El sábado 28 vence el plazo que las convertiría en sólo prestadoras de servicios
Obligadas, trasnacionales a firma de nuevos contratos o saldrán de Bolivia
La empresa estatal asumiría la operación de los campos de empresas que no acepten
La Paz, 24 de octubre. En la recta final de las negociaciones de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) con las transnacionales petroleras que operan en el país -el plazo para que firmen nuevos contratos que las convierten en sólo prestadoras de servicios o salgan del país, vence el sábado 28- el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, señaló que en los nuevos contratos las empresas tendrán la obligación "de descubrir reservas", mediante planes de exploración e inversiones para el desarrollo de los campos.
En las negociaciones con las compañías nada está firmado, indicó Villegas, quien apuntó que ninguna empresa ha solicitado ampliación del plazo citado, si bien este lunes el presidente Morales subrayó que no se ampliaría el mismo. Las tratativas continuarán hasta el último minuto del sábado, agregó Villegas y convocó a conferencia de prensa para las 24 horas de ese día.
Será YPFB la que asuma la operación de los campos de las compañías que no migren hacia los contratos, según establece el decreto de nacionalización 28701.
Trascendió, por otra parte, que en la estatal petrolera boliviana se está elaborando un proyecto de restructuración de la misma para que, conforme al decreto de nacionalización de los hidrocarburos del pasado 1º de mayo, ésta intervenga en toda la cadena productiva y comercializadora petrolífera. Para ello absorbería las plantas de refinación de Petrobrás y los ductos de transportación controlados por Transredes, y se convertiría en una corporación.
Este proyecto será remitido la próxima semana al ministerio de Hidrocarburos y será el presidente de la República, Evo Morales, quien determine si se envía al Congreso como proyecto de ley o se viabiliza mediante decreto supremo, tal como ocurrió con la nacionalización. "Por ahora estamos concentrados en los contratos", indicó a La Jornada una fuente oficial.
Por su parte, el presidente del Senado, Santos Ramírez, manifestó su esperanza de que "uno o dos operadores", con los que falta una parte de las negociaciones, "se sienten mínimamente las bases grandes, estratégicas, para posteriormente concluir y cerrar esos acuerdos en bien del país".
En otro orden, el ministro de Minería, Guillermo Dalence, aseveró que la nueva política minera -la segunda nacionalización de la minería- que el presidente Morales anunciará el 31 de octubre, incluye auditorías a todas las empresas mineras con las que Corporación Minera Boliviana (Comibol) tiene contratos de arrendamiento o de riesgo compartido.
"Las adjudicaciones que se hayan realizado al margen de la normatividad jurídica o que estén violando las normas legales en vigencia, serán ajustadas jurídicamente para su retorno al patrimonio del Estado".
No se busca afectar a alguna empresa, sino establecer el carácter legal del desarrollo de sus actividades, detalló el funcionario. No obstante, aseveró que las concesiones que se adjudicó el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, prófugo en Estados Unidos, serán revertidas al Estado.
Esta tarde, Dalence, junto con el ministro de Trabajo, Alex Gálvez, sostenía negociaciones en Oruro con los cooperativistas de Huanuni, para acordar la firma del convenio de incorporación de los socios de tres de las cuatro cooperativas que ahí existen como trabajadores sindicalizados de la empresa minera de Comibol. Los socios de la cooperativa Playa Verde rechazaron dicha incorporación.
Se espera que mañana, frente al pueblo de Huanuni, se firme el convenio citado, con lo que quedaría resuelta la pacificación del poblado, donde el 5 y 6 de octubre se enfrentaron cooperativistas y asalariados por la posesión de los yacimientos de estaño del cerro Posokoni, con saldo de 16 muertos y casi un centenar de heridos.
Sin embargo, los mineros asalariados advirtieron que no firmarían si el gobierno no incorporaba a la plantilla de trabajadores a los mil 500 que en septiembre realizaron un bloqueo exigiendo puestos de trabajo.
Por su parte el dirigente de la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros, Pascual Huarachi, adelantó a radio Erbol que sus afiliados rechazan "rotundamente" dicha nacionalización. La organización realizaba esta tarde un ampliado en La Paz, del cual saldrán los lineamientos para enfrentar las políticas del gobierno en el ramo, luego de que el sector cooperativo rompió con Morales al destituir éste al ministro de Minería, Villarroel, salido de sus filas.
El nuevo contrato petrolero
Respecto del contenido de contrato que se negocia con las transnacionales petroleras, el diario La Prensa adelantó hoy que en él se dispone que en caso de controversia, sobre el cumplimiento de este acuerdo, será resuelto en un arbitraje en idioma español, que tendrá como sede La Paz y será celebrado con base en la Constitución Política del Estado, que será de cumplimiento obligatorio para las partes.
Esto difiere del contrato de riesgo compartido, DS 24806, promulgado por el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que disponía que un tribunal internacional resolvería esas diferencias.
El modelo de contrato también define que la propiedad del gas y del petróleo (debajo y encima de la superficie) es de Bolivia, por lo que las compañías no tienen derecho sobre los hidrocarburos producidos.