Se ejecutará después del regreso a clases
No intervendrá la PFP en inminente operativo
En Gobernación persiste el plan de remover a Ruiz
El gobierno federal no desplegará elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en el inminente operativo para "recuperar el orden" en Oaxaca, programado tras el regreso a clases en aquella entidad.
En la Secretaría de Gobernación mantienen cuatro escenarios para solucionar el conflicto: un operativo con las policías estatal y municipal de Oaxaca, al mando de un subsecretario del gobierno federal, con el propósito de liberar las principales vías de comunicación de la zona. Al mismo tiempo, en la dependencia persiste el plan de promover la salida del gobernador Ulises Ruiz.
"Ese aspecto (la eventual salida del mandatario estatal) tiene que caer por su propio peso. Es claro que el gobernador no está actuando como debiera", señalaron fuentes de alto nivel de Gobernación.
Otro punto en la agenda de Bucareli se refiere a dar cumplimiento al pliego de peticiones de la sección 22 del magisterio, sustentado en una bolsa presupuestal para el gremio de hasta 280 millones de pesos al año, y aplicar diversos programas para la reparación de daños y remozamiento
de la capital oaxaqueña, con base en recursos federales.
Las fuentes consultadas señalaron que, por cuestiones de estrategia, no revelarán el día del operativo policiaco ni el nombre del funcionario que se encargará de controlarlo, aunque desde hace dos semanas se sabe que se propone a Rafael Ríos, subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
En Gobernación cuentan también con informes, entregados por los órganos de inteligencia gubernamentales, acerca de la conformación e intenciones de diversos grupos que integran la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), así como la forma de desactivarlos, una vez que el magisterio regrese a clases y, en los hechos, se diluya su fuerza.
En tanto, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, advirtió que los gobiernos federal y estatal no pueden ya eludir el clima de inseguridad que prevalece en Oaxaca, por lo que están listas las medidas policiales, con mandos federales, para solucionar el problema que ha derivado en al menos una decena de muertes violentas de integrantes de la APPO.
"No podemos tolerar (más muertos). La sociedad oaxaqueña no puede tolerar, el país no puede tolerar el nivel de inseguridad que hay hoy en la ciudad de Oaxaca; es una responsabilidad que ya no puede eludir nadie; el gobierno del estado, en primer lugar, que es responsable directo de la seguridad en la ciudad y en el estado", declaró el funcionario.
En entrevista al término de la novena reunión anual de la Comisión de Grandes Empresas y Asociaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Abascal Carranza comentó que después del resolutivo de la Cámara de Senadores (que determinó no declarar la desaparición de poderes en Oaxaca), esto significa que sólo se agotó un cauce institucional: "El Senado resolvió lo que tenía que resolver", dijo.
Al salir del salón Pegaso del Hotel Nikko, informó que ya está listo el "acuerdo marco, el convenio" con la administración del priísta Ulises Ruiz para instrumentar el operativo policiaco referido, "porque no se puede seguir enfrentando ese nivel de inseguridad".
Hemos insistido, agregó, justamente en las negociaciones con el magisterio, "para el gran tema de este regreso a clases que parece estar en el cauce correcto". También sigue vigente la firma de un pacto de gobernabilidad en la entidad, cuyo sustento es -en el contexto de una reforma del estado- cambios a la Constitución local para incluir las figuras de plebiscito, referéndum y revocación de mandato.
Como se difundió a principios de octubre, la Secretaría de Gobernación propuso la puesta en marcha de un operativo para romper los bloqueos de la APPO, con base en el uso de fuerzas federales, especialmente de la PFP.
Ante ello, la comisión de la APPO (integrada por 14 dirigentes de organizaciones sociales y un número igual de delegados del magisterio) puso en la mesa de negociación una contrapropuesta: que fuera el gobierno federal el que tomara el control de los cuerpos policiacos de la entidad, así como del agrupamiento municipal, como alternativa para evitar que - consideró la APPO- dichos elementos cometieran más abusos contra quienes exigen la salida de Ulises Ruiz.
Gobernación aceptó esa contrapropuesta y, después de que regresen a laborar los 70 mil profesores de Oaxaca, Abascal estuvo de acuerdo en "restablecer el orden" con ese mecanismo.
También se mantiene -pese al ultimátum dado al magisterio del viernes pasado- la propuesta de los profesores que incluye dotar de autonomía política y económica a la sección 22 del SNTE, disidente de la dirigencia nacional.
"Estaríamos anuentes a restablecer el contenido de esa oferta, porque de lo que se trata hoy, por encima de todo, es que los niños de Oaxaca recuperen la oportunidad de estudiar.
"Eso es lo número uno y, junto a ello, está el tema de la recuperación de la seguridad en la ciudad de Oaxaca. Estaríamos avanzando de manera importante en la solución del problema. Ellos fueron quienes nos hicieron la contrapropuesta y nosotros lo aceptamos. Estamos listos para instrumentar esa decisión", respondió Abascal Carranza a pregunta de La Jornada.
La propuesta al magisterio incluye, en el punto 17, revisar los casos de los ciudadanos -mencionados por la sección 22- que se encuentren presos o sujetos a proceso penal, "dentro del marco jurídico de cada caso concreto".
Respecto del asesinato del profesor Serafín García Contreras, Gobernación señaló que el gremio tiene a su disposición la Fiscalía Especial para Asuntos del Magisterio "para que se profundicen las investigaciones en la averiguación previa correspondiente y, en su momento, se ejercite la acción penal". También existe el compromiso de impulsar el reconocimiento legal de "radio plantón".
Antes de comer con integrantes de la Coparmex, Abascal recibió en su oficina a Jorge Alcocer, nombrado ayer enlace legislativo del equipo de transición del presidente electo, Felipe Calderón.