Usted está aquí: miércoles 8 de noviembre de 2006 Capital Brinda apoyo el gobierno de Tláhuac a presos por los hechos en Ixtayopan

Anuncia movilizaciones para que "se haga justicia y paguen los responsables"

Brinda apoyo el gobierno de Tláhuac a presos por los hechos en Ixtayopan

A casi dos años de los linchamientos no se ha aclarado lo sucedido: el delegado

ROCIO GONZALEZ ALVARADO

Ampliar la imagen Gilberto Ensástiga, jefe delegacional de Tláhuac. Imagen de archivo Foto: María Luisa Severiano

Ampliar la imagen Agentes trasladan a un detenido durante el operativo realizado en San Juan Ixtayopan el día siguiente de los hechos en que fueron linchados dos policías federales preventivos y uno más resultó gravemente herido Foto: Alfredo Domínguez

A partir de hoy, el gobierno delegacional de Tláhuac asumirá la defensa de los 27 detenidos por los linchamientos ocurridos el 23 de noviembre de 2004 en San Juan Ixtayopan, "a fin de que sea haga justicia y sean los verdaderos responsables los que paguen por sus conductas ilícitas".

En conferencia de prensa, el titular de dicha demarcación, Gilberto Ensástiga Santiago, adelantó que el 18 de noviembre se iniciarán movilizaciones ante el Consejo de la Judicatura, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que informen sobre el estado de los procesos de los 25 hombres y dos mujeres detenidos.

Señaló que a casi dos años de los hechos en los que murieron linchados dos policías de la Policía Federal Preventiva (PFP) y uno resultó gravemente herido, el gobierno federal no ha cumplido su promesa de rendir un informe sobre lo sucedido, luego de las versiones de que estaba involucrado un grupo guerrillero, o el narcomenudeo, y aún no hay claridad al respecto.

"Se quiso escalar un conflicto político con las autoridades de la ciudad; hubo la decisión del presidente Vicente Fox, de separar del cargo al entonces secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, pero en el meollo del asunto hay una total secrecía, y mientras tanto tenemos 27 personas encarceladas injustamente, porque no se ha comprobado su participación" en los hechos, esgrimió.

El servidor público aclaró que de ninguna manera se trata de intervenir en el procedimiento penal, sino de obtener información y buscar que el actuar de los jueces sea conforme a derecho, porque "evidentemente hubo fuertes presiones del gobierno federal al Poder Judicial", para que declarara a los detenidos sujetos a proceso, aun cuando no se les ha acreditado su responsabilidad.

Explicó que la lucha que se llevará a cabo para alcanzar la libertad de los 27 detenidos es a petición de las propias familias de los afectados, que también participarán en las movilizaciones, junto con otros habitantes de San Juan Ixtayopan. Dichas acciones, agregó, comenzarán este miércoles con una visita al Reclusorio Norte y al penal femenil de Santa Martha Acatitla, para platicar con cada uno de los detenidos e informarles sobre el respaldo que les ofrecerán las autoridades delegacionales.

"Quizá vamos a ser blanco de muchas críticas, pero no hay ningún impedimento para que actuemos, sin dejar de lado nuestras responsabilidades; estamos por cumplir dos años de los lamentables acontecimientos, y desde nuestro punto de vista (los implicados) están presos de manera injusta. Con ello no queremos decir que todos son inocentes, pero sí la mayoría", apuntó.

Su encarcelamiento obedeció a una consigna política del gobierno federal para cerrarle paso al reclamo social "que todos pudimos palpar ante los hechos que vivimos, por lo que no nos oponemos a que haya justicia, sino queremos que los verdaderos responsables paguen por sus conductas nocivas".

Insistió en que la detención de los presuntos culpables de la muerte de dos de los tres oficiales fue una "injusticia flagrante", pues las autoridades federales, al día siguiente de los sucesos, realizaron una redada en la que aprehendieron "a personas inocentes", sin llevar a cabo una verdadera indagación. "Para algunos puede parecer un tema frívolo, pero para nosotros no es así, porque si nos preciamos de ser un gobierno democrático, nuestra responsabilidad va más allá de dotar servicios públicos, porque representamos a la comunidad tlahuaquense".

Precisó que se tiene contemplado dar apoyo a los presos y sus familias en aspectos de empleo y alimentación, cuyo monto no afectará los recursos del erario.

 
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