Exige la Central Obrera Boliviana que el mandatario deje de actuar unilateralmente
Evo Morales pospone para el próximo año la segunda nacionalización de la minería
La Paz, 31 de octubre. El gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, determinó posponer para 2007 la segunda nacionalización de la minería, que inicialmente había ofrecido para hoy, con el argumento de que "no tenemos suficientes recursos económicos" y desea primero consolidar la de los hidrocarburos pues "no queremos cruzarnos".
Reveló que tenía preparada una "gran movililización" militar para "ejercer el derecho de propiedad" de Bolivia sobre los hidrocarburos, en caso de que las multinacionales se negaran a firmar los nuevos contratos en el plazo establecido de 180 días, que expiró el pasado sábado, en el contexto de su política de nacionalización.
Resistida por los cooperativistas mineros, los mineros sindicalizados y los empresarios privados del sector, esta otra nacionalización fue sustituida por un decreto con el cual se relanza la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), con la incorporación a la Empresa Minera Huanuni de 4 mil cooperativistas como asalariados, que se suman a los mil trabajadores que ya tiene. Se invertirán casi 10 millones de dólares en la modernización de las instalaciones.
Los cooperativistas mineros, que pretendían apoderarse de los yacimientos de estaño de Posokoni, en Huanuni, protagonizaron el enfrentamiento con los mineros asalariados a bala y dinamita, entre el 5 y el 6 de octubre pasado, con saldo de 16 muertos y más de 60 heridos.
El gobierno espera que con este decreto se sienten las bases para la pacificación de Huanuni. Sin embargo, de las cuatro cooperativas que aparentemente habían manifestado su aceptación del cambio de condición laboral firmaron sólo Karazapato y parte de La Salvadora, informó radio Fides.
Respecto de la refundación de Comibol, el ministro de Minería, Guillermo Dalence, señaló que la empresa debe recuperar las facultades que le fueron cercenadas por los privatizadores para que participe en toda la cadena productiva.
Se requiere, dijo, ponerle mucha atención a todo el problema de la comercialización de los minerales y modificar el régimen tributario. Se respetará la inversión extranjera y la seguridad jurídica.
Por su parte el líder de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes, salido de las filas de los mineros, reclamó que el gobierno de Morales deje de actuar "unilateralmente" y convoque a todos los sectores para consensuar la refundación de la minería boliviana.
En otro orden, partió de Santa Cruz hacia La Paz una marcha de la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano -que se espera llegue dentro de un mes- para exigir al Congreso la aprobación de cambios a la ley del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) que aceleren la reversión al Estado de latifundios improductivos y su redistribución a pueblos originarios y campesinos que las requieren.
La movilización fue calificada de "política" por el Comité Cívico Pro Santa Cruz -que agrupa a los poderosos empresarios agrícolas del departamento-, al afirmar que los dirigentes son del gobernante Movimiento al Socialismo que buscan "presionar modificaciones a la ley del INRA que sólo van a beneficiar a unos cuantos".