron, a fin de cuentas, en su derecho. En cambio, la introducción de dineros no registrados en el proceso electoral por ejemplo, para la compra de votos es una práctica ilegal, y hay serios indicios de que Acción Nacional pudo haber incurrido en ella. El primer dato en este sentido puede encontrarse en la grabación de una conversación entre el propio Espino y el delegado del Revolucionario Institucional en Chiapas, Víctor Hugo Islas, en la que ambos hacen referencia a aportaciones monetarias del CEN del PAN y de gobernadores priístas a la campaña de Aguilar Bodegas, diálogo telefónico cuya transcripción fue dada a conocer en la edición de ayer de este diario.
El segundo son las detenciones de sujetos que distribuían dinero entre los ciudadanos, fuera para reclutar a vándalos que trataran de desestabilizar la elección, fuera para pagar sufragios en favor del aspirante priísta. El primero, Jaime Villarreal Gramajos, fue arrestado el viernes en Tuxtla Gutiérrez, y el segundo, ayer mismo, en Tonalá: se trata de Francisco de Jesús Torres Hernández, dirigente local del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, organización controlada por Elba Esther Gordillo, responsable, a su vez, de organizar algunas de las irregularidades más prominentes en la pasada elección presidencial del 2 de julio en perjuicio de la coalición Por el Bien de Todos y en favor del candidato panista, Felipe Calderón Hinojosa.
Resulta obligado preguntar por la relación entre el dinero mencionado en la plática entre Espino e Islas y los billetes con que Torres Hernández pretendía comprar sufragios para Aguilar Bodegas.
En este contexto adquieren especial relevancia, por otra parte, los señalamientos formulados ayer en el Zócalo capitalino por el candidato presidencial de la coalición, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que el grupo en el poder ha ofrecido a los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación "cañonazos de dinero" o "cargos públicos para el futuro". En tal escenario encaja, además, el ofrecimiento de 30 millones de dólares que le fue formulado a Carlos Ahumada según confesión de él mismo por Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos a cambio de los videos utilizados en los escándalos de 2004 en un primer intento por destruir la carrera política del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal.
De la compra de votos ciudadanos a los posibles intentos de soborno a magistrados, la coalición gobernante exhibe por todas partes su empecinamiento antidemocrático para impedir a toda costa (o, literalmente, a cualquier precio) la llegada al poder de propuestas de país alternativas y populares, y muestra que el elemento principal de su cohesión es la defensa y el ejercicio de la corrupción.