La mayoría de los problemas tienen origen económico
El país enfrenta 432 casos de conflicto social, alerta Serapaz
Durante el primer semestre del año, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) identificó 432 "casos de conflictividad social" en México, que tienen origen en el narcotráfico, la migración, el accidente de la mina Pasta de Conchos, la demanda creciente de agua en el país, la detención de la periodista Lydia Cacho, los homicidios de informadores, las elecciones del 2 de julio, las reformas a la Ley de Radio y Televisión, los enfrentamientos en Texcoco y Atenco, así como el conflicto magisterial, con su expresión más fuerte en Oaxaca.
Según el informe de la organización impulsada por el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, la mayoría de los sucesos surgieron por disputas económicas, más que cuestiones de carácter político o luchas de poder, con obreros-empleados ubicados como los más demandantes. Oaxaca, Guerrero y Chiapas fueron considerados los estados con los más altos niveles de disputas.
La organización no gubernamental consideró que en su mayoría los casos detectados son "difíciles de manejar aisladamente, pues se imbrican en sistemas complejos, generando subconflictos" que envuelven a sectores sociales importantes, tanto numérica como cualitativamente.
Tras conformar el Observatorio de la Conflictividad Social en México, Serapaz afirmó que de enero a junio de este año de gobierno del presidente Vicente Fox, los problemas se incrementaron mes, con mes, "sin que podamos afirmar que esta será la tendencia anual". Y éstos se iniciaron justamente con las revisiones contractuales realizadas por sindicatos de trabajadores.
Lo acontecido en Pasta de Conchos, en febrero, sirvió para que la agrupación social ejemplificara sobre el cúmulo de problemáticas que se presentaron durante los primeros seis meses de 2006, y que aún no se resuelven. "En efecto, al intentar desviar la atención de los sucesos en ese lugar (de Coahuila), el gobierno federal desconoció al líder sindical (de los mineros, Napoleón Gómez Urrutia) y con ello incrementó el número de focos de conflictividad y la propia intensidad". Así, continuó, "la espiral de violencia empujó a nuevas complicaciones, no solamente en el plano político y jurídico, sino fundamentalmente social, favoreciendo la represión con varios muertos".
No obstante, Serapaz se cuidó de concluir que "existen prácticas viciadas y de desconfianza en los procesos de negociación que se abren, pues el seguimiento que hemos dado a los conflictos no nos permite aún ahondar en ellos, porque nuestras fuentes no nos permiten obtener más información sobre el particular".
También destacaron que el acceso a los medios de comunicación estuvo, durante el lapso analizado, "directamente relacionado con la cercanía y la afinidad ideológica", como ocurrió con el recorrido de la otra campaña, encabezada por el delegado Zero, además de detectar que "algunos de los conflictos tuvieron mayor visibilidad cuando fueron retomados por los candidatos presidenciales" durante sus campañas políticas.
Serapaz aceptó que no todos los perfiles de los grupos involucrados en los 432 hechos contabilizados fueron plenamente definidos, pues muchos se conformaron al momento de surgir un problema, pero sí pudo constatar que un protagonista importante fue el Ejecutivo estatal de cada una de las entidades donde surgieron los conflictos.
En el periodo estudiado registró que casi uno de cada cinco conflictos fue protagonizado por obreros o empleados agrupados en un sindicato y que fueron los mineros los que acapararon la atención en los medios, al igual que los maestros.
También destacó que la detención de Lydia Cacho y el narcotráfico en el semestre referido causaron un conjunto de "sistemas de conflictividad social que tienen en común, en parte, el incumplimiento cabal de la legalidad, la honda sospecha de complicidades entre autoridades y criminales y la impunidad".