Pensionissste: ¿la "equidad" de recibir sólo lo que pones?
Francisco González Almaraz, presidente de la Amafore, también gusta decir que la "reforma" del ISSSTE es inevitable y urgente.
Lo mismo sostienen los tecnócratas Eduardo Sojo, panista, foxista y calderonista; Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda; su subsecretario, Alonso García Tamés; el director general, José Antonio González Anaya; el subgobernador del Banco de México, Everardo Elizondo; el (ahora) diputado panista Benjamín González Roaro; Enrique Moreno Cueto, "nuevo" representante de la "maestra" Elba Esther Gordillo en la dirección del ISSSTE; su subdirector general de Finanzas, Pedro Vázquez Colmenares; Javier Beristáin Iturbide, director de la Afore XXI y, por supuesto, su títere, el ex senador y recién confirmado diputado priísta Joel Ayala Almeida, presidente de la FSTSE.
El argumento "fuerte" de González Almaraz postula que la cacareada "reforma" permitirá la migración de los trabajadores agrupados en el ISSSTE al sistema Afore de cuentas individuales, y puntualiza: sistema donde las comisiones no sólo han bajado sino que "continuarán disminuyendo gracias a la intensa competencia que vive el sector".
¿Intensa competencia? Pero sucede que la Comisión Federal de Competencia (CFC) se ha propuesto -finalmente- revisar el mercado de las Afores ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas, buscando "verificar que los usuarios sean beneficiados". Su presidente, Eduardo Pérez Mota, considera que "cuando vemos los niveles de rentabilidad que hay tan grandes, altísimos en estas empresas, decimos: algo ha de haber aquí, algo hay raro, algo hay raro". ¿Lo ignora González Almaraz?
Como señala Pérez Mota, "trabajamos para ver qué tipo de políticas se pueden promover y generar mayor competencia en este sistema. El tema es muy importante: hay gente que tiene muy pocos recursos y una gran confianza sobre lo que va a recibir cuando se retire". ¿Está enterado González Almaraz?
Aunque su argumento "fuerte" también alude a la "disminución" de las comisiones, pero sucede que Dennis Stevens, ejecutivo de la consultora Encino Capital Partners, estima que las comisiones mexicanas son "hasta 30 veces más altas" que las de las administradoras de fondos públicos que tienen las mejores prácticas en el mundo y que, nueve años después de su creación, "se han reducido, pero no al ritmo que se esperaba, y aún resultan altas para los servicios que ofrecen". No están, precisa, "justificando las altas comisiones que cobran y el rendimiento que se esperaba".
Por ejemplo, un trabajador que aporta anualmente 20 mil pesos a su Afore por contribuciones, con un rendimiento real de 4 por ciento y comisiones de 2.91 por ciento a lo largo de 45 años, tendrá solamente un millón 200 mil pesos de saldo nominal al momento de su liquidación. Si esa comisión baja a 0.22 por ciento -como el promedio de las mejores prácticas de otras administradoras públicas- el saldo aumentaría a 2 millones 447 mil pesos. ¿Lo ignora Almaraz? ¿Está enterado?
Y todo lo anterior sin entrar siquiera a considerar que, a diferencia de lo que ocurrió en el IMSS, la iniciativa de "reforma" (en rigor "nueva" Ley del ISSSTE, redactada por los tecnócratas hacendarios de Gil Díaz y presentada por Joel Ayala al Senado el 13 de diciembre) no sólo no permite que sus afiliados opten entre la ley vigente y la "nueva", sino que en su artículo 110, inciso E, autoriza que el Pensionissste cobre comisiones a las cuentas individuales de los trabajadores para cubrir gastos de administración y operación "que sean inherentes a sus funciones" y que "no podrán exceder del promedio de comisiones equivalentes sobre saldo a un año y a 25 años que cobren las administradoras" (Afores). Ellas se determinarán "conforme a la metodología que dé a conocer la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro".
En el caso del IMSS, la Ley del SAR autoriza cobrar esas comisiones no sobre la cantidad en efectivo que a cargo de cada trabajador se deposita en la cuenta individual, sino sobre el salario base de cotización. Pero sucede que ese salario base de cotización constituye el total del salario individual que se toma en cuenta para establecer, tanto la cuota obrero patronal, como la del gobierno, y que se destinan al financiamiento de los diferentes ramos que establece la Ley del IMSS.
Así, un trabajador con un salario base de cotización de 4 mil pesos mensuales, al que corresponda pagar un 15 por ciento como cuota al Seguro Social, deberá destinar 600 pesos. Por su parte, la Afore le cobra una comisión que varía entre uno y 2.5 por ciento de ese salario base de cotización, es decir no sobre los 600 que como Afore recibe y administra, sino sobre los 4 mil. Con este recurso, la comisión que termina liquidando el trabajador puede variar entre el 10 y 25 por ciento de sus recursos. Es decir: se les aplica una comisión por un monto de recursos que no se reciben, no se administran ni se invierten.
De suerte tal que, frente a los argumentos "fuertes" de González Almaraz, con esa "reforma" los trabajadores agrupados en el ISSSTE pierden ostensiblemente más de lo que ganan. No sólo no la apoyarán: se le opondrán frontalmente. Como dice Ricardo Pontigo desde el SNTISSSTE: no a una reforma "apresurada y sobre las rodillas". Antes, estableció, deben "instalarse mesas de trabajo" y ordenar una auditoría integral al ISSSTE.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco