Usted está aquí: miércoles 8 de noviembre de 2006 Política Ruiz debe demostrar que puede gobernar o irse, advierte Abascal

Declina ''añadir estridencia'' al posible boicot del PRI a la toma de protesta de Calderón

Ruiz debe demostrar que puede gobernar o irse, advierte Abascal

Hasta ahora sólo se le ha pedido que reflexione y considere su situación actual en Oaxaca, dice

FABIOLA MARTINEZ

Ampliar la imagen ''Desayuno oaxaqueño'' ofrecido a la prensa por el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, ayer en Bucareli Foto: Luis Humberto González

Carlos Abascal, responsable de la política interna, admitió que en Oaxaca no hay gobernabilidad, de ahí que el conflicto sólo podrá resolverse cuando el mandatario estatal, Ulises Ruiz Ortiz, deje el cargo o alcance un pacto de unidad con sus opositores.

''O el señor gobernador convence (a sus opositores) de que puede restablecer un pacto de gobierno, un pacto de unidad, un acuerdo para la gobernabilidad, y se le da un voto de confianza, una tregua para que pueda demostrarlo, o bien el señor gobernador pide licencia. No hay más'', expresó.

El titular de la Secretaría de Gobernación (SG) se definió como un demócrata, ''un convencido de la política'' en una administración que no puede violar el pacto federal; con base en ello justificó que a 170 días del inicio de protestas y choques en Oaxaca, el presidente Vicente Fox no le haya pedido abiertamente al gobernador priísta su renuncia, sino que ''reflexione y considere'' la situación actual.

''Que asuma su responsabilidad''

''Estamos discutiendo con el gobierno del estado a ver cómo va a ejercer la gobernabilidad; lo que hoy vamos a hacer es justamente que (Ulises Ruiz) asuma su responsabilidad, con todas las consecuencias del caso'', dijo Abascal en conferencia de prensa.

En este tono, de emitir invitaciones a la reflexión, el secretario de Gobernación no quiso hablar de los presuntos chantajes del PRI hacia el gobierno federal, respecto de su posible ausencia en la ceremonia de toma de posesión de Felipe Calderón, con lo que se daría al traste con el quórum legislativo necesario. ''No le voy a añadir estridencia al asunto'', dijo.

Trascendió que la estrategia en Bucareli no incluye llevar al gobernador oaxaqueño a la cárcel, a partir de episodios como el quinazo, ocurrido en 1989, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari llevó a prisión al dirigente sindical de los petroleros, Joaquín Hernández Galicia.

Sin embargo, están pendientes dos líneas de investigación del gobierno federal hacia el gobernador Ruiz; la primera es una serie de auditorías, ''lo más rápido que se pueda'', a la gestión del mandatario estatal y su antecesor, José Murat, a cargo de personal de la Secretaría de la Función Pública, para evaluar el destino de los recursos federales canalizados a esa entidad.

De manera simultánea, confirmó, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene bajo su responsabilidad diversas indagatorias, incluida la posible responsabilidad del gobernador Ruiz en torno a los hechos violentos perpetrados por presuntos paramilitares.

''¿Los violentos que obstaculizan tienen vínculos con URO (sic)? Eso tendrá que salir de las investigaciones que, en su caso, dé a conocer la PGR. No hago prejuicios (...) Tampoco hago juicios de valor sobre si es o no (Ulises) un cacique'', señaló.

El funcionario dijo que el gobierno foxista no echará mano de una acción penal discrecional en contra del gobernador, porque de esa manera, si bien el gobierno tendría ''dientes'' (para sacar a Ruiz), el país regresaría medio siglo en su vida política.

De acuerdo con la versión del secretario de Gobernación, la estrategia del gobierno federal se ha limitado a solicitarle a Ruiz Ortiz que ''reflexione'' su permanencia en el cargo, al tiempo de enviar a la Policía Federal Preventiva (PFP) para ''tutelar la seguridad de la ciudadanía''.

Dejó en claro que el apoyo de la PFP para el restablecimiento del orden, despachar o estar sentado en la casa de gobierno (donde el Ejecutivo local ha aparecido públicamente en dos ocasiones, tras el ingreso de efectivos federales a la capital oaxaqueña), no significa que haya gobernabilidad.

La cita con los reporteros fue en el Salón Revolución de la SG, donde fue servido ­a propósito del tema­ un desayuno oaxaqueño; ahí, el secretario Abascal hizo un amplio balance del ''año, cinco meses y seis días'' como titular de esta dependencia.

Aseveró que en México no hay perseguidos ni presos políticos y que aquí ''todo el mundo puede expresar sus ideas''. Quienes están en la cárcel, dijo, es porque pusieron una bomba, destruyeron propiedad privada, mataron a alguien o se apropiaron de bienes propiedad del Estado.

Sobre el conflicto pendiente en Oaxaca también se mostró optimista al asegurar que, hasta ayer, se habían restablecido clases en 75 por ciento de los planteles en la entidad, luego de que fue ''concluido'', aseguró, el conflicto con el magisterio oaxaqueño y, de manera paulatina, se normaliza la actividad.

El subsecretario de Gobierno de la SG, Arturo Chávez, fue más allá. Dijo que en su reciente visita a Oaxaca (el sábado pasado) pudo comprobar que por las noches hay muchísimo movimiento de jóvenes en las discotecas y, el domingo, en el centro de la capital.

Abascal Carranza dio por concluido el tramo de negociación con el magisterio e inclusive invitó a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) a que adopte métodos de lucha político-democrática.

Como lo admitió el presidente Vicente Fox Quesada la semana pasada, el secretario de Gobernación dijo que el conflicto de Oaxaca no quedará solucionado al término del presente gobierno.

''Esta administración va a avanzar todo lo que sea posible para restablecer la normalidad en el estado de Oaxaca (...) Nosotros en ningún momento hemos actuado bajo la premisa de diferir el problema a la siguiente administración'', señaló.

Por lo pronto, no quiso emitir una fecha o plazo para el retiro de la PFP de la capital oaxaqueña, porque con ello ­dijo­ caeríamos en maniqueísmos respecto de si es buena o mala o si, con el operativo federal, se apoya o no al gobernador Ruiz. El objetivo, insistió Abascal, es tutelar la seguridad de los ciudadanos.

 
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