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Astillero

Julio Hernández López
Fax: 56 05 20 99 juliohdz@jornada.com.mx

Bombardeo dirigido

Justificar represiones

Corrección política

Unidad prianista

Las explosiones de ayer abonan el camino a la represión política. Las derrotas gubernamentales frente a masas oaxaqueñas podrían buscar venganza selectiva mediante acusaciones de terrorismo contra líderes políticamente insurrectos. Por lo pronto, se prepara a la población televisivamente manipulable para que aplauda todo acto de mano dura que ponga fin a acciones que estarían atentando contra la paz y el orden públicos. Y la mira del miedo institucional no está puesta solamente en el conflicto sureño sino, también, preventivamente, en las movilizaciones de seguidores de Andrés Manuel López Obrador que pretenderán impedir la toma formal de posesión de FelIFE Calderón.

Bombazos, supuestamente reivindicados por cinco organizaciones guerrilleras, que muy bien servirán para cerrar el puño y justificar abusos. Detonaciones políticamente correctas: un banco, pero no el Bancomer de los aliados españoles ni el Banamex comprado a un financista Amigo de Fox (y de Calderón); un ente electoral, pero no el amado IFE donde Luis Carlos Uh Fraude trata de seguir prestando servicios de adulteración electoral, sino el Trife en transición, y un partido, pero no el PAN en el poder sino el PRI agónico, que es usado para sugerir que los estallidos están relacionados con Oaxaca.

La historia de las represiones gubernamentales tiene muchos ejemplos de provocaciones montadas. En estos momentos el gobierno federal necesita justificaciones para pasar a un grado más agresivo de confrontación con movimientos sociales a los que no ha podido controlar mediante estrategias políticas. La displicencia foxista que se va, y el despecho calderonista que llega (con Jorge Tello Peón como comandante en jefe de asuntos policiacos y de seguridad), han fracasado en el tratamiento del asunto Oaxaca. La peor demostración de esa derrota ha sido el envío de tropas federales a la entidad, creyendo que mediante el uso de la fuerza podrían encontrar salida a un cuadro de problemas políticos y sociales acumulados. Vicente Fox, es decir Calderón, convirtió a la PFP en su brazo político y hoy, cuando los toletes y los gases no logran someter a la población, se exploran las posibilidades represivas mediante expedientes de inteligencia civil y militar filtrados a columnistas manejables ­poner el dedo periodístico sobre alguien hará que "nadie" se asombre si ese alguien sufre un accidente o es detenido o desaparece­ y creando "motivos" para que pueda intentarse el cumplimiento de 200 órdenes de aprehensión contra líderes de la APPO que están listas para ser ejecutadas en cuanto los políticos-policías así lo decidan.

Hasta ahora el movimiento social oaxaqueño había solicitado a las organizaciones guerrilleras que se abstuvieran de realizar acciones que sirvan para colocar etiquetas de peligrosidad a ese movimiento y justificar la represión. Algunas de esas organizaciones enviaron comunicados advirtiendo que sólo en caso de una masacre contra el pueblo habrían de actuar. Pero nada ha sido atendido. Por el contrario, en sus comunicados oficiales ­que pueden ser vistos en www.cedema.org, la página del Centro de Documentación de los Movimientos Armados­, los supuestos responsables de los bombazos dejan constancia clara e inequívoca de que el móvil está relacionado con el caso Oaxaca ("¡Fuera Ulises Ruiz Ortiz y las fuerzas federales del estado de Oaxaca!", reza la línea inicial del primer comunicado). Resultados que mueven a suspicacia: con esa supuesta aparición de grupos guerrilleros, cambia el foco de atención de Oaxaca a la ciudad de México y da pie a calificar a Oaxaca como un peligro para México.

Las bombas entran en escena cuando López Obrador anuncia un segundo intento de engancharse con la APPO y cuando el subcomandante Marcos busca la manera de conectarse con ese movimiento. También es el momento más alto de la resistencia oaxaqueña, luego de echar en retirada a las tropas federales que pretendían entrar a la zona universitaria y luego de la megamarcha dominical que volvió a demostrar la base social del movimiento. Truenan los explosivos cuando fatigosamente comienza a abrirse paso la idea de un nuevo diálogo, esta vez con la participación y aval de organizaciones civiles y de la propia Iglesia católica, que en Oaxaca tiene una notable vertiente conectada con los intereses indígenas y populares.

No se necesita ninguna maestría en espionaje para darse cuenta de quiénes son los beneficiarios políticos de los antes mencionados estallidos. El PRIAN, desde luego: el tricolor se declara víctima y pide reparaciones de su patrimonio material y político maltrecho, mientras el blanquiazul afina su discurso del respeto a las leyes y al estado de derecho. Y el calderonismo, que necesita a como dé lugar crear condiciones propicias para los actos de autoridad extrema que podrían necesitarse a partir del 20 de noviembre y, sobre todo, del 1º de diciembre. En el juego electorero de partidos, el PRI y el PAN se colocan de inmediato en la franja de los ofendidos y con ello tratan de arrojar sospechas sobre el PRD. Y en el plano de confrontación del gobierno federal ­en defensa de Ulises Ruiz para que el PRI ayude a Calderón a pasar en alianza el trago amargo de la imposición­ con la parte mayoritaria del pueblo oaxaqueño, el manejo de lo sucedido en la madrugada del lunes tiende a culpar a los movimientos sociales y a reivindicar el uso de la fuerza represiva.

Desde luego, la cercanía de las fechas claves de la segunda fase del movimiento lopezobradorista hace necesario al poder que se exacerben con simplismo los ánimos cívicos contrarios a la violencia. Como si no hubiera motivo justificado para la irritación popular, como si no hubiese habido fraude electoral y estrategias de exterminio del candidato indeseado y de la franja social que le apoya, como si no fuese culpa del foxismo, y ahora del calderonismo, lo que está sucediendo en Oaxaca, los ocupantes de las cúpulas del poder pegan el grito en el cielo porque crujen las estructuras tradicionales de convivencia social. Y, mientras en Chilpancingo son rotas las reglas mínimas del combate entre policías y narcotraficantes, pues la esposa y el hijo de tres años de un comandante de la Federal de Caminos fueron secuestrados, ¡hasta mañana!

 
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