Usted está aquí: domingo 29 de octubre de 2006 Política Habrá "momento de autodefensa" si hay represión: brigadistas

Habrá "momento de autodefensa" si hay represión: brigadistas

Anuncia la asamblea "resistencia pacífica" y que habrá "un momento de autodefensa"

ENRIQUE MENDEZ, BLANCHE PETRICH Y OCTAVIO VELEZ ENVIADOS Y CORRESPONSAL

Oaxaca, Oax., 28 de octubre. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) rechazó esta noche el ultimátum de la Secretaría de Gobernación y advirtió: "no vamos a entregar la ciudad a la Policía Federal Preventiva (PFP)", ni al Ejército y Fuerza Aérea mexicanos que arribaron en diferentes contingentes armados a lo largo del día para "recuperar" la capital oaxaqueña, aunque acotó que está dispuesta a acudir al diálogo convocado por Bucareli, pero "sin ningún condicionamiento", porque la renuncia del gobernador Ulises Ruiz "es irrenunciable".

La APPO exhortó "al pueblo a salir a las calles y fortalecer barricadas", especialmente el centro histórico y la Ciudad Universitaria, y aunque aclaró que su resistencia será "pacífica" y sólo lanzarán consignas contra la llegada de la policía y los militares, resaltó que "la PFP no es bienvenida a nuestras tierras".

Asimismo, anunció que este domingo se realizará una marcha en la capital oaxaqueña "contra la incursión de las fuerzas armadas", la cual saldrá del monumento a Benito Juárez.

Zenén Bravo Castellanos, integrante de la coordinación provisional de la alianza de organizaciones, dijo que se desestimó la exigencia de Gobernación porque entregar la ciudad "sería como reconocer que esta lucha no tiene causas justas. No lo podemos hacer; sería como renunciar a todo lo que hemos demandado".

A su vez, el vocero del magisterio oaxaqueño, Daniel Rosas, advirtió que los profesores "ya saben qué hacer" y que habrá "un momento de autodefensa"; también desmintió que la presencia de las fuerzas federales se acordara con la dirigencia de la sección 22 y anunció que se pospuso la asamblea estatal del magisterio.

De esa manera, el movimiento se preparó para la incursión policiaca -que se esperaba ocurriera en las primeras horas de hoy-, en la que participarán unos 4 mil efectivos de PFP, Policía Militar, integrantes de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes), que entrarán a la ciudad acompañados por 100 efectivos ministeriales, así como notarios públicos y visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Desde las 7 de la mañana, poco después de que el gobierno federal informó que el presidente Vicente Fox acordó la intervención de la PFP, arribaron al aeropuerto internacional Benito Juárez diversos contingentes de militares y policías federales. A lo largo del día, aviones de la PFP viajaron desde la ciudad de México para trasladar las tropas.

Además de esas aeronaves, elementos del Ejército y de la policía federal llegaron en nueve helicópteros Bell y Súper Puma, tres aviones de la FAM y un Hércules, en los que también se transportaron pertrechos, escudos y gases lacrimógenos.

Después de formarse en las pistas del aeropuerto, unos 3 mil efectivos fueron trasladados a la 27 Zona Militar, de donde saldrán en las primeras horas del domingo para la toma de la ciudad.

Cierran comercios

En previsión de un posible enfrentamiento, el mercado y los comercios del centro histórico cerraron sus puertas desde el mediodía, por lo que se suspendió el servicio de restaurantes, venta de abarrotes, fármacos, artesanías, ropa. Inclusive, la catedral clausuró sus accesos, a pesar de que existe un acuerdo de la diócesis para que los templos y parroquias mantengan abiertas sus puertas para albergar y dar protección a todos los que la requieran.

Asimismo, los autobuses foráneos cancelaron algunas corridas, y los que finalmente salieron con destino a esta capital bajaron a los pasajeros en la caseta de Huitzo, a unos 50 kilómetros.

La ciudad amaneció con la alerta de entrada de la PFP, lo que provocó una reunión de la APPO y el repliegue de cientos de maestros al zócalo capitalino y el retiro de posiciones en algunas barricadas, pero se mantuvo la presencia en las de Brenamiel, ubicada en la carretera a México; del municipio de Santa Cruz del Camino, y de la colonia La Experimental, donde se ubica la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Los brigadistas y vecinos mantuvieron esas posiciones a pesar de que, por la mañana, desde Radio Universidad se había hecho un llamado a replegarse, pero más tarde, en el zócalo de la ciudad se advirtió desde un megáfono: "¡no hay repliegue ni levantamiento de barricadas! ¡Vamos a resistir hasta lo último de nuestro glorioso movimiento!"

Poco después, el cadáver del profesor Emilio Alonso Fabián era velado en la agencia Núñez Banuet, a dos calles del zócalo, por familiares y compañeros de la barricada de San Bartolo Coyotepec, donde fue asesinado.

El féretro fue trasladado a la plaza principal, donde recibió un homenaje, y más tarde sus restos fueron trasladados a Candelaria Loxicha, Pochutla, de donde era originario.

Un grupo de profesores explicó que, por su trabajo de base, había sido nombrado asesor técnico estatal del Programa para Abatir el Rezago Educativo. Contaron que durante la balacera del viernes corrió, junto con otra maestra, y antes de ser herido se les emparejó una camioneta. La profesora decidió subir al vehículo, a pesar de que no conocían a los conductores, pero Alonso Fabián no, y en ese momento le dispararon en dos ocasiones.

El acta de defunción explicó la causa de su muerte: "herida penetrante en tórax y abdomen producida por proyectil de arma de fuego, con hemorragia interna".

Más tarde, antes de las dos, finalmente se presentó al servicio forense el cónsul honorario de Estados Unidos, Mark Leyes, para identificar el cuerpo del camarógrafo de Indymedia, Bradley Roland Will, quien permaneció en el anfiteatro casi 18 horas.

El representante estadunidense explicó que no había podido reclamar el cuerpo de Will debido a que la embajada en México llamó a un número telefónico de sus padres, quienes se encontrarían en un viaje de fin de semana, por lo que dejaron varios mensajes en la contestadora.

"Es una tragedia que no debió suceder, y esperamos que encuentren a los culpables y haya un juicio", declaró el cónsul, quien consideró que la investigación del asesinato debería ser conducida por la procuraduría del estado.

Por la tarde, el féretro con sus restos fue trasladado a una capilla ardiente de la misma funeraria Núñez Banuet, donde recibió un homenaje de brigadistas, profesores y periodistas.

Una brigada de la APPO encontró documentos en la casa desde la que se hicieron disparos contra brigadistas y reporteros, los cuales se presume pertenecen a un funcionario del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Luego de la agresión perpetrada por personas identificadas como trabajadores del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino en contra de la APPO, donde murió Bradley, la brigada pudo ingresar al domicilio, debido a que la puerta estaba abierta.

Algunos testigos aseguran haber visto salir de ahí a Pedro Carmona, ex presidente de la colonia Felipe Carrillo Puerto, quien habría disparado contra el documentalista, y a Manuel Aguilar, El Gato, jefe de personal del ayuntamiento y primo del dirigente de la CROC, David Aguilar Robles, actual diputado local del PRI.

Ahí encontraron credenciales y un pasaporte a nombre de Mario Gamiño Espinoza, nacido en Cuerámaro, Guanajuato, quien, según una tarjeta de presentación, funge como coordinador general de Administración y Finanzas del IEEPO.

En esos hechos también resultó herido el ex regidor David Cruz Parada, por un disparo en el cuello que le afectó tres vértebras; se encuentra grave en el hospital general Aurelio Valdivieso.

Esta noche, en un comunicado, la PGJE informó que el Ministerio Público abrió la averiguación previa 1247/CR/06 por el homicidio de Bradley Roland Will, así como la número 1617/PME/06 por el asesinato del maestro Emilio Alonso Fabián, y la 01/06 iniciada por el síndico municipal de Santa María Coyotepec por el crimen del campesino Esteban Ruiz, vecino de Santa María Coyotepec.

Al mediodía, el alcalde de Santa María Coyotepec, Manuel Martínez Feria, informó que puso a disposición del Ministerio Público a Pedro Carmona y a Manuel Aguilar, junto con Abel Santiago Zárate, regidor de Seguridad Pública del municipio, y al policía Juan Carlos Sumuano Velasco, pues los cuatro aparecen en fotografías publicadas por la prensa nacional con armas de uso exclusivo del Ejército.

Además, abrió una indagatoria por lesiones con proyectil de arma de fuego ocasionadas a Francisco Javier Pablo García, de 22 años; Gregorio Aguilar García, de 56; Juan Antonio Muñoz Martínez, de 33, y Fernando Arturo Cruz López, de 19, originarios y vecinos de Santa María Coyotepec, así como de David Cruz Parada de 60 años, e Hidelberto Cruz Carmona, de 31, vecinos de Santa Lucía del Camino; además de los profesores Víctor Antonio Salinas Carmona y Juan Andrés Robles, y de Enedino Cruz Sánchez, habitante de San Antonio de la Cal.

Por el delito de disparo de arma de fuego se inició la indagatoria 1615/PME/06 contra Gerardo Sánchez Ramírez, detenido por elementos de la policía ministerial en una barricada localizada en las inmediaciones del crucero de la agencia municipal de Cinco Señores, y recluido en el penal de Tlacolula de Matamoros.

A la vez, reportó que se encuentran a disposición del Ministerio Público, como inculpados en el delito de homicidio calificado en agravio de Esteban Ruiz, los maestros y miembros de la APPO Jesús Canseco García, Alberto Hernández Calvo, Benjamín Marín García, Arturo Magaña Rodríguez, Eusebio Mendoza Salinas, Javier Mateo Calderón, Alberto García Magaña, Abdón Aguilar Real, Senobio Girón, Pablo Gómez Martínez, Juan Manuel Ortiz González, Alberto Raymundo Manuel Guadalupe Láscares, Apolinar Noriega Calvo, Alejandro Alcántara González, Teodoro López Gutiérrez, Roberto Pablo García Pacheco y Jael Martínez Pérez.

Todos ellos se encuentran internados en el penal regional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, pero hasta esta noche el magisterio denunció que fueron hacinados en dos camiones de volteo, antes de su traslado a la cárcel, y que no recibieron atención médica. Unos 50 profesores aún están desaparecidos.

 
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