El ex funcionario de la Cofetel admitió su culpa y devolvió el dinero para reparar el daño
Exculpan de desvío de recursos públicos a un hijo del secretario de la Defensa
Un juez federal exculpó al ex coordinador general ejecutivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Guillermo Enrique Cervantes Martínez, hijo del ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Enrique Cervantes Delgado, acusado de desvío de recursos públicos en ese organismo público.
El juzgado sexto de distrito de procesos penales federales, Alejandro Vértiz Caballero, decretó la libertad del ex funcionario, quien fue acusado de simular 46 viajes de trabajo para la inspección, verificación y radiomonitoreo de instalaciones. También simuló la contratación de servicios de 25 notarios públicos, todo por un monto cercano a 800 mil pesos.
Anteriormente, a Cervantes Martínez el quinto tribunal colegiado le negó un amparo y el tercer tribunal unitario revocó el auto de libertad que en primera instancia le otorgó el juez Vértiz Caballero.
Los reveses jurídicos en los dos tribunales federales se dieron en virtud de que inclusive el ex funcionario de la Cofetel aceptó su responsabilidad, como demuestra el hecho de que devolvió a la Tesorería la cantidad desviada a través de dos cheques del Banco del Ejército (Banjercito).
El ex funcionario de la Cofetel regresó en abril del 2001 la cantidad que presuntamente fue desviada entre los años 1999 y 2001 de los rubros de viáticos pasajes nacionales y de la contratación de servicios.
En esa fecha, el propio Cervantes Martínez entregó los cheques número 0490182, por 330 mil pesos, y el número 0521240, por 450 mil 584, con el propósito de reparar el daño causado a los fondos que maneja la Cofetel.
Además, en contra del ex funcionario hubo los señalamientos de 16 testigos, entre ellos el de Alejandro Aréstegui Sada, quien subrayó que Cervantes Martínez le señaló en marzo del 2001 que devolvería el dinero de los ocho viajes no realizados en 1999 y de los otros 38 que igualmente no fueron consumados en 2001, así como de la inexistente contratación de 25 notarios públicos. No obstante, el juez Vértiz Caballero determinó su absolución.