El tiempo intermedio
Los dos meses pasados tienen la gracia de las expectativas de menor nivel. Ya no se trata de definir la Presidencia de la República, -en el caso actual en un mar de dudas y con alternativas de todo género- sino de ir adivinando el nombre de los candidatos a ocupar secretarías de Estado y otros puestos fundamentales como son las direcciones generales de los organismos paraestatales de mayor importancia: IMSS, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y otros más que se me olvidan.
Pero tampoco se trata de ponerle nombre a los puestos sino de definir las políticas a seguir por un régimen que se anuncia conservador, aún no se sabe si tanto o menos que el actual, pero que no puede dejar de considerar que la mitad de la población, poco más o menos, está del otro lado y que un experimentado político, además luchón, se va a convertir en un crítico permanente de la conducta estatal. Si los resultados confirman las críticas, la situación no va a ser tan fácil.
Hay por supuesto la alianza, antes inconcebible, entre el PRI y el PAN. Entre ellos y con alguna sucursalita por ahí, constituyen mayoría. Me falla la memoria para poder afirmar que representan, por lo menos, las dos terceras partes de los miembros eventualmente presentes en el Congreso de la Unión y si, además, pueden constituir la mayoría en las legislaturas de los estados. Sólo así podrían llevar a cabo las reformas constitucionales tan ansiadas por el gobierno actual.
Esas reformas, de acuerdo con los antecedentes, serían en materia energética, fundamentalmente, sin olvidar la tan discutida reforma a la Ley Federal del Trabajo. Respecto de la primera, Josefina Vázquez Mota ha dicho que no es el propósito del nuevo gobierno privatizar Pemex o la CFE. Entonces, habría que pensar que los intentos de reforma atenderían sólo a la administración de ambas empresas. Esa es materia abundante. Simplemente es inaceptable que Pemex no se encuentre en capacidad de desarrollo, pese a los precios elevadísimos que ha tenido el petróleo porque 60 por ciento de sus ingresos se convierte en impuestos.
Hay otra reforma, la de la LFT que nos ha tenido ocupados por casi dos años a partir del que fue conocido como "Proyecto Abascal" y que mereció un rechazo notable.
El problema es que la estructura actual del sindicalismo mantiene en esencia el famoso corporativismo: sindicatos supeditados al Estado, lo que se manifiesta sobre todo en la lealtad perruna que le guarda el Congreso del Trabajo y sin la menor duda, la CTM. Ambas estructuras corporativas, tradicionalmente vinculadas al PRI, harían alianzas efectivas con los representantes del PAN en el Congreso de la Unión, para obtener reformas laborales que podrían intentar justificarse en las corrientes dominantes en el mundo que anteponen el interés de los empresarios al de los trabajadores.
Hoy la productividad y la competitividad se invocan como intereses superiores a la justicia social y, por lo mismo, al estado de bienestar. En los congresos recientes a los que he asistido en días pasados en París y en Lisboa, ese fantasma que recorre el mundo ha estado presente sin la menor duda, justificando la eventual desaparición del derecho del trabajo, que hoy se funda en el invento de relaciones civiles o mercantiles para sustituir a las laborales, en la cancelación de la estabilidad en el empleo y en el alquiler de trabajadores para que no sean propios y no haya obligaciones de participarles en las utilidades o responsabilidades por despido.
En esos términos me parece que las organizaciones sindicales independientes deben tomar nota de esos riesgos y hacer valer su fuerza, siempre evidente, por encima de decisiones legislativas contrarias a los intereses de los trabajadores. No hay que olvidar que el derecho del trabajo nació a contracorriente.
Ahí está un buen material de trabajo para la oposición al gobierno panista. Andrés Manuel López Obrador no debe olvidarlo. Y en los dos meses que faltan para la toma de posesión, se pueden hacer muchas cosas. Y después, también.