Autorizan diputados a Fox Quesada ir a la Cumbre Iberoamericana
Dan entrada a iniciativa para reformar ley contra la delincuencia organizada
El pleno de la Cámara de Diputados dio entrada a la iniciativa de reformas a la ley federal contra la delincuencia organizada, con la finalidad de que la unidad especializada en combatir esos delitos federales no "incurra en extralimitaciones y se distorsione su función".
La propuesta del diputado Gerardo Vargas Landeros también establece que los jueces de distrito no podrán autorizar intervenciones del Ministerio Público Federal si no existen indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que se investigue un caso de delincuencia organizada.
En una sesión en la cual los legisladores presentaron una lista interminable de puntos de acuerdo e iniciativas de ley, el pleno autorizó a Vicente Fox Quesada ausentarse del país del 3 al 6 de noviembre con objeto de participar en la 16 Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado a celebrarse en Montevideo, Uruguay, y donde se tratará el tema de migración y desarrollo, y se promoverá un enfoque integral a dichos fenómenos, con base en el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
De tal forma, por 347 votos se dio por buena la minuta avalada con anterioridad por el Senado de la República. También, por el método de obvia y urgente resolución los legisladores aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a Fox Quesada a donar un terreno de 15 hectáreas a la (UAM), con objeto de construir el campus Cuajimalpa.
Dicho exhorto fue elaborado por la diputada panista Gabriela González Martínez, quien consiguió el respaldo de todas las fuerzas políticas para la expedición, a la brevedad, de las licencias correspondientes para iniciar la edificación de la UAM en Cuajimalpa.
Desde los palcos del recinto parlamentario, el rector general de la UAM, José Lema Labadie, escuchó el respaldo al punto de acuerdo de Gabriela González, del presidente de la Comisión de Educación, el perredista Tonatiuh Bravo, y del petista Pablo Arreola, quienes respaldaron el documento.
También el grupo parlamentario del PRI presentó una propuesta de reforma al último párrafo del artículo décimo de la Ley de Instituciones de Crédito, con el objeto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público "promueva una adecuada descentralización del sistema bancario mexicano, evitando una excesiva concentración de instituciones de crédito en una misma región, y establecerá reglas de carácter general para que la banca múltiple promueva y fomente el otorgamiento de créditos que contribuyan al fortalecimiento de los sectores e industrias para el desarrollo nacional".
Por su parte, la diputada Marina Arvizu Rivas, coordinadora del grupo parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, presentó un proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 39 y 41 de la Constitución, con objeto de inscribir en la misma la revocación de mandatos.
La legisladora Arvizu Rivas manifiesta en el documento, como reforma al artículo 39, que: "el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, así como a recurrir, de acuerdo con los procedimientos establecidos en esta Constitución y sus leyes reglamentarias, a la revocación del mandato".
En el artículo, el 41, la reforma propuesta establece que el pueblo podrá remover a sus representantes bajo el procedimiento siguiente:
"Transcurrida la mitad del periodo por el cual fue elegido el diputado o senador, un número no menor de 35 por ciento de los electores del distrito electoral uninominal, entidad federativa o circunscripción electoral plurinominal en la que se eligió al diputado o senador respectivo, podrá solicitar a la autoridad electoral llevar a cabo una consulta para determinar la revocación de mandato de un representante popular en lo particular.
"Tal solicitud deberá estar debidamente fundada y motivada, e incluirá una lista donde se asienten los nombres completos, firmas y claves de elector de la credencial para votar con fotografía de los ciudadanos que presenten la solicitud, así como de la documentación que se estime conveniente."
Al concluir la sesión, el presidente de la Cámara, Jorge Zermeño, fue interrumpido por una veintena de ancianos, ex braceros que demandaron desde una de las tribunas del recinto mayores recursos para su causa, en razón de una partida especial de 2 mil millones de pesos al fideicomiso 2106 que administraba el fondo de apoyo social para los ex trabajadores migratorios. Mujeres y hombres, ancianos todos ellos, abandonaron la tribuna demandando, ¡solución, solución, solución!