Nos vedaron la credibilidad, dicen chilenos expulsados
La recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que exige sanción a los policías que abusaron de ciudadanos y violaron sexualmente a 26 detenidas en Atenco, confirma "lo que las afectadas declaramos desde que nos tocó vivir aquella brutal represión", afirmaron Valentina Palma Novoa y Mario Aguirre Tomic, estudiantes chilenos expulsados por las autoridades migratorias del país y quienes insisten en la "ilegalidad" de su deportación.
En misiva enviada desde Chile, ambos afectados por los hechos de violencia ocurridos el 3 y 4 de mayo en el municipio de San Salvador Atenco, estado de México, saludaron la resolución de la CNDH, porque al confirmar las violaciones "asegura la credibilidad que como individuos nos fue vedada", luego de que se les siguió un precipitado proceso que desechó las pruebas de descargo sobre las denuncias de violación a sus derechos y garantías individuales.
Palma, estudiante, cineasta y documentalista del Centro de Capacitación Cinematográfica, y Aguirre, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ambos con más de 10 años de radicar en México, consideraron que con la resolución del ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, "ya no es posible aplazar más los reclamos de justicia presentados y respaldados por los recursos de amparo interpuestos antes y después de nuestra injusta expulsión del país".
Esto, en alusión a la solicitud de amparo que presentaron contra el gobierno de Vicente Fox que les prohibió ingresar al país en los próximos cinco años, lo cual ya fue impugnado por la CNDH en su recomendación, al requerir del Instituto Nacional de Migración (INM) que investigue la responsabilidad de los servidores públicos que expulsaron a cinco extranjeros -incluyendo a otras tres mujeres que fueron violadas- aun cuando tenían amparo en su favor. Asimismo, la CNDH exige que les sean restituidos sus derechos.
Al respecto, Palma y Aguirre señalaron: "Los tribunales tienen sólo tres semanas para dictaminar un fallo definitivo, toda vez que han transcurrido ya cinco meses de profundo aletargamiento gracias a las supuestas pruebas que el Instituto Nacional de Migración ha presentado sin fundamento jurídico contra nosotros", y el "peor de nuestros malestares es la imposibilidad de argumentar el procedimiento de expulsión del que fuimos objeto, ya que se realizó fuera de la ley que sus mismos atributos legales le confieren".
Ambos no pasan por alto el hecho de que las autoridades de migración apenas este martes volvieran a negar que el procedimiento de expulsión fuera ilegítimo, argumentando que se hizo "conforme a derecho", con lo cual -enfatizan Palma y Aguirre- "tratan de evadir su responsabilidad y niegan tanto el informe de la CNDH y sus recomendaciones como los avances paralelos que en los tribunales se llevan a cabo con relación a los recursos de amparo".
No obstante que se encuentran en Chile, indicaron que seguirán levantando su voz "para decirles que nuestra deportación fue en todo momento ilegal, que nunca hicimos actividades contrarias de las que nos estaban permitidas, que no tenemos militancia alguna y que jamás hemos recibido dinero por nada de lo que hayamos hecho.
"Desde esta misma lejanía nos preguntamos hasta dónde pueden llegar la tenebrosidad de este famoso estado de derecho en el que se escudan, nos tratan de mentirosos y nos refriegan la impunidad en el alma".
Los afectados confiaron en que las recomendaciones de la CNDH se sigan al pie de la letra, y que los presos y presas políticas sean pronto liberados, y "castigados los violadores de mujeres, torturadores y asesinos de Javier y Alexis, además de restituirse el libre tránsito por México a todas las extranjeras deportadas".
De la redacción