Editorial
Las interrogantes detrás del deterioro en Oaxaca
El conflicto que ya tiene más de tres meses de duración entre el magisterio oaxaqueño y la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) con la administración del gobernador Ulises Ruiz se está agravando de manera alarmante, con oscuros incidentes de violencia en los cuales se han usado armas de fuego, con un saldo de al menos cinco muertos. El deterioro de la situación en esta entidad, que ya linda con la inestabilidad y la ingobernabilidad, ha provocado que la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) demandara ayer viernes la intervención de las autoridades federales para coadyuvar en la búsqueda de una solución negociada, sobre todo ante las fallas del gobierno estatal.
En entrevista telefónica, el jefe de AI para América Latina, Javier Zúñiga, consideró, y con razón, que "cuando existe un quebrantamiento en una entidad la autoridad federal tiene que tomarlo en sus manos. Cuando las autoridades estatales no pueden garantizar el respeto a los derechos humanos lo tiene que hacer la Federación". En ese contexto, instó al gobierno federal a que las fuerzas de seguridad actúen conforme a los Principios Básicos de Naciones Unidas sobre Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios de Hacer Cumplir la Ley, respetando al mismo tiempo la Convención de la ONU contra la Tortura y las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas, dos tratados que han sido ratificados por México.
Asimismo, sostuvo que las autoridades federales también deben garantizar los derechos de expresión y de reunión del pueblo oaxaqueño, los cuales, dijo, han sido ignorados por el gobierno de Ulises Ruiz. Además, afirmó que se debe investigar hasta sus últimas consecuencias la presencia de tropas vestidas de civil y con el rostro cubierto, las denuncias sobre torturas y malos tratos infligidos a dirigentes de la APPO, así como las muertes que han ocurrido hasta el momento, y revisar los cargos que pesan sobre varios líderes de la asamblea detenidos en diversos penales, para determinar si las pruebas en su contra "están debidamente fundamentadas".
Las denuncias y exhortos de Zúñiga revelan un clima de incertidumbre en Oaxaca, del cual cabe preguntarse a quién beneficia. De hecho, el conflicto en la entidad que comenzó con una demanda de mejora salarial por parte del magisterio del estado y tras la represión se endureció con la exigencia de la renuncia de Ulises Ruiz, demanda a la que se sumaron varias organizaciones sociales permite formular varias preguntas inquietantes. Por un lado, es pertinente cuestionar por qué las autoridades, tanto federales como estatales, no han dado solución a un problema que ha ido creciendo sin control. Por otro lado, ¿a qué desconocidos intereses le sirve ese panorama de confrontación que afecta a todos los oaxaqueños, y qué es lo que se pretende crear en la entidad con semejante ambiente de constantes enfrentamientos?
Si bien por el momento no hay respuestas claras a estas interrogantes, si hay un hecho incuestionable: el empecinamiento de Ulises Ruiz y del Partido Revolucionario Institucional en permanecer al frente del gobierno estatal, a pesar de que el propio pueblo oaxaqueño ha manifestado su repudio a esa administración, a la cual consideran como espuria e ilegítima. También resulta cuestionable la actitud de las autoridades federales, que se rehúsan a condenar a un gobierno estatal que ha incurrido en violaciones a la ley y a los derechos humanos.
Al respecto, cabe señalar que tal postura no es nueva en el sexenio del presidente Vicente Fox, cuyo gobierno apoyó contra viento y marea la administración del gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, sin importar las reiteradas denuncias sobre sus nexos con el narcotráfico. De esta manera, mientras las autoridades hagan caso omiso de los reclamos de la ciudadanía, los focos rojos en el país se incrementarán, tanto en intensidad como en frecuencia.