Anuncian la formación de la OPO para validar sus derechos y solucionar el conflicto

Deciden priístas de Oaxaca "restablecer el orden y la paz social en el estado"

El gobierno federal, irresponsable por no hacer uso "implacable de la ley", acusan

ENRIQUE MENDEZ Y OCTAVIO VELEZ ENVIADO Y CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 16 de octubre. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Oaxaca finalmente hizo pública su decisión de romper barricadas y "llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer el orden, el estado de derecho y la paz social" en el estado, y advirtió que si el gobierno federal -al que responsabiliza de la falta de aplicación "implacable de la ley"- no actúa, asumirán una posición dura. Si no se detienen los "desmanes y vandalismos, nosotros vamos a solucionar el problema", sostuvo el dirigente del sector popular priísta en la entidad, Elpidio Concha Arellano.

En un documento dado a conocer al término del foro Las otras voces, los líderes de la CNOP, CNC y del organismo de mujeres del PRI anunciaron la formación de un frente denominado Organizaciones del Pueblo de Oaxaca (OPO), con el que -asegura- se harán "válidos nuestros derechos de expresarnos y participar en la construcción de una solución al conflicto".

Sin embargo, esta "solución" pasa primero por la formación de grupos de choque para retirar barricadas, borrar las pintas hechas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y el magisterio, y pedir en las paredes "solución al problema".

"Nos comprometemos a realizar las acciones necesarias para restablecer el orden, el estado de derecho y la paz social", expresa un documento difundido por los dirigentes de los sectores popular y campesino del PRI, Javier Villacaña y Elpidio Concha, respectivamente, así como la lideresa de mujeres priístas, Rosa Nidia Villalobos.

En el mismo tono del discurso oficial, las organizaciones priístas afirman que "de manera responsable y tolerante" han esperado que se definieran las bases para construir una salida negociada, "no en la descalificación y el chantaje". Pero, advierten, esto no ha sido así, y "la sinrazón de los grupos radicales mantiene secuestrada la ciudad de Oaxaca y se siguen violentando los derechos ciudadanos de muchos oaxaqueños".

Los priístas atribuyeron la responsabilidad de que se mantenga el conflicto al gobierno federal, al que acusan de omiso. "Su falta de acción ha agravado la situación y ha permitido que se dañen los derechos constitucionales a la educación de un millón 300 mil niños, a los que se niega cualquier futuro promisorio."

Como lo hizo el gobernador Ulises Ruiz Ortiz el fin de semana, los sectores del tricolor aseguraron que detrás del conflicto está el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y señalaron: "la injerencia tendenciosa de grupos políticos con intereses plenamente identificados y vinculados con el PRD ha echado leña al fuego. El hartazgo y la desesperanza que llenan el ánimo de todos nos obliga a manifestarnos y alzar nuestras voces".

Según los líderes priístas, la sección 22 y la APPO han "llegado al grado de demandar la ingobernabilidad cuando la han propiciado con sus desmanes y vandalismos. La violación flagrante a la ley es tema cotidiano. Las barricadas, la toma de edificios públicos, la agresión a funcionarios, el secuestro de radiodifusoras particulares, la quema de autobuses, el cierre de calles, el daño al patrimonio histórico y cultural de la humanidad y a casas particulares son, desgraciadamente, algo latente que nos lastima, sin que se haga algo para resolverlo".

Esa posición confirma las versiones de que el PRI organiza grupos de choque con comerciantes de la central de abasto y del mercado de artículos electrónicos de contrabando, e inclusive se había incluido a locatarios del mercado del centro histórico, aunque estos últimos se deslindaron hoy, y denunciaron que la alcaldía, por instrucciones del gobierno del estado, les canceló el servicio de agua potable desde hace tres semanas, en represalia por su negativa a sumarse a los operativos de desalojo del primer cuadro de la ciudad.

A este hecho se suma la salida que se preparaba, para la madrugada del martes, de decenas de autobuses desde distintos municipios de esta ciudad, con personas que participaron en una movilización multitudinaria hacia el DF, "en apoyo al gobernador", quien acordó esta acción el fin de semana con empresarios.

Fallido regreso a clases

Asimismo, al vencer hoy el ultimátum de la Secretaría de Gobernación al magisterio para el regreso a clases, sólo operaron las escuelas que la disidencia de la sección 22 ha abierto, unas mil, según sus cálculos.

La semana pasada, ante el anuncio de que los maestros analizarán la probable reanudación de cursos hasta que el Senado decida sobre la solicitud de desaparición de poderes, Gobernación anunció que el gobierno federal asumiría "otras alternativas", incluida el uso de la fuerza pública.

Sin embargo, en la capital del estado y los municipios conurbados sólo unas pocas escuelas reanudaron clases con profesionistas que se han acercado a las comunidades.

Fue el caso de la escuela Piedad Banuet, en la colonia La Experimental, que fue reabierta por segunda semana por los padres de familia, pero en la acera de enfrente no pudieron abrir el jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz, donde se apostaron educadoras para impedir que las autoridades municipales violaran los candados.

Por su parte, este día la secretaria de Asuntos Jurídicos del Consejo Central de Lucha (CCL), Alma Rosa Fernández, aseguró que unos 15 mil maestros se integrarían a la nueva sección 59, anunciada el domingo por Elba Esther Gordillo.

Explicó que el objetivo de esta base magisterial no es la destitución del secretario general de la sección 22, Enrique Rueda Pacheco, porque de darse la toma de nota en favor del CCL tendrían su propio esquema organizativo. "No vamos a regresar a la sección 22 y si destituyen a Rueda o lo encarcelan, eso es ajeno a nosotros", declaró.

También, este día se dio a conocer parte de las respuestas de Gobernación al pliego de 17 puntos del magisterio, referente al pago de cuotas, después de que Elba Esther Gordillo aseguró que está "planchadito" un acuerdo con Felipe Calderón para la entrega de más de 4 mil millones de pesos al SNTE que ella controla.

En su respuesta a ese punto, Gobernación aseguró que el gobierno de Ulises Ruiz asumió "el compromiso de revisar y analizar las implicaciones jurídicas, técnicas y financieras que deriven de esa solicitud", y a "coadyuvar con la sección 22 en la gestión ante el CEN del SNTE para que se satisfaga esta petición, así como una reunión con la dirigencia nacional" que permita lograr ese fin.

Y añade: "la cantidad que en concepto de cuotas sindicales se entrega quincenalmente al SNTE, asciende a 2 millones 143 mil 261.28 pesos y se transfiere por vía electrónica al CEN del SNTE". Esto es, al año el sindicato de Gordillo recibe 51 millones 438 mil 270.72 pesos de cuotas de los maestros, que ya cumplieron cuatro quincenas de salarios retenidas, pero a la sección sólo le regresa 220 mil pesos mensuales, es decir, 3 millones 240 mil pesos al año.

Mientras, esta mañana el agente de la policía ministerial del estado José Luis Díaz Cruz, quien fue retenido el 15 de agosto pasado por pobladores de San Bartolo Coyotepec y miembros de la APPO, murió al volcar su vehículo VW, modelo Jetta, sobre la carretera internacional Cristóbal Colón, a 51 kilómetros de esta ciudad.

Por la noche, la APPO detuvo al policía Efraín Palma Flores, escolta del director de Seguridad Pública estatal, Francisco Santiago José, cuando salía del inmueble por la parte posterior, en compañía de otros tres oficiales, que lograron huir en una camioneta Ford. La organización civil informó que presumiblemente los policías extraían armas del edificio, ubicado en las inmediaciones de la casa de gobierno -ambos tomados por brigadistas- y a Palma Flores se le encontraron tres pistolas escuadras, dos de ellas calibre 45 y una 9 milímetros, que reconoció como suyas, así como tres cargadores con cartuchos útiles. Tanto el policía como las armas y las balas fueron puestos a disposición de la mesa de incidencias que mantienen la APPO y Gobernación.