Critican apropiación de tierras que impulsa el gobierno
Ratifica la CIDH visita a Chiapas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó ayer su decisión de visitar Chiapas a principios de 2007, tras haber celebrado una audiencia el 23 de octubre para conocer del impacto de la política agraria en México contra los derechos territoriales, especialmente de los pueblos indígenas chiapanecos.
La individualización de la propiedad impulsada por el gobierno mexicano fue severamente criticada por su aplicación en territorios indígenas sin consideración por los derechos colectivos consagrados internacionalmente a aquellos pueblos.
En la audiencia estuvieron representantes de cuatro de los 11 organismos indígenas y de la sociedad civil que la solicitaron. Los representantes informaron a la CIDH sobre la falta de garantías jurídicas y la discriminación del Estado mexicano hacia los pueblos indígenas, así como sobre la condición de vulnerabilidad en que quedaron a partir de la reforma constitucional al artículo 27, en 1992, en materia agraria. Citaron la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, informó en un comunicado la organización no gubernamental Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA, por sus siglas en inglés).
"La política agraria está promoviendo divisiones en las comunidades indígenas", dijo el líder tzeltal Manuel Cruz Guzmán, del Centro de Derechos Indígenas AC y de la organización Yomlej. Para Ramón Martínez Coria, director del Foro para el Desarrollo Sustentable en Chiapas, esa política "constituye la discriminación sistemática contra los pueblos indígenas el hecho de no acordar con ellos los tratos específicos correspondientes a los derechos humanos y los derechos indígenas".
Las organizaciones se refirieron a la aplicación coercitiva y sesgada de los programas gubernamentales dirigidos a la certificación de parcelas en los núcleos agrarios, que imponen las condiciones legales para la titulación individual de tierras, mecanismo que violenta los sistemas normativos de organización y regulación interna de pueblos y comunidades, en particular aquellos que articulan los sistemas de parentesco y la apropiación política del territorio.