El gobernador estatal asegura que no se trata de una persecución política

Descartan que Barbosa busque el apoyo de Cárdenas Batel para salir de prisión

Causa suspicacia que hayan tardado tanto en hacer efectiva la aprehensión: Bátiz

ALFREDO MENDEZ ORTIZ Y DANIELA MORALES

Un día después de que obtuvo el beneficio de la libertad provisional bajo caución, Porfirio Barbosa Rodríguez, coordinador de la Comisión de Transporte del gobierno de Michoacán acusado de peculado, continuaba detenido en el Reclusorio Norte en espera de que su familia reúna los recursos económicos suficientes para garantizar la fianza de más de 129 millones de pesos que fijó el pasado miércoles el juez federal Arturo César Morales.

El abogado René Vivas, defensor del funcionario estatal, indicó que la familia y los amigos de su cliente "no han parado un minuto, y están haciendo hasta lo imposible" para conseguir "las garantías" que solventen la fianza. Asimismo, aseguró que su defendido no buscará el apoyo del gobernador Lázaro Cárdenas Batel: "esto es una cuestión personal de mi cliente y él afrontará la situación con sus recursos".

El litigante agregó que "seguramente el juez Morales dictará la formal prisión (a Barbosa), pero eso no quiere decir que sea responsable; la acusación respecto a que mi cliente depositaba dinero en una empresa fantasma es falsa. Mi defendido está tranquilo, confía en que será declarado inocente".

Barbosa Rodríguez, quien fungió como oficial mayor del Gobierno del Distrito Federal (GDF) durante las gestiones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, está acusado de dos peculados (desvíos de recursos públicos) que en total superan los 129 millones de pesos.

La investigación que empezó la Procuraduría General de la República (PGR) en 2003 deriva de dos denuncias presentadas ese año por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectaron irregularidades en dos convenios firmados en 1998 entre el GDF y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para el manejo de vales de despensa de trabajadores capitalinos.

El juez Morales determinó que el delito de peculado imputado al funcionario estatal no es considerado grave, por lo que alcanza el beneficio de la libertad bajo fianza, pero fijó como condición de ésta garantizar 129 millones 661 mil 207 pesos por concepto de reparación del daño, obligaciones procesales y sanciones pecuniarias.

Entrevistado en el área de juzgados federales del Reclusorio Norte, el abogado del inculpado aseguró que los cargos que formuló la PGR contra su defendido son falsos.

"La acusación habla de peculado por 129 millones de pesos. El dinero no fue distraído de su origen; es el monto de lo que se adquirió en vales del ISSSTE, y ahí se quedó el dinero; hay una confusión en la investigación de la PGR, lo cual beneficiará a mi cliente que no cometió ningún delito. La acusación respecto a que el ingeniero Barbosa depositaba dinero en una empresa fantasma es falsa", puntualizó el litigante.

Agregó que en las próximas horas presentará por escrito al juez la declaración (del inculpado), y "una vez que se reúnan las garantías para la libertad provisional, vamos a ofrecer las pruebas de descargo".

Indicó que entre las pruebas que ofrecerá al juez para demostrar la inocencia de Barbosa, "entregaremos las declaraciones de las personas que intervinieron en el supuesto desvío de recursos públicos, diversas documentales, así como peritajes en materia de contabilidad que existen".

En Michoacán, el titular de la Secretaría de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, informó que según los reportes que tiene, el desvío de 129 millones de pesos que se atribuye a Porfirio Barbosa Rodríguez no dañó el patrimonio del Gobierno del Distrito Federal sino el del ISSSTE, y en una relación de hechos que hizo a los medios de información detalló que el peculado podría tipificarse como lavado de dinero, aunque aclaró que esa tipificación corresponde hacerla a un juez.

El secretario dio a conocer que fue la propia SFP quien interpuso una demanda penal para investigar el caso, por considerar que rebasaba sus atribuciones, y advirtió que existen otros funcionarios involucrados, aunque evitó dar nombres porque "tienen orden de aprehensión".

El gobernador Lázaro Cárdenas Batel descartó que la detención de Barbosa Rodríguez tenga algún sesgo político y aseguró que el gobierno de Michoacán desconocía que había un procedimiento penal en contra del ex funcionario de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) del gobierno de Michoacán.

Romero Ramos detalló que en 2003 la SFP decidió presentar una denuncia penal, sin conocer con precisión a los posibles involucrados en el desvío de 129 millones de pesos. Aclaró que fueron dos razones fundamentalmente las que tomaron en cuenta para proceder de manera penal en lugar de abrir un procedimiento administrativo. La primera, comentó, fue el hecho de que la SFP se vio limitada en sus atribuciones en el ámbito de la administración pública para, después de la auditoría, continuar la investigación del caso; y la segunda fue el hecho de que en ese momento ya habían transcurrido tres años del delito, justo el tiempo que la ley contemplaba para su prescripción.

Explicó que, según sus reportes, los recursos salieron por medio del sistema de Tiendas y Farmacias del ISSSTE con destino a supuestas sociedades que a su vez fueron haciendo depósitos y salidas de menor cuantía hasta llegar a las salidas en efectivo. Agregó que el caso bien podría tipificarse como lavado de dinero, aunque aclaró que esa decisión le corresponde a un juez y no a la SFP.

En tanto, Cárdenas Batel sustituyó a Barbosa Rodríguez en la Cocotra por el perredista Humberto Arroniz, quien tomó posesión ayer por la tarde. Minutos antes el gobernador aceptó que la detención de Barbosa "no es algo que nos beneficie ni que nos alegre", pero reiteró que el hecho "no tiene nada que ver" con la gestión de Barbosa en el gobierno del estado.

En tanto, se informó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no tiene ninguna averiguación previa en contra del ex oficial mayor del gobierno capitalino Porfirio Barbosa.

No obstante, su titular, Bernardo Bátiz Vázquez, aseguró que en caso de que la Procuraduría General de la República les solicite información, ésta le será otorgada de inmediato.

"Nosotros no tenemos ninguna investigación respecto a esta persona. No teníamos noticia de ese asunto y por lo que se ha dado a conocer a la opinión pública se trata de un fraude de carácter federal, ya que fue el ISSSTE la institución que recibió el quebranto.

"Ya la defensa del señor Barbosa aseguró que no hay tal delito y que van a defender a su cliente, pero le tocará a los jueces resolver el asunto. Con lo que respecta a la procuraduría capitalina si se nos solicita información la proporcionaremos, en los términos del convenio de colaboración interprocuradurías", aseguró Bernardo Bátiz.

Entrevistado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento del gobierno capitalino, eal procurador le llamó la atención que las autoridades federales hayan realizado la aprehensión a finales de sexenio, cuando el expediente data de varios años atrás.

"Yo creo que el hecho de que hace tanto tiempo que tuvieron este asunto, desde hace más de tres años y de pronto lo saquen ahora al final del gobierno, es un asunto que despierta alguna suspicacia, pero también puede ser que se haya tardado en integrar la documentación, yo no lo sé, pero sí sería muy preocupante que este caso tuviera una carga política".

(con información de Agustín Salgado)