Explorar en aguas profundas es un pésimo negocio para Pemex, advierte experto
Disfrazan los CSM como contratos de obra pública para entregar el crudo a extranjeros
En México los esfuerzos por privatizar la industria petrolera han avanzado lentamente pero continúan, mientras en países como Venezuela y Bolivia se han impuesto medidas para que el Estado recupere el control de su industria petrolera.
Ahora, los contratos de servicios múltiples (CSM), disfrazados de contratos de obra pública, constituyen la punta de lanza para entregar nuevamente la industria petrolera a empresas extranjeras, advirtió José Luis Manzo, experto en temas energéticos.
El especialista, también integrante de la Unión de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, alertó sobre la intención de la administración del presidente Vicente Fox para extender la aplicación de los CSM, actualmente utilizados para explotar gas en la Cuenca de Burgos, a los yacimientos de petróleo ubicados en aguas profundas del Golfo de México.
En un amplio análisis elaborado para el Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista, José Luis Manzo, explicó que existen muchas áreas en tierra con potencial petrolero ya identificado, donde los costos de la exploración serían sustancialmente menores y las posibilidades de éxito mayores.
''Pero se insiste en explorar en aguas profundas, porque ello representa jugosas ganancias para empresas extranjeras, aunque sea un pésimo negocio para Petróleos Mexicanos (Pemex) y para México''.
Pemex ha firmado cinco CSM con grupos empresariales encabezados por compañías extranjeras, sin embargo, mediante esos CSM, Pemex transfiere a particulares su responsabilidad ''irrenunciable, intransferible y exclusiva'' de realizar las actividades de exploración y explotación de las reservas de gas en la Cuenca de Burgos.
Los CSM han sido combatidos jurídicamente en tribunales por la Unión de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, y en forma paralela por un grupo de legisladores encabezados por el senador Manuel Bartlett. Sin embargo, los abogados de Pemex y de Repsol han actuado como ''chicaneros'', que mediante presiones y trampas evitan ser notificados de la demanda y retrasan el proceso para evitar que se analice el fondo del asunto porque saben que ahí tienen perdida la batalla.
En realidad, afirmó, los CSM son ''contratos de explotación petrolera'' (prohibidos por la Constitución desde 1958), pero se les da el nombre de ''contratos de obra pública'' para ocultar que esos CSM violan la Constitución y para argumentar que no están sujetos al marco jurídico que rige la industria petrolera, sino que sólo al que regula la adquisición de bienes y servicios del sector público.