Fallaron las instituciones en Oaxaca
Con la aprobación del dictamen de no procedencia de la desaparición de poderes en Oaxaca por parte del Senado de la República y los recientes homicidios perpetrados en contra de Alejandro García Hernández y Pánfilo Hernández, ambos participantes en el movimiento social y magisterial oaxaqueño, la crisis política y social que vive este estado ha entrado en una fase sumamente delicada y crítica. A la luz de estos recientes acontecimientos ha quedado totalmente claro que las salidas jurídicas institucionales han fracasado, y lo que se avizora es la utilización del recurso de la violencia como el camino para tratar de acallar las justas exigencias sociales.
Como ha sucedido una y otra vez en este agraviado país, hoy día la Cámara de Senadores nos ha demostrado que los argumentos fundados en la ley y las exigencias básicas de la sociedad están muy por debajo de los intereses políticos y económicos de quienes dicen gobernarnos. Que las palabras y las razones de los ciudadanos no cuentan. Lo único realmente válido para la clase política actual, agrupada en los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México, son los intereses que ahora los une, y que son ajenos al sentir generalizado de los mexicanos. Este hecho no es nuevo para nosotros, pues basta con recordar que fue precisamente en la Cámara de Senadores donde en el año 2001 se dio la negativa para reconocer los derechos indígenas, tal como había sido pactado en los Acuerdos de San Andrés.
Aunque los senadores no quieran verlo ni aceptarlo, las causales que establece el artículo segundo de la Ley Reglamentaria del artículo 76, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de Oaxaca están jurídicamente fundadas por las siguientes razones:
a) Los titulares de los poderes constitucionales, en especial el Ejecutivo estatal, han abandonado el ejercicio de sus funciones durante todo el tiempo que ha durado el actual conflicto. Pero no sólo eso. Como es del conocimiento de la opinión pública, el titular del Ejecutivo estatal abandonó sus funciones constitucionales desde el año 2005 para dedicarse de tiempo completo a la campaña político-presidencial en favor del candidato del PRI. En este periodo delegó sus funciones en el entonces secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, quien desde los hechos asumió la gubernatura del estado y es el principal responsable del fallido desalojo que sufrieron los maestros el día 14 de junio.
b) Durante todo el periodo que lleva el actual problema, los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se han visto imposibilitados físicamente para el ejercicio de sus funciones, por un conflicto que ellos mismos han propiciado, lo cual ha afectado de manera profunda la vida del estado. Durante la reciente visita de la Subcomisión de Senadores a Oaxaca, se expusieron todos los argumentos y pruebas en relación a que la actual situación de inconformidad y rebeldía ciudadanas se debe a la corrupción, el autoritarismo y la violencia con que se ha querido gobernar. Se demostró que en Oaxaca impera un régimen caciquil que ha sembrado violencia y confrontación a lo largo y ancho del territorio estatal. Se dieron muestras palpables que en Oaxaca no existe la separación de poderes, en donde los diputados y jueces hacen lo que les ordena el "señor gobernador". Se acreditó que en Oaxaca se violan de manera constante y sistemática los derechos fundamentales de los individuos y colectivos, en particular de aquellos tradicionalmente excluidos y marginados, como los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las colonias populares. Todas estas cuestiones constituyen la causa profunda de la ingobernabilidad que vive Oaxaca y así fue debidamente expuesto a los senadores, a fin de que lo tomaran en cuenta a la hora de elaborar su dictamen.
c) Un hecho adicional que es necesario resaltar es la prórroga de un año que los legisladores hicieron en sus funciones. Aprovechando la actual crisis política, los diputados locales emitieron a finales del mes de septiembre una reforma a diversas disposiciones de la Constitución local para incorporar ciertos derechos políticos electorales. En el artículo transitorio segundo de dichas reformas se estableció la prórroga del ejercicio de la legislatura actual del 13 de noviembre de 2007 al 30 de septiembre de 2008. Esta supuesta reforma, que contraviene las normas constitucionales federales, fue hecha a espaldas de los oaxaqueños, producto de la componenda de los legisladores locales con el inexistente Ejecutivo estatal, y es otra de las causas torales que acreditan la desaparición de poderes, ya que ello significa que dichos diputados permanecerán en sus cargos después de fenecido el periodo para el que fueron electos sin que medie la voluntad ciudadana.
Frente a estas razones jurídicas, nos extraña que aquellos que dicen defender las leyes y las instituciones hoy sean los primeros en cancelar la posibilidad de solucionar por la vía legal e institucional el conflicto oaxaqueño. Nos demuestran, sin embargo, que para ellos la ley y las instituciones sólo tienen razón de ser cuando van conforme a sus muy particulares intereses. Entonces sí se rasgan las vestiduras.
Y el hecho de que los gobernantes no tengan la capacidad para resolver los problemas que estamos viviendo, no significa que la sociedad tenga que abdicar en sus justas exigencias y aspiraciones. Frente a los agravios, la sociedad oaxaqueña tiene hoy la gran responsabilidad de reconstruir el tejido social, el orden público y la gobernabilidad mediante la vía del diálogo y la no violencia. No hace falta que vayamos al abismo, como los gobernantes lo están haciendo ahora. Sabemos que Oaxaca merece un nuevo mañana. Y ese mañana será producto de un nuevo acuerdo social y nuevas normas de convivencia que nos den paz, democracia y justicia a todos.