No olvidemos por qué mataron a Digna, expresa sacerdote
Defensores de derechos humanos recordaron ayer a la abogada Digna Ochoa y Plácido, asesinada el 19 de octubre de 2001.
El sacerdote jesuita Raúl Cervera Milán hizo un llamado para no olvidar el legado de Digna: "la cristiana es una religión de la memoria. No olvidemos a nuestros mártires; que no se nos olvide por qué la mataron", dijo en la misa oficiada -en un templo del sur de la ciudad de México- a cinco años de la muerte de la defensora de garantías.
Después, en entrevista, Cervera instó al gobierno federal y al estatal de Oaxaca a que no usen la fuerza pública para desactivar la movilización social en la entidad.
"Que tampoco ellos olviden que el origen de las protestas, desde las marchas hasta las guerrillas, es la injusticia, la desigualdad y la miseria en que viven millones de mexicanos."
En el caso de Digna, agregó, la investigación del caso fue "un proceso desaseado, por lo que debe repetirse. La gente que defiende sus derechos y su dignidad es brutalmente reprimida".
En el quinto aniversario de la "muerte bajo sospecha" de Ochoa, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad señaló que continúa la lucha por la integridad de los derechos básicos y las denuncias ante "el permanente hostigamiento" a los defensores.
En particular, piden al presidente electo Felipe Calderón el esclarecimiento de las muertes de Ochoa y Griselda Tirado Evangelista; protección eficiente para apoyar la labor de los defensores de derechos humanos; investigar el hostigamiento y un cabal cumplimiento a las medidas cautelares y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En la lista de quienes ejercen labor social y son sometidos a presiones diversas incluyen al obispo emérito de Tehuantepec, Oaxaca, Arturo Lona, agredido por pistoleros en 1995; David Fernández, amenazado de muerte ese año, y María Teresa Jardí, "hostigada sistemáticamente" en 1996.
Otras víctimas del hostigamiento son: Liliana Flores, dirigente de El Barzón; Alfredo Zepeda y Concepción Hernández, del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz; Araceli Muñoz, de la organización Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura; Samuel Ruiz, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; la abogada Pilar Noriega; el abogado Víctor Brenes, y José Rentaría, amenazado en 2001, entonces coordinador del Centro de Derechos Humanos Un'uJi Kandí.
La Red Solidaria lamentó que, a pesar de que en junio de 1999 los gobiernos de América reconocieron la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos, persisten -entre los gobiernos de la región- campañas difamatorias, amenazas, agresiones y en algunas ocasiones muerte.
La lista de defensores hostigados incluye a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra del Sur -excarcelados en 2002-; Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas, ambos de la comunidad de Coloradas de la Virgen, Chihuahua; Leonel Rivero, Bárbara Zamora, Arturo Solís, Felipe Arriaga, Albertano Peñaloza, Gustavo Jiménez Pérez, Dámaso Villanueva, Raúl Vera (obispo de Saltillo); Martín Amaru Barrios, Mario M. Ruiz, Marina Pagés, David Méndez, Erika Serrano, Efrén Cortés y Francisco Cerezo Contreras.