Usted está aquí: viernes 20 de octubre de 2006 Política Uso discrecional de fondos públicos en la Corte y en la Judicatura: ASF

Señala la manipulación de medidas de disciplina

Uso discrecional de fondos públicos en la Corte y en la Judicatura: ASF

JESUS ARANDA

El pago discrecional de bonos en el Poder Judicial de la Federación es una práctica común, a pesar de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina establecidas en los presupuestos de egresos anuales de los años recientes.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) otorgan a ministros y consejeros apoyos económicos extraordinarios que alcanzan hasta siete meses de su sueldo (que nominalmente es de 239 mil pesos mensuales), adicionales a otras percepciones como vacaciones o aguinaldos.

De acuerdo con la fiscalización de recursos de la Judicatura Federal correspondiente a 2004, que es la más reciente, de los mil 568 millones de pesos destinados por el máximo tribunal a los "servicios personales", 66.1 por ciento (un mil 037 millones 894 pesos), correspondió al pago de prestaciones.

De éstas, el pago por "otras prestaciones sociales y económicas" se incrementó en 143 millones 935 mil pesos de 2003 a 2004, lo que representó 19.3 por ciento más de lo asignado originalmente, mientras el rubro "pago de estímulo a servidores públicos de mando y enlace" aumentó en 10 millones 970 mil 400 pesos, es decir, 7.8 por ciento más que el presupuesto original.

Si bien la gran mayoría de los empleados de la Corte y del CJF reciben un bono cuatrimestral equivalente a un mes de sueldo, existen otros incentivos económicos que se distribuyen de manera discrecional; entre mayor es el cargo, mayor es el bono.

De acuerdo con la ASF, el premio denominado "estímulo por áreas" se entregó en la Corte por un monto total de 19 millones 263 mil 400 pesos; las compensaciones a la "presidencia y por decanato" sumaron un millón 386 mil pesos y la "ayuda para el fomento de la cultura de la legalidad" ascendió a 44 millones 359 mil 100 pesos.

El común denominador de estos incentivos fue que en la justificación de dicho gasto "no se precisaron los factores de valoración que sirvieron de sustento para su pago, lo cual resta transparencia al otorgamiento de esas prestaciones, en contravención con el artículo 46, párrafos segundo y tercero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004".

Llama la atención que la adjudicación de esta prestación no exigió la comprobación del gasto efectuado; así las cosas, cada uno de los 11 ministros recibió el equivalente a cuatro meses de sueldo; el oficial mayor y el secretario de acuerdos, secretarios de estudio y cuenta, contralor de la Corte, secretarios particulares de los ministros, dos meses; otros directivos un mes.

En este contexto, la ASF señaló que la Corte no estableció "los lineamientos, criterios o factores de valor bajo los cuales se determinó quiénes tenían derecho a la prestación y cuáles serían los montos que se otorgarían a cada nivel", como tampoco se informó mediante qué documentación se podría comprobar que el personal al cual se le otorgó la prestación "contribuyó a fomentar entre la sociedad mexicana los valores para alcanzar un auténtico estado de derecho".

Además, la distribución que hicieron los funcionarios de esos bonos entre su personal fue totalmente a discreción y según el parecer del mando.

Otro de los señalamientos que hace la Auditoría es que la Corte no cumplió con los criterios de austeridad al utilizar la cantidad programada para 106 plazas no asignadas para cubrir el pago de aquellas de nueva creación y sufragar incrementos en las erogaciones por concepto de "reconocimiento especial al personal operativo, gratificación de fin de año y ayuda de despensa de fin de año".

Respecto al Consejo de la Judicatura Federal, del cual el ministro Mariano Azuela también es presidente, la ASF señaló que "no hay un cumplimiento de las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal.

"Existe falta de transparencia en el otorgamiento de estímulos por concepto de pago por anticipo de estímulo de fin de año 2004", que fue un pago "por única vez de apoyo para el desarrollo personal y profesional 2004, el pago complementario de estímulo de fin de año 2004 para personal operativo, de mandos medios y superiores de oficinas centrales y foráneas".

Precisa el documento que si bien estas erogaciones se apegan a las disposiciones legales, el CJF "no precisa el criterio para su otorgamiento y la naturaleza de los mismos".

Agrega que el pago por concepto de ayuda para publicaciones -con un esquema similar al de la Corte, con cuatro meses de sueldo para cada uno de los siete consejeros-, fue autorizado por el propio pleno del Consejo, "sin que éste tenga un objetivo claro que permita conocer la razonabilidad para su otorgamiento, además de que no establecen lineamientos, criterios o factores de valor bajo los cuales se determinaron los montos a entregar".

 
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