En marcha, guerra sicopolítica impulsada por terroristas tupamaros: general Iván Paulós
Critican ex militares represores uruguayos a jueces que intentan acabar con impunidad
Buenos Aires, 12 de septiembre. Unos 200 ex miembros de las fuerzas armadas que formaron parte de los cuerpos represivos de la dictadura uruguaya (1973-1985) criticaron duramente este martes a los jueces que dieron el primer paso contra la impunidad en el país sudamericano al ordenar el procesamiento definitivo de ocho militares y dos policías involucrados en crímenes de lesa humanidad, entre ellos los cometidos en el contexto de la Operación Cóndor, un pacto criminal entre las tiranías del Cono Sur.
Mientras Uruguay se conmociona ante este primer golpe contra la impunidad, el rechinar de dientes de los militares se advirtió el pasado lunes durante el sepelio del coronel retirado Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien se suicidó el domingo pasado cuando Interpol intentó detenerlo en su casa después de la histórica resolución del juez Luis Charles de procesarlo junto con otros ex integrantes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas.
Esta resolución se produjo en el contexto de la investigación sobre el caso de un militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Adalberto Soba Fernández, secuestrado por el grupo en Buenos Aires, el 26 de septiembre de 1976, y luego trasladado y asesinado en Montevideo.
Además, los militares argentinos y uruguayos robaron el dinero del PVP, como consta en el expediente del juicio.
Rodríguez Buratti estaba acusado -entre una serie de crímenes- de participar en el operativo que trasladó a principios de 1977 a María Claudia García de Gelman y su hija recién nacida, Macarena -recuperada 24 años después de una dramática búsqueda por su familia-, desde la denominada Base Valparaíso, en Montevideo, a los campos del Batallón 14, donde fue asesinada y enterrada, después de quitarle a la niña.
El lunes anterior el general retirado Iván Paulós, de los grupos más duros de la pasada dictadura uruguaya, dijo en el entierro de Rodríguez Buratti que esta muerte era "la primera baja de combate en esta guerra sicopolítica de la que el ex coronel fue víctima (...) manejada a su antojo por los terroristas tupamaros y sus aliados, derrotados militarmente ayer y que hoy, desde sus nuevas posiciones políticas, ejercen y se vanaglorian de su revanchismo".
Los otros procesados son el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, los coroneles retirados Gilberto Vázquez, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Luis Maurente; Manuel Cordero, quien se fugó a Brasil y para quien el juez Charles libró orden de captura internacional, así como el militar Ricardo Arab y los ex policías Ricardo Medina y José Sande Lima.
También sobre ellos están pendientes varias solicitudes de extradición de la justicia argentina por su documentada participación en operativos conjuntos de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones realizados en este país en el contexto de de la Operación Cóndor.
"Los que protestaron no tienen prestigio alguno, no existen y conformaron la cúpula militar de la dictadura y los servicios de inteligencia. No tienen respaldo e inclusive han perdido el que tenían en alguna prensa de derecha", dijo a La Jornada el periodista y dirigente del PVP, Hugo Cores.
También afirmó que este primer gran paso contra la impunidad en Uruguay es "resultado de 30 años de denuncias y presentaciones judiciales en busca de la verdad y la justicia".
Al PVP habían pertenecido los 22 militantes que fueron llevados a Montevideo en el llamado "segundo vuelo", donde también fue trasladado Soba desde el "infierno" de Automotores Orletti y presuntamente la joven María Claudia de Gelman, entre otros cinco argentinos que viajaron hacia la muerte con los trasladados uruguayos en ese trágico octubre de 1976.