Posee 1% de los títulos, de acuerdo con el documento
Gil Díaz es accionista en ISOSA, confirma escritura
Santiago Creel también formó parte de esa empresa
El secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, lleva tres años insistiendo en que desconoce el funcionamiento y operación de Integradora de Servicios Operativos SA (ISOSA); no obstante, la escritura pública 64882 refiere que la empresa se constituyó en 1993 por instrucciones del funcionario federal, quien entonces se desempeñaba como subsecretario de Ingresos en la misma dependencia.
El trámite legal para la constitución de la empresa fue realizado ante el notario 16 del Distrito Federal, Francisco Fernández Cueto, y en el documento Gil Díaz aparece como accionista al uno por ciento de un fideicomiso constituido en Nacional Financiera (Nafin), denominado Aduanas I. Ese fideicomiso posee la mayoría de acciones de ISOSA.
El caso también implica a Santiago Creel Miranda, ex secretario de Gobernación y hoy coordinador de los senadores panistas, quien fue el responsable de realizar los trámites legales para la constitución de la empresa mediante el despacho Naranjo y Escobedo.
El analista financiero Mario di Costanzo, quien ha dado seguimiento al tema, confirmó que los vínculos de ISOSA con Francisco Gil Díaz y Santiago Creel Miranda no se limitan a una relación abogado-cliente, como lo establecen los registros públicos. El actual senador fue por mucho tiempo primer comisario del consejo de administración de ISOSA.
Por su parte, Lorenzo Hernández, quien ha fungido como secretario particular de Francisco Gil Díaz, fue el administrador único del Fideicomiso Aduanas I, dueño visible de ISOSA. Lorenzo es primo hermano de Roberto Hernández, quien vendió Banamex al banco estadunidense Citibank sin pagar impuestos por la transacción.
La Secretaría de Hacienda creó alrededor de ISOSA un complejo esquema financiero para triangular las operaciones de la empresa, pues además del Fideicomiso Aduanas I, la dependencia abrió el Fideicomiso Aduanas II, que es propietario de Controladora de Servicios Integrales (Cosisa) e IASA.
Estas dos empresas permitieron a ISOSA administrar el derecho de trámite aduanero, impuesto que se aplica a las importaciones y exportaciones.
La relación de ISOSA, IASA y Aduanas I no es reciente; se estableció desde hace varios años. Lo anterior fue corroborado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en 2005, al responder a una solicitud realizada por un ciudadano al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, con el número 906/05.
Omisiones del SAT
El titular del SAT, José María Zubiría, respondió entonces al solicitante: "El fideicomiso (Aduanas I) referido es responsable de la contratación de esas compañías para prestar el servicio de procesamiento electrónico de datos, y del apoyo y control de los despachos aduaneros en todo el país... Entre Aduanas I y el SAT la relación es en virtud de una autorización, es decir, al fideicomiso denominado Aduanas I se le autorizó para prestar un servicio. Entonces, quien contrató con ISOSA, es Aduanas I y no el SAT".
Sin embargo, Zubiría no informó que desde 1993 Nafin era propietario de ISOSA, y Francisco Gil Díaz era accionista al uno por ciento.
Di Costanzo recordó que en abril de 2004 el senador del PRD Jesús Ortega Martínez presentó un punto de acuerdo ante el pleno del Senado para obligar al secretario de Hacienda a clarificar los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que responsabilizó al funcionario del manejo irregular de ISOSA, luego de la revisión de las cuentas públicas 2001 y 2002.
La solicitud fue obstaculizada por el entonces presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, el panista Fauzi Hamdan, y por las "flaquezas" del titular de la ASF, Arturo González de Aragón, quien recibió amenazas de las autoridades de "revisar" las empresas de sus hijos.
En agosto de 2004 las secretarías de la Función Pública y de Hacienda firmaron un acuerdo para revisar los fideicomisos constituidos con recursos públicos; sin embargo, hasta la fecha los titulares de esas dependencias no han informado a la opinión pública sobre los resultados.
El círculo de opacidad se cerró hace unos días, luego de que la ASF se limitó a informar que los recursos obtenidos en ISOSA ya se encuentran en la Tesorería de la Federación. González de Aragón no explicó cómo se dio este proceso.
"Todo sigue como un intento fallido de transparencia, lo que ha levantado sospechas fundadas de corrupción tanto en el gobierno de Vicente Fox como en el órgano fiscalizador", asegura Di Costanzo.