Editorial

Desgobierno estatal y autoritarismo legislativo

La negativa de senadores panistas y priístas a declarar la desaparición de poderes en Oaxaca condena a esa entidad a avanzar un tramo más hacia el abismo de la violencia ­la de los provocadores y matones locales o la de la represión por fuerzas federales, o ambas­ y presenta, de paso, una radiografía muy precisa de la situación que impera en el grupo gobernante.

El dictamen aprobado ayer en Xicoténcatl con los votos panistas, priístas y verdes es representativo de esa ambigüedad que empieza a volverse característica de las instituciones en el momento actual, y que consiste en formular un reconocimiento explícito de los problemas para, a renglón seguido, resolver que no hay razón para resolverlos. Cabe recordar, a este respecto, el fallo emitido por el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, en el que se admitió que el proceso electoral de este año había estado viciado por intervenciones indebidas ­la presidencial, la patronal, la de grupos de interés económico y mediático, entre otras­, pero dio por válidos los comicios y proclamó presidente electo a Felipe Calderón sobre la base de un recuento de sufragios por demás dudoso. En forma parecida, ayer los senadores de la coalición gobernante (Acción Nacional más Revolucionario Institucional, auxiliados por la franquicia del Verde Ecologista) reconocieron que en Oaxaca existe ingobernabilidad; el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, califica inclusive de "intolerable" la inseguridad que viven los oaxaqueños: tales consideraciones, sin embargo, no ameritaron, a juicio de los legisladores de la mayoría, que se declarara la desaparición de poderes.

El razonamiento más elemental indica que si una autoridad estatal no puede realizar sus tareas elementales, empezando por la de garantizar un mínimo nivel de seguridad a sus gobernados, resulta imprescindible removerla y sustituirla. Pero, a lo que puede verse, los legisladores oficialistas están más preocupados por preservar la compleja red de intereses que vincula al grupo en el poder que en atender razones.

En efecto, la crisis oaxaqueña ­como pudo percibirse ayer con claridad meridiana­ constituye, hoy por hoy, el centro de las negociaciones entre los dos componentes partidistas principales de la coalición de facto entre los calderonistas, el PRI y lo que queda del foxismo. Los primeros saben que el tricolor les resulta indispensable ya no se diga para gobernar, sino inclusive para lograr que Felipe Calderón logre tomar posesión como titular del Ejecutivo federal; los priístas, replegados en sus núcleos duros de cacicazgos regionales y corporaciones corruptas, también lo saben, y exigen, a cambio del apoyo a Calderón, la conservación de Ulises Ruiz en la gubernatura, así sea por medio de la violencia represiva. La presidencia foxista, por su parte, busca dar largas al conflicto para no agregar a su expediente, de por sí desastroso, la carga de un cierre sangriento.

En toda esta trama los priístas han conseguido convertirse en protagonistas reales del poder, como evidenció el fallo del Senado, a pesar de que no son ni la primera ni la segunda fuerza electoral, sino la tercera. Ello no sólo es indicativo de la proverbial astucia política de los antiguos amos de los cargos públicos, sino ilustra de manera dramática la debilidad del actual presidente y la extrema vulnerabilidad de quien aspira a sucederlo. Más importante aún, la confabulación panista-priísta por mantener en el cargo a Ruiz Ortiz contra viento y marea deja ver el colapso final de las intenciones panistas por distinguirse, así fuera en algunos matices, del poder corrupto, autoritario e insensible construido a lo largo de décadas por el Revolucionario Institucional. Hoy, a semejanza de lo que ocurría en los años 80, 70 y 60 del siglo pasado, los detentadores del poder público se disciplinan y cierran filas, sin que les importe el precio político, social y humano, en la defensa a ultranza de uno de los suyos.

Mientras tanto, en Oaxaca, desde los cuerpos de seguridad estatales se sigue promoviendo el homicidio de integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ya van diez. Y no es nada tranquilizadora la "oferta" de enviar a la Policía Federal Preventiva. Sobre todo, si se recuerda el comportamiento de esa corporación hace unos meses en el conflicto Texcoco-Atenco, donde los efectivos federales se sumaron a los estatales en la brutalidad, la barbarie y la violación masiva de derechos humanos.